Sábado 21/10/2017. Actualizado 21:31h

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El ‘temido’ inspector Domínguez detecta irregularidades en los contratos de La fábrica de la tele. A la productora de ‘Sálvame’ y ‘La noria’ le costará 700.000 euros normalizar su situación

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Le llaman "el talibán" en el sector. Se trata del inspector José Ignacio Domínguez, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su visita a productoras y cadenas de televisión ha provocado escenas de tensión y cuantiosas sanciones a algunas de ellas.

Una de las factorías que visitó en su día el inspector Domínguez fue La fábrica de la tele. Su objetivo era conocer que todos los contratados se encontraban dentro de la ley. Revisó, por tanto, uno por uno todos los acuerdos contractuales con los colaboradores de ‘Sálvame’, ‘Sálvame deluxe’ o ‘La Noria’.

Tras recabar toda la información, Domínguez ya ha emitido un informe con las conclusiones de su investigación. Según ha podido saber El Confidencial Digital, a la productora le costará alrededor de 700.000 euros normalizar su situación.

El problema que descubrió el inspector es que algunos colaboradores de los diferentes formatos de la productora estaban facturando con la empresa a través de una sociedad mercantil creada ‘ad hoc’. La legislación vigente exige, sin embargo, que todos los trabajadores facturen a través de un contrato laboral. Es decir, todos los colaboradores deben estar en plantilla.

ECD se ha puesto en contacto con La Fábrica de la tele para recoger más detalles sobre la investigación del inspector Domínguez. Un portavoz confirma que la productora se ha sometido a un “proceso de regularización”, al igual que todas las compañías audiovisuales. Dicho proceso, añade, “finalizó en enero”.

Respecto a la cifra de 700.000 euros que le constará a La fábrica de la tele para adecuar su situación, la productora prefiere no hacer declaraciones.

Hay que recordar que la inspección de José Ignacio Domínguez no solo ha afectado a productoras. Tal y como contó ECD, varias estrellas de Telecinco también han tenido que cambiar su relación contractual con la cadena. Es el caso de Belén Esteban o de Jordi González.

Incluso, en Telecinco hubo un día de auténtica tensión y de carreras. Ocurrió durante la jornada en la que el inspector visitó las instalaciones de Fuencarral. Hubo orden de la dirección de que ningún colaborador que no tenga contrato laboral se sentará en el plató.

¿Quién es el inspector Domínguez?

José Ignacio Domínguez es un inspector que ha revisado con lupa todas las productoras audiovisuales con sede en Madrid en el último año y medio. Ninguna se ha librado. Su objetivo es vigilar estrechamente estos tres puntos:

a) El contrato por obra, utilizado habitualmente para emplear a profesionales sólo durante el tiempo que dura el formato de ficción o entretenimiento encargado.

b) La incorporación de autónomos a esos proyectos.

c) La subcontratación: la inspección advierte que puede ser una ‘cesión ilegal de trabajadores’ contratar a personal de terceras empresas como especialistas de figuración, eléctricos, mantenimiento…

Antes de trabajar en las auditorias de las productoras audiovisuales, Domínguez se encargó del caso que afectó a los grandes despachos de abogados de nuestro país. En el año 2005, el inspector decidió actuar contra los principales bufetes a raíz de una demanda presentada por un letrado que alertó sobre los llamados ‘falsos autónomos’, es decir, trabajadores que figuraban por cuenta propia pese a desempeñar una tarea para un único empleador.

Tras constatar que se trataba de una práctica extendida en el sector, Domínguez levantó actas de infracción por valor de varios millones de euros. Algunos decidieron hacer los deberes, como la firma Cremades & Calvo-Sotelo que regularizó la situación de sus 60 abogados.

Amparado en una sentencia del Tribunal Supremo, la inspección de Trabajo decidió exigir a los bufetes las cuotas que no habían pagado a la Seguridad Social en los últimos cuatro años. El monto total de esa deuda ascendía a unos 24 millones de euros.

Cuando la Inspección inició procedimientos liquidadores contra varios despachos, el lobby de los letrados pasó a la acción. Con gran eficacia, por cierto: el PSOE promovió un cambio legislativo, a través de una enmienda a un proyecto de ley sobre otra cuestión que supuso, de hecho, una amnistía. Los abogados pasaron a ser considerados, eso sí, ‘trabajadores especiales’.

José Ignacio Domínguez también ha trabajado en otras categorías profesionales: ha abordado el caso de los dentistas contratados por las grandes clínicas, los médicos, el colectivo contratado por los estudios de arquitectos…

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