Implicaciones económicas del Estatuto, según el “think tank” de Aznar: repercusión en Cajas de Ahorro, mercado laboral y competitividad en Cataluña

FAES acaba de analizar las repercusiones del Estatuto catalán sobre la economía. La pervivencia del modelo de Cajas de Ahorro o las implicaciones que éste tendrá sobre mercado laboral fueron algunos de los temas abordados. El discurso del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y el del actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, han centrado estos días las informaciones sobre la cuarta sesión del Observatorio Económico de FAES que congregó en el Hotel Meliá Castilla a políticos, periodistas y economistas. Sin embargo, en esa conferencia se trataron muchos otros aspectos de interés. De algunos de ellos damos cuenta a continuación. El modelo de las Cajas de Ahorro fue uno de los aspectos analizados en ese foro organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Según advirtió el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Raga, el Estatuto catalán convierte a la Generalitat en “una deidad” con una gran capacidad de intervención en la gestión de las entidades de ahorro, a las que contempla como si “fueran patrimonio propio, sin hacer mención a su voluntad fundacional”. La Generalitat se otorga, por ejemplo, el poder de decisión sobre el destino de los fondos excedentes y del capital destinado a la obra social de las Cajas de Ahorro. Según señaló Raga, el texto del Estatuto otorga a las autoridades de Cataluña un fuerte poder “intervencionista”, que recuerda al ya lejano principio de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. El catedrático denunció también la “deliberada imprecisión” de algunos términos en los artículos del Estatuto dedicados a las Cajas. Hay que recordar que las implicaciones del Estatuto sobre estas entidades ha sido motivo de preocupación para la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). El organismo, que preside Juan Ramón Quintás, ha llegado a aprobar la creación de una comisión que estudiará y dictaminará las consecuencias de ese texto una vez que éste comience a ser tramitado en las Cortes. El Observatorio económico también abordó otros asuntos, como las implicaciones del Estatuto en el mercado laboral. Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, denunció los grandes costes que generará la “imposición obligatoria del catalán” como lengua de trabajo. Además de la “deslocalización” que esto generará para las empresas catalanas. En ese sentido, el Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Iranzo, señaló que el Estatuto genera “un espacio catalán de relaciones laborales”. Según Velarde la planificación de la actividad económica que se atribuye para sí la Generalitat, recuerda a los modelos de países como Cuba o Corea del Norte, dos países con estructuras económicas de las que “se huye” en el mundo actual. Precisamente, el “mundo actual” se convirtió en un elemento importante en el discurso de muchos de los ponentes. Iranzo comenzó su ponencia explicando que es “sorprendente” estar discutiendo sobre el nacionalismo en pleno siglo XXI. El presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, también aludió en su intervención a la actual “globalización” y a las consecuencias de ésta sobre el aumento de competencias entre las economías de distintas regiones. Una realidad que afecta a España y a Cataluña, que en los últimos tiempos han experimentado una pérdida de “competitividad” que está siendo empleada por los dirigentes catalanes para generar el sentimiento de que ésta se debe a los impuestos que se cobran en Cataluña y se reparten en el resto del país. FAES también contó con la presencia, entre sus ponentes, de personalidades como Francisco Cabrillo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Barea, académico de Ciencias Morales y Políticas y Joaquín Trigo, director ejecutivo de Fomento de Trabajo. Entre los oyentes de la lección magistral, pudimos ver a la cúpula del Partido Popular, pues además de Aznar, que acudió acompañado por su esposa Ana Botella, y Rajoy, el PP estuvo representado por su secretario general, Ángel Acebes; el portavoz del Grupo Popular en el Congreso; Eduardo Zapalana; y su secretario de ejecutivo de Economía y Empleo, Miguel Arias Cañete.