Defensa, obligada a desvelar qué hizo con los militares que rifaron una prostituta
El Estado Mayor del Ejército se ha negado a explicar si ha expulsado o ha cambiado de unidad a los responsables del sorteo en las fiestas por la patrona de la Infantería en El Bruc
- ¿Fueron expulsados, trasladados...?
- “No procede dar más información”
- Reclamación ante el Consejo de Transparencia
- Defensa no respondió
- Denegación total, no
- El número sí, el rango no
- No perjudica la investigación
La imagen del Ejército de Tierra se vio golpeada en diciembre de 2022, cuando el diario Ara reveló mensajes de un chat entre militares destinados en el acuartelamiento de El Bruc, en Barcelona, en el que se promocionó una rifa con la que recaudar fondos para las fiestas de la patrona de la Infantería, la Inmaculada Concepción.
Según una imagen difundida, supuestamente el premio de esa rifa o sorteo era una noche con una prostituta.
La publicación de la noticia en el diario Ara provocó una fuerte polémica, en la que Margarita Robles intervino de manera directa. Declaró que se iba a abrir una investigación para expulsar del Ejército de Tierra a los responsables de esta rifa. Además, el Ejército de Tierra denunció los hechos ante la Fiscalía, por si pudieran ser constitutivos de delito y tuvieran que sea investigados por la justicia ordinaria.
En línea con la posición del fiscal, una juez de instrucción de Barcelona archivó la denuncia. En el procedimiento se identificó a un sargento y a un cabo, pero se concluyó que no se había producido ningún delito, entre otros motivos, porque no constaba que en realidad se hubieran llegado a solicitar los servicios de ninguna prostituta.
¿Fueron expulsados, trasladados...?
Confidencial Digital ha comprobado que esta polémica provocó que en enero un particular registrara ante el Ministerio de Defensa una solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley de Transparencia.
El solicitante pidió saber “cuántos militares (servidores públicos) se identificaron como responsables del sorteo y los comentarios vejatorios”. Requirió también conocer “qué rango ocupaban estos militares” (se puede referir a la escala a la que pertenecían y empleo que ostentaban).
Además, preguntó “qué medidas se han adoptado respecto a ellos”: “¿Han sido expulsados del Ejército?”, o “si han sido trasladados a otra unidad, ¿dónde han sido trasladados?”.
Por último, pidió saber “qué se les atribuye”.
“No procede dar más información”
El Ministerio de Defensa respondió en un mes, el 9 de febrero. En la resolución se indicaba que “una vez analizada la solicitud (…), el Estado Mayor del Ejército considera que procede denegar el acceso a la información solicitada”.
Explicó el Estado Mayor del Ejército, el órgano responsable de responder en este caso, que “en relación con los hechos objeto de la solicitud de información se señala que cuando el Ejército de Tierra tuvo conocimiento, decidió enviarlo a la Fiscalía”.
Por eso, “dado que el asunto está judicializado”, se acogió a que el artículo 14.1. e) de la Ley de Transparencia establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.
En base a ese precepto legal, concluyó que “no procede dar más información que la señalada”.
Eso sí, añadió que “sí que se desea señalar que estos hechos denunciados no responden ni representan los valores de las Fuerzas Armadas en general, ni del Ejército de Tierra en particular”.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia
El solicitante decidió recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para intentar que este organismo forzara a Defensa a darle una respuesta con la información que había pedido.
Argumentó que su solicitud requería información de relevancia pública, “porque se trata de funcionarios públicos y el tema tuvo interés general”.
Además, señaló que “las preguntas que se enviaron al Ministerio de Defensa no entorpecen una posible investigación judicial: los datos que se piden son totalmente anónimos. Queremos comprobar si la institución actuó tal como anunció la propia ministra. Han pasado ya prácticamente dos meses y medio y el silencio no puede servir como respuesta a las preguntas que se hace la sociedad española”.
