Los accionistas minoritarios de Repsol contactan con abogados de EEUU para reclamar una compensación por YPF: recurrirán al arbitraje del Banco Mundial que protege las inversiones extranjeras

Los accionistas minoritarios de Repsol han contactado con tres prestigiosos despachos de abogados de EEUU (SNR Denton, Tannenbaun, y Holland & Knight) para emprender acciones legales contra el Gobierno de Cristina Kirchner. Exigen una indemnización por la expropiación de YPF y se plantean recurrir al arbitraje de un organismo dependiente del Banco Mundial.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, de fuentes judiciales, estos despachos estadounidenses estudian presentar una reclamación dirigida a la protección a los accionistas en el país, ya que Repsol cuenta en EE.UU con numerosos accionistas minoritarios, así como internacionales.

El recurso de amparo a las inversiones extranjeros está recogida en la Constitución argentina frente a los abusos de las autoridades públicas ante ciudadanos o colectivos.

Según las fuentes consultadas, la reclamación estará dirigida a reponer a Repsol en la posesión de sus acciones, con el pleno ejercicio de los derechos derivados de ello, hasta que el Estado argentino deposite judicialmente una suma razonable como indemnización.

El plan B de los accionistas minoritarios

En caso de que el recurso contra el Gobierno argentino no prospere, los minoritarios de la petrolera española ya han trazado un ‘plan B’. La estrategia a seguir será la del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, que está previsto en los tratados de protección de inversiones entre Argentina-España y Argentina-USA.

La Asociación de Accionistas Minoritarios (AEMEC) llevará su reclamación ante el Tribunal Internacional de Arbitraje en el Ciadi, con sede en central de Washington, por vulneración de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri).

El Ciadi es un organismo muy conocido en Argentina porque el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha recibido numerosas demandas de este tribunal. Algunas de las empresas que recurrieron ante esta instancia son: Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona.

 

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