En pleno invierno demográfico el Estado señor de la vida y la muerte
El antiguo criterio de que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento puede transformarse hoy en el emblema de otra vieja regla de derecho: summum ius, summa iniuria. Sólo parecen nadar a favor de la corriente de la propia impunidad los políticos, responsables de tantos desaguisados. Porque son ya demasiadas las cámaras legislativas o jurisdiccionales que pueden intervenir en asuntos antes reservados al ejercicio de la libertad social.
Quizá el colmo es la resistencia a rectificar, o simplemente reconocer posibles errores, cuando afirman algo así como “si tienen pruebas, acudan a los tribunales”. Como si no se produjeran hechos ciertos y notorios para los que el recurso a la administración de justicia es pura dilación: pues ya se han encargado de no facilitar humana ni jurídica ni económicamente los medios para evitar la desesperante lentitud de los procesos.
En la actualidad, se sigue una causa penal contra un intensivista de Besançon sospechoso de haber envenenado a siete pacientes. Según la fiscalía, no existen dudas acerca del carácter intencional de los hechos sucedidos entre 2008 y 2017. Dos de los enfermos fallecieron en la clínica San Vicente, donde prestaba sus servicios el facultativo imputado. Aunque sus compañeros no se sienten solidarios con él, muchos lo consideran "un buen anestesista" y un "profesional reconocido". Les parece inconcebible que una persona de esas condiciones haya podido actuar así en el quirófano durante años.
Pero la dirección del centro acudió a los tribunales tras producirse "incidentes inexplicados" en dos operaciones de enero de 2017. La Policlínica del Franco-Condado, donde el médico trabajó transitoriamente en 2009, añade tres paradas cardíacas "recuperadas". En la actual, dos pacientes perdieron la vida en circunstancias similares en 2008 y 2016, que dieron lugar a procesos judiciales por "homicidio involuntario". El acusado está de momento libre, bajo fianza, pero con prohibición del ejercicio de la medicina.
Este proceso no tiene que ver con las leyes vigentes en Francia sobre el fin de la vida, como tampoco lo fue el incoado contra un médico madrileño hace años, luego absuelto. Sí están relacionadas otras causas que han alcanzado notoriedad en el país vecino. Así, el caso de Vincent Lambert, que llegó incluso al Tribunal europeo de derechos humanos, pero –salvo error informativo mío- sigue abierto, pues han surgido nuevos interrogantes en la aplicación de las decisiones judiciales. Se trata de un paciente en coma tras sufrir un grave accidente de tráfico en 2008. El Consejo de Estado –máxima instancia jurisdiccional administrativa- admitió en su día la cesación de la alimentación e hidratación artificial, que provocaría lógicamente la muerte. Esta práctica se admite hoy en la nueva ley con requisitos expresos. Figura también en el proyecto sobre fine vita debatido en Italia.
Otro caso: acaba de llegar al Consejo de Estado francés el problema de Marwa, una niña de quince meses con lesiones neurológicas graves e irreversibles, víctima de un enterovirus de inusitada agresividad. La unidad de cuidados intensivos pediátricos de un hospital de Marsella decidió, contra la voluntad de los padres, interrumpir la ventilación mecánica y la alimentación artificial. Acudieron a los jueces, y ahora el Consejo de Estado ha decretado el mantenimiento de esa atención, por entender que no se cumplen las condiciones previstas en la ley Claeys-Leonetti.
De modo semejante, en el Reino Unido hubo en 2012 cientos de denuncias por parte de personas, cuyos padres habían muerto sin su conocimiento, por la aplicación de una sedación terminal unida a la suspensión de nutrición e hidratación, considerados tratamientos que pueden originar el llamado encarnizamiento terapéutico. Las reformas legales de 2015 siguen sin evitar los abusos. Ahora está pendiente del Tribunal Supremo otro caso infantil, de siete meses, que sufre una enfermedad semejante a la de Marwa.
Si los padres –o los hijos- aceptan la decisión médica, no se plantearán cuestiones jurídicas. Pero no deja de resultar inquietante la evolución de los ordenamientos, que acaban concediendo al Estado la decisión administrativa sobre la vida o la muerte de sus ciudadanos, aun sometida a un control jurisdiccional. Suscita mucha perplejidad, más aun cuando los poderes públicos no adoptan medidas suficientemente eficaces en materias de política familiar o demografía.