Defensa no respondió
Como se hace en estos procedimientos, el Consejo de Transparencia trasladó la reclamación al Ministerio de Defensa y le invitó a que hiciera sus alegaciones frente a esa reclamación.
“A fecha de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación”, lamentó Transparencia, que se detuvo en denunciar la falta de respuesta del departamento que dirige Margarita Robles:
-- “Es necesario subrayar que el Ministerio reclamado no ha contestado al requerimiento de este Consejo de envío del expediente ni ha presentado las alegaciones solicitadas. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no proporcionarle su parecer sobre los argumentos en los que se sustenta la reclamación, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada”.
Denegación total, no
En su resolución, el Consejo de Transparencia explicó que “en este caso, se desconoce el estado en que se encuentra la actuación de la Fiscalía aunque el propio solicitante (para rebatir el término judicializado que utiliza el Ministerio) señala que «el tema sigue pendiente del escrito de Fiscalía y la magistrada procederá a admitirlo a trámite o archivarlo cuando reciba el escrito»”.
En este caso, “podría entenderse aplicable el límite al encontrarse en tramitación la práctica de las diligencias que determinarán o no la incoación de un procedimiento penal”.
Pero a renglón seguido puntualizó que “no obstante, atendiendo al bien jurídico protegido por el límite y al concreto contenido de la solicitud de información, así como a la necesaria aplicación proporcionada de los límites que exige el artículo 14.2 de la Ley de Transparencia, considera este Consejo que el límite invocado no permite una denegación total del acceso”, sino que se puede facilitar un acceso parcial a la información solicitada.
El número sí, el rango no
Del análisis del caso de los militares de El Bruc y de la solicitud de este particular, el Consejo de Transparencia entendió que “el conocimiento del mero dato numérico de los militares implicados en los hechos no permite su identificación y puede ser facilitado sin que ello implique la obstrucción de las tareas de investigación”.
Distinto es el “rango”, el empleo de los militares investigados: “Dado que todos ellos prestan o prestaban sus servicios en un determinado cuartel de Barcelona, la combinación de estos datos con otras informaciones podría llevar a su identificación y ello sí podría causar un perjuicio al buen fin de las diligencias en los términos antes expuestos”.
Así que “en este caso, se entiende admisible el límite invocado” por el Ejército de Tierra para denegar la información.
Hay que recordar que en noticias ya se contó que los investigados eran dos, un sargento y un cabo.
No perjudica la investigación
Transparencia refirió asimismo que “por lo que concierne a la información referida a las medidas adoptadas —en particular si han sido expulsados del Ejército o trasladados— ha de entenderse lógicamente referida a las medidas de carácter administrativo, no a las de naturaleza penal porque, al menos en el momento de presentarse la solicitud de información, no se han podido adoptar”. Hay que recordar que la respuesta llegó antes de archivarse la investigación judicial.
Así entendido, concluyó que “la revelación de las medidas adoptadas (de forma cautelar o definitiva) no influye ni causa perjuicio alguno en la investigación judicial en curso”.
Sobre “qué se les atribuye”, en esas fechas se desconocía el escrito de calificación por parte del Ministerio Fiscal al órgano judicial, y además sí que estaban protegidas las actuaciones judiciales de investigación.
En definitiva, el Consejo de Transparencia determinó que “procede la estimación parcial de esta reclamación a fin de que se facilite al reclamante el número de militares implicados en los hechos, así como aquellas medidas que se hayan adoptado con carácter cautelar o definitivo en relación con los mismos con independencia de la investigación del eventual ilícito penal”.
Así que instó al Ministerio de Defensa a facilitar en diez días al solicitante las respuestas a varias de sus preguntas: “Cuántos militares (servidores públicos) se identificaron como responsables” de la rifa, “qué medidas se han adoptado respecto a ellos”, si “han sido expulsados del Ejército” y, en caso de que hayan sido trasladados a otra unidad, “dónde han sido trasladados”.
