Una asociación de las Fuerzas Armadas ofrece sus abogados a las familias de los militares fallecidos
La UMT también ha decidido personarse como acusación particular si se abre un procedimiento penal en la jurisdicción ordinaria
La muerte de dos militares -hay al menos otro más hospitalizado- de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X del Ejército de Tierra durante un ejercicio en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, ha provocado una reacción de indignación y repulsa interna entre miembros de las Fuerzas Armadas poco habitual.
Asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), han pedido explicaciones sobre este suceso al Ministerio de Defensa, que se depuren responsabilidades, y que se revisen los protocolos de seguridad para que en la medida de lo posible no se repitan tragedias así.
Otra asociación, la Unión de Militares de Tropa (UMT), ha decidido actuar también a nivel judicial.
Por un lado, ha ofrecido a las familias de los fallecidos asesoramiento jurídico gratuito del despacho de abogados sevillano Cumplido & Moreno Asociados, especializado en Derecho Militar y con el que trabaja esta misma asociación.
Además, la junta directiva de la Unión de Militar de Tropa ha decidido por unanimidad que, si es posible, se personarán como acusación popular en la investigación judicial, “con el fin de salvaguardar, en lo posible, los derechos de los familiares de nuestros compañeros fallecidos, y depurar, en su caso, cualquier posible responsabilidad de los mandos responsables del adecuado desarrollo de la maniobra”.
En principio, la legislación vigente no permite que se persone acusación popular en un procedimiento penal de la jurisdicción militar.
Por competencia territorial, las muertes de estos dos militares cruzando un lago en la provincia de Córdoba corresponde investigarlo al Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla.
Pero en la Unión de Militares de Tropa contemplan la posibilidad de que, si las familias de los fallecidos deciden emprender acciones legales, el caso pueda acabar en la jurisdicción penal ordinaria, y no militar. En ese caso, se les podrían abrir las puertas para que la asociación se persone como acusación popular.
