Sábado 21/10/2017. Actualizado 14:32h

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Política

El plan no se activará hasta después del 1-O

Suspender el Parlament, el siguiente paso del Gobierno tras detener a Puigdemont

Moncloa contempla esta medida, que no requiere la aplicación del artículo 155, para evitar un Pleno extraordinario de la Cámara que apruebe una declaración de independencia

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El Gobierno da por hecho que Carles Puigdemont saldrá este domingo al balcón del Palau de la Generalitat para anunciar que, debido a las protestas provocadas por el “bloqueo del Estado español”, convoca al Parlament a un pleno extraordinario para declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña.

Carles Puigdemont, en la bancada del Govern en el Parlament de Cataluña. Carles Puigdemont, en la bancada del Govern en el Parlament de Cataluña.

En ese momento, cuenta con que el president ceda a la Cámara la responsabilidad de aprobar una Declaración Unilateral de Independencia. Una maniobra que pretende legitimar una decisión adoptada por “los representantes electos del pueblo catalán”.

Este plan, de confirmarse el 1 de octubre, acabaría con Carles Puigdemont en la cárcel, advierten en Moncloa: “A la Fiscalía no le quedará otra que ordenar su detención inmediata para evitar, entre otras cosas, que se produzca esa reunión de la Cámara”.

Impedir la celebración del Pleno

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes que ultima estos días el Consejo de Ministros, ese escenario ha provocado que el Gobierno vuelva a plantearse, una vez más, la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por el momento, Moncloa apuesta por una solución intermedia y menos drástica: suspender las funciones del Parlament, y no la autonomía catalana en su conjunto, para impedir el despliegue de cualquier ley rupturista.

Un escenario que la Generalitat también tiene contemplado. Por ello, ha creado una “Asamblea de cargos electos” que sustituya al parlamento autonómico si éste es intervenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad: “Lo tienen todo planeado y después de la detención de Puigdemont hay que evitar que el Parlament declare la independencia”.

Esta suspensión impediría el establecimiento de una doble legalidad. Sería entonces cuando entraría en vigor la Ley de Transitoriedad Jurídica, que supone una derogación 'de facto' del conjunto del marco legal español en el territorio de Cataluña.

De esa forma, añaden, “se evitaría también pasar al arresto de los miembros de la Mesa del Parlament”.

Sánchez y Rivera están informados

Fuentes del Gobierno consultadas por ECD reconocen que clausurar por tiempo indefinido un parlamento autonómico es una medida de máxima dureza y que el principal riesgo es que el PSOE pueda descolgarse del frente constitucionalista en Cataluña por esta decisión.

Esta iniciativa ya ha sido planteada por Mariano Rajoy a los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ambos están de acuerdo con Rajoy en que la suspensión de la autonomía sea la última opción para acabar con la desobediencia. Por ese motivo, apoyan una medida contundente pero proporcionada, como sería el bloqueo del Parlament.

Desde el propio Parlament confirman que la medida que ahora se estudia en Presidencia del Gobierno ya ha sido debatida por los tres partidos constitucionalistas en otras ocasiones. En esos momentos, PSC y Ciudadanos estaban de acuerdo en suspender la Cámara para frenar el desafío soberanista.

Se activaría siempre después del 1-O

En el equipo del presidente aseguran que Rajoy es partidario de aplicar esta medida, en todo caso, después de que Puigdemont haya dado el paso de declarar la independencia de Cataluña.

Considera que esta medida debe ser proporcional y en respuesta a una provocación previa. Se entendería como el final de un proceso en el que ha sido imposible cualquier otra fórmula para defender la legalidad vigente.

Da la posibilidad de convocar elecciones

La suspensión del Parlament implica que la Cámara pueda ser disuelta por el Estado en cualquier momento, lo que supondría nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Unos comicios que serían controlados, en todo momento, por la Junta Electoral Central para evitar que la Generalitat favorezca a unos partidos respecto a otros.

Sobre la idoneidad de esos comicios, las fuentes del Ejecutivo consultadas por ECD también el riesgo de que se movilice entonces el voto independentista.

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