Domingo 19/11/2017. Actualizado 11:46h

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Política

La enmienda se presentó la semana pasada

Los terroristas con delitos de sangre serán vigilados de 5 a 10 años tras salir de la cárcel

El PP ha introducido ese cambio en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso

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El Gobierno quiere aprovechar la reforma del Código Penal para poner el cerco en los terroristas que obtienen la libertad condicional. Para ello, el PP acaba de incluir, en el texto legislativo, una enmienda que defiende la vigilancia de estos presos durante un periodo de tiempo que puede llegar a los 10 años, en casos de delitos de sangre.

Reunión de los etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot. Reunión de los etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot.

Según confirman a El Confidencial Digital fuentes de la Comisión de Interior del Congreso, las enmiendas del PP fueron presentadas a finales de la semana pasada, y se aprobarán gracias a la mayoría popular en la Cámara.

El Gobierno, por tanto, conseguirá incluir una enmienda de adición, que supondrá un nuevo artículo 579 de la actual Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. En el texto propuesto por el PP, se especifica un aserie de controles para los terroristas una vez estos salgan de prisión. Son los siguientes:

--A los condenados a pena grave privativa de libertad se les impondrá una libertad vigilada de cinco a diez años. Este supuesto es para aquellos terroristas con delitos de sangre.

--Si la pena privativa fuera menos grave, la libertad vigilada sería de uno a cinco años.

--Por último, cuando se trate de un solo delito que no sea grave cometido por un delincuente promario, el Tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

No se podrán dedicar a la docencia

En la misma enmienda de adición presentada por el Partido Popular, se incluye, en un primer apartado, la orden de inhabilitar a terroristas en todo lo que tenga que ver con la docencia.

En concreto, y según el texto al que ha tenido acceso ECD, se estipula que los responsables de delitos de terrorismo serán castigados con las penas de “inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre”, durante un periodo de entre seis y veinte años de duración.

Según las fuentes del Gobierno consultadas, esta medida se hace para impedir que ex etarras, o dirigentes del entorno abertzale, puedan dar clases en las ikastolas o talleres organizados por los ayuntamientos. Un fenómeno que, a día de hoy, se está produciendo. De hecho, ya en 2013 la Guardia Civil alertó que, en Navarra, el 26,7% de los profesores de estas escuelas eran proetarras.

Esta medida se lleva negociando con UPN desde principios de año, tal y como adelantó El Confidencial Autonómico.

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