Judicial

El juez de ‘Kitchen’ pedirá a las operadoras que confirmen el número de Rajoy para decidir sobre su imputación

La decisión de investigar al ex presidente del Gobierno dependerá de la información que extraiga la Policía procedente del teléfono que ha dado Villarejo

Mariano Rajoy en el Congreso Nacional del PP.
photo_camera Mariano Rajoy en el Congreso Nacional del PP.

El juez del caso 'Kitchen’ tiene calculados los siguientes pasos antes de concluir la pieza número 7 de la macrocausa que investiga todas las operaciones del comisario José Manuel Villarejo. El policía jubilado ha entregado un número de teléfono con el que supuestamente se comunicaba con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Del recorrido al que lleve este teléfono dependerá la citación o no del que fuera líder del Ejecutivo, según confirman fuentes del caso. 

Los investigadores del operativo conocido como ‘Kitchen’ -montado para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información sensible sobre el partido- distinguen entre dos patas diferenciadas. Por un lado, la que lideraba el Ministerio del Interior y, por el otro, la que se llevaba desde el partido con sede en Génova. 

La rama que parte de Interior se lleva investigando más tiempo y, según estas fuentes, está “más amarrada” judicialmente. Esto incluye a todos los comisarios y policías que están imputados empezando por el exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el propio Villarejo; y termina por los puestos políticos como el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que fue el primero en estar investigado, y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Todos ellos conocían o participaron de forma indiciaria en la operación pagada con fondos reservados. 

Algunas fuentes consideran incomprensible cómo el que fuera Director General de la Policía Ignacio Cosidó, un puesto intermedio entre el Ministerio y la estructura policial, es el único al que el juez Manuel García-Castellón no ha llamado a declarar. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el comisario García Castaño señaló directamente a Cosidó como conocedor del operativo que supuestamente sustrajo a Bárcenas grabaciones y documentos sobre la ‘Caja B’ del PP. Pero lo cierto es que el exdirector de la Policía no se encuentra entre la lista ni de los investigados ni de los testigos por el momento. 

La otra vertiente de la ‘Kitchen’, la que tiene que ver con la formación política, es la que todavía está “más verde”. En esta línea de investigación se encuadraría la recién imputada María Dolores de Cospedal, así como su marido Ignacio López del Hierro que negaron la semana pasada al juez encargo alguno a Villarejo para espiar a Bárcenas. 

La pata relativa al PP 

De hecho este fue uno de los empeños del relato de Cospedal en sede judicial, según fuentes presentes en su declaración: tratar de desvincular al PP de cualquier acción. No es casualidad, por lo tanto, que la expolítica haya contratado como defensa precisamente al abogado que lleva al partido en el juicio por la ‘Gürtel’. “El PP interés en eso no podía tener ninguno, ¿para qué?”, advirtió Cospedal. 

Juez: En definitiva, que niega usted cualquier tipo de relación con el Ministerio del Interior 

Cospedal: Absolutamente 

Juez: ¿Ningún tipo de relación?

Cospedal: Ningún tipo de relación 

Juez: Eso quería oír 

Cospedal no coincidió con la versión del que fue su jefe de gabinete José Luis Ortiz, también imputado, sobre cuántas veces se reunió con Villarejo en la sede de Génova, a la que el comisario entraba por el garaje para que no quedara registro. Cuatro dijo ella y un café fuera. Ocho o diez, según él. 

El comisario, por su parte, que declaró nuevamente este martes niega que le pagaran por este trabajo, pero asegura que el espionaje a Bárcenas existió tanto fuera como dentro de la cárcel de Soto del Real. Y, aunque sin reuniones, asegura que también informaba directamente al presidente del Gobierno sobre este tema porque éste no se fiaba del ministro Fernández Díaz. 

El camino hacia Rajoy 

La única evidencia que puede acabar con Mariano Rajoy enfrente del juez es un teléfono móvil. En concreto, el número que Villarejo ha entregado a García Castellón y con el que dice que se enviaba mensajes puntuales para informarle sobre “cómo iba esto y cómo iba lo otro”. 

El comisario había ocultado esta información al juez en anteriores declaraciones y fue en su comparecencia en el Congreso de los Diputados por la Comisión ‘Kitchen’ la primera vez que habló sobre este supuesto teléfono con el que informaba directamente a Rajoy. El magistrado lo citó entonces para que corroborara esta versión en sede judicial y el policía lo hizo y entregó el número. 

Ahora los investigadores tendrán que cotejar a quién pertenecía este teléfono y, en su caso, el tráfico de llamadas entre ambos terminales para determinar si existían comunicaciones y en qué fechas. Solo con un indicio así de “sólido” el juez podría llamar a declarar al expresidente del Gobierno. Fuentes policiales indican que esto se hace a través de un requerimiento a las telefónicas, pero que es complicado que estas conserven los datos en los que se enmarca la operación entre 2013 y 2015. 

Los pasos hacia el final de ‘Kitchen’ 

Además de este informe sobre los teléfonos que tendrá que elaborar la Unidad de Asuntos Internos encargada de las pesquisas de este caso, al juez le quedan algunos flecos por cerrar. En las agendas personales incautadas a Villarejo aparecen múltiples anotaciones con referencia a Francisco Martínez (“Chisco”), incluso antes de que este fuera secretario de Estado de Seguridad. 

El instructor quiere indagar más en esta relación y le ha citado a declarar el próximo 12 de julio. Dos días más tarde irá un perito de parte del exministro Fernández Díaz que elaboró un informe en el que afirma que los mensajes que implican al máximo responsable de Interior están manipulados. 

García Castellón no quiere alargar esta instrucción mucho más, según fuentes cercanas, y espera solventarla poco después del verano. De hecho, a finales de julio preguntó a las partes si querían prolongar más la investigación cuyo plazo legal termina el 29 de julio. Parece que este límite sí se va a ampliar porque varios letrados de las defensas así lo han solicitado. 

Imágenes de la zona de la erupción en La Palma tomadas por la Guardia Civil

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