Dani Alves: absolución judicial, condena política
El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviendo a Dani Alves de la acusación de agresión sexual ha generado una ola de reacciones en el panorama político. Destaca la postura del PSOE y sus socios de gobierno, quienes han manifestado su desacuerdo con la decisión judicial, priorizando una vez más su agenda política sobre el respeto a las decisiones de los magistrados.
Las declaraciones de figuras como María Jesús Montero, quien calificó la sentencia de “vergüenza”, y Ana Redondo, que subrayó la importancia de creer en la palabra de las mujeres (¿frente a la de los hombres?) evidencian un enfoque que coloca la ideología por encima del respeto a las resoluciones judiciales. Este tipo de reacciones no solo cuestionan la presunción de inocencia, sino que desafían la legitimidad de un fallo judicial basado en pruebas (o en la ausencia de ellas, como es el caso).
Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se sumó a esa narrativa, advirtiendo que “el asunto aún no ha terminado” y que “hay que escuchar siempre la voz de la mujer”, insinuando que el criterio del tribunal no es suficiente. Un posicionamiento especialmente cuestionable cuando el tribunal que absolvió a Alves estaba compuesto por tres mujeres y un hombre, todas con amplia trayectoria en causas relacionadas con la violencia de género e igualdad, incluyendo a destacadas magistradas progresistas.
La sentencia ha puesto además en evidencia la inconsistencia de la ley del “solo sí es sí”. No sólo porque la absolución revela que la famosa reforma no cambió en absoluto la forma en que los jueces valoran el consentimiento, sino porque ha demostrado, una vez más, que aquella ley fue un desastre jurídico. Irene Montero, lejos de hacer autocrítica, ha vuelto a hablar de “justicia patriarcal”, atacando a un tribunal -progresista- que simplemente concluyó que no había pruebas suficientes para condenar.
Este caso no es aislado. Llega tras el bochorno legislativo que supuso ver cómo más de 1.200 agresores sexuales vieron rebajadas sus penas —y más de 120 fueron excarcelados— gracias a una ley supuestamente pensada para proteger a las víctimas. De hecho, la condena original a Alves ya se había beneficiado de esa rebaja legal, reduciendo la pena de al menos seis años a cuatro años y medio. Ahora, directamente ha sido absuelto.
En este contexto, resulta alarmante que quienes ostentan el poder sean los primeros en deslegitimar las resoluciones judiciales cuando no se ajustan a su voluntad. Esta actitud no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también pone en peligro los principios fundamentales del Estado de Derecho. Es crucial que la independencia judicial se mantenga como un pilar inquebrantable de nuestra democracia, por encima del ruido, de la ideología y los radicalismos. Aunque en este caso, lamentablemente, el enemigo lo tengamos dentro de las propias instituciones.
