Veintiún fiscales del Supremo exigen acciones legales contra los ataques de Junts

Han enviado una carta a Álvaro García Ortiz en la que le instan a que adopte medidas “sin más dilación” para preservar la independencia de los tribunales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Miriam Nogueras, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.
Miriam Nogueras, en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

Veintiún fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte “sin más dilación” las “medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales” de los “ataques” a jueces propinados por Junts.

En una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes han expresado su “más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas” la semana pasada por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, contra varios magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.

A su juicio, dichas acusaciones “no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática”.

En este sentido, los fiscales han recordado que la propia Constitución establece expresamente que “el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

Así las cosas, han insistido en que dicho mandato constitucional y el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal les “obliga” a solicitar al fiscal general del Estado que actué “sin más dilación” en “cumplimiento de los deberes constitucionales”.

Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Miriam Nogueras.
Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Miriam Nogueras.

 

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