Suspendido el nuevo contrato de traductores de ucraniano para las Fuerzas Armadas
La empresa que gestionaba hasta ahora este servicio ha presentado un recurso contra la adjudicación a favor de otra compañía aprobada por el Ejército de Tierra
- “El expediente queda suspendido”
- Tribunal de Recursos Contractuales
- Cuatro empresas interesadas
- Oferta inferior en más del 2% al presupuesto base
- Solvencia técnica y financiera
El Ejército de Tierra adjudicó el pasado el 13 de diciembre una licitación de “Acuerdo marco para la prestación de los servicios de interpretación y traducción de español a ucraniano y viceversa en apoyo a la Operación EUMAM-UA”.
Se trata de un contrato para disponer de traductores en aquellas instalaciones de las Fuerzas Armadas españolas en las que se están entrenando, adiestrando o curando militares ucranianos, que no saben hablar español.
El diario ABC adelantó este lunes 15 de enero que la empresa a la que se había adjudicado el contrato, Oncall Europa Sociedad Limitada, es distinta de la que hasta ahora asumía el mismo servicio de traductores de ucraniano para las Fuerzas Armadas por contratos anteriores, Ofilingua.
La plataforma de Contratación del Estado ha publicado la adjudicación del contrato, pero no la formalización. Y es que, según ha podido confirmar Confidencial Digital, el proceso ha sido suspendido.
“El expediente queda suspendido”
La Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, que es el órgano de contratación que buscaba traductores ucraniano-español, remitió hace unos días un aviso a todas las empresas que habían presentado oferta en esta licitación.
Les informó de que “el expediente queda suspendido”, tras haberse recibido “recurso contra la adjudicación del expediente”.
Toma esta decisión “en base al artículo 53” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ese artículo hace referencia a los efectos derivados de la interposición de un recurso especial en materia de contratación.
Tribunal de Recursos Contractuales
La ley contempla que las partes implicadas en licitaciones públicas pueden recurrir las decisiones de los órganos de contratación de las administraciones públicas, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias pero adscrito al Ministerio de Hacienda.
El artículo 53 de la ley establece que “una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3”.
Cuatro empresas interesadas
En esta licitación, la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra había aprobado la adjudicación el 13 de diciembre, y había dado un plazo para presentar recursos hasta el 8 de enero.
Días antes de acabar el plazo, el 5 de enero, la empresa Ofilingua presentó un recurso para impugnar la adjudicación a Oncall.
La Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra había recibido cuatro ofertas, de otras tantas empresas interesadas en recibir el encargo de proporcionar traductores para facilitar la comunicación entre los militares españoles y los ucranianos.
El Toledo Training Coordination Center, dependiente del Estado Mayor de la Defensa y que se encarga de dirigir el entrenamiento a militares ucranianos, y la mesa de contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra valoraron las cuatro ofertas en base a distintos criterios.
En primer lugar colocaron a Oncall Europa S.L.; la segunda fue Eulen, empresa de seguridad y de servicios; en tercer lugar quedó Ofilingua; y en cuarto lugar, Verbis Traducciones SL.
Ofilingua entendió que no se había cumplido la Ley de Contratos del Sector Público en este procedimiento, y por eso ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que ha paralizado el procedimiento: de hecho, no se ha publicado la formalización del contrato con Oncall.
Oferta inferior en más del 2% al presupuesto base
La mejor oferta económica fue la de Oncall. Pero en el análisis de las ofertas se detectó que la propuesta de Oncall era inferior en más de un 25% al presupuesto base de licitación sin IVA, por lo que el Ejército de Tierra requirió a esta empresa para que justificara adecuadamente su oferta económica.
“Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente: La oferta presentada por la empresa Oncall Europa queda suficientemente justificada”, decidió la mesa de contratación, posteriormente.
Principalmente, Oncall justificó que había acordado con los intérpretes unas condiciones laborales y económicas que le permitían realizar esa oferta.
Hay que tener en cuenta que la oferta económica era el elemento que más valoraba el Ejército de Tierra en esta licitación: se ponderaba con un 80% de la valoración total de las ofertas, mientras que los otros elementos a tener en cuenta eran la ampliación del número de personal (traductores) adscrito al servicio.
Finalmente, la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra adjudicó el contrato a Oncall, por un importe total de 2.574.247,5 sin impuestos, 3.114.839,47 euros con impuestos.
Solvencia técnica y financiera
Ofilingua, con experiencia en realizar tareas de traducción e interpretación para órganos de la Administración General del Estado como la Policía Nacional, argumenta en el recurso que ha paralizado este procedimiento que la empresa Oncall no justificó de forma suficiente la solvencia técnica y financiera que exigía el Ejército de Tierra en este “Acuerdo marco para la prestación de los servicios de interpretación y traducción de español a ucraniano y viceversa en apoyo a la Operación EUMAM-UA”.
Apunta a toda una serie de cuestiones sobre la antigüedad de Oncall, su propietario, sus relaciones con empresas extranjeras, sus estados financieros... para defender que esta empresa no cumplía los requisitos establecidos, y que por eso, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, no se le debería haber adjudicado el contrato.
ECD se puso en contacto con el dueño de Oncall Europa Sociedad Limitada, con sede en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.
El responsable de esta empresa respondió que no pretendía pronunciarse hasta que hubiera una resolución final sobre este proceso de licitación pública.
Pero sí quiso puntualizar que varios de los puntos críticos sobre Oncall reflejadas en el artículo de ABC -se apuntaban la juventud de la empresa, resultados de concursos públicos anteriores, los documentos que justifican su vinculación con el grupo internacional Oncall...- no son ciertos, u omiten información relevante.
Asegura que “el grupo ONCALL lleva prestando servicios lingüísticos desde el año 1984, que se cuando fue establecido en Melbourne, Australia, y está presente en tres continentes. Entre nuestros clientes se encuentran instituciones europeas relacionadas con la seguridad y que forman parte de la Comisión Europa, como Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, las dos agencias encargadas de vigilar las fronteras europeas y asistir en el proceso de solicitudes de asilo y protección internacional respectivamente. Además, nuestra filial inglesa presta sus servicios al Ministerio de Defensa del Reino Unido”.
El recurso de Ofilingua también apunta contra Eulen, que quedó segunda en el proceso. En este caso, argumenta que el objeto social de esa empresa no coincide con el objeto del contrato.
Se espera que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelva este recurso en un plazo de entre dos y seis meses.
