Las eléctricas protagonizarán un acto llamativo: comunicarán al Gobierno que empiezan a desmontar Almaraz
Iberdrola, Endesa y Naturgy darán a conocer una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que notifican “la declaración de cese definitivo de la unidad I”
Las grandes eléctricas han decidido mover ficha. Iberdrola, Endesa y Naturgy comunicarán en los próximos días al Ministerio para la Transición Ecológica que inician el proceso de desmantelamiento de Almaraz I, el primero de los dos reactores de la central extremeña.
- El detonante: la orden del regulador
- El choque con el Gobierno
- Un calendario en disputa
- Iberdrola ya cuenta con el cierre
- Discrepancias internas
- El debate nuclear regresa
- Los contrarios al cierre
- Un sector en tensión
- Inversiones en juego
El detonante: la orden del regulador
El anuncio, según ha podido saber Confidencial Digital, llegará en forma de carta oficial, en la que las compañías notificarán “la declaración de cese definitivo de la unidad I” y, con ello, se abrirá un nuevo capítulo en el futuro nuclear de España.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el pasado 2 de julio una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que fijaba los plazos y requisitos dirigidos a presentar la documentación necesaria para el cierre de Almaraz.
Este documento, de carácter vinculante, obliga a los titulares de la planta a remitir al Ministerio y al propio CSN la información oficial de explotación y de soporte con una antelación mínima de dos años respecto a la fecha límite de la autorización de funcionamiento.
En la práctica, esto significa que las eléctricas deberán entregar todo el material antes del 1 de noviembre de 2025. La carta que ahora ultiman cumple precisamente con esa exigencia: es el primer paso para que la Administración pueda emitir el informe preceptivo que confirme el cierre.
El choque con el Gobierno
La decisión de notificar el cese definitivo llega tres meses después de que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) rechazara la primera tentativa de prorrogar la vida útil de Almaraz.
El 13 de junio, fuentes del departamento que dirige Sara Aagesen confirmaron a los medios que habían recibido una misiva de Endesa e Iberdrola —sin la firma de Naturgy ni de EDP— en la que proponían retrasar tres años el calendario de cierre.
Aquella carta no pasó de ser, en palabras del ministerio, una “declaración de intenciones”: no se consideró una petición formal y fue descartada por no cumplir las condiciones fijadas por el Ejecutivo.
El Gobierno exigía tres garantías innegociables: que cualquier prórroga no pusiera en riesgo la seguridad ciudadana, que fuera económicamente viable, y que asegurara el suministro eléctrico. Además, el Ejecutivo añadió después una condición más: la unanimidad de todas las propietarias de la central.
Un calendario en disputa
La hoja de ruta oficial para el parque nuclear español se pactó en 2019 entre el Gobierno, las eléctricas y la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). El acuerdo establecía que Almaraz I cerraría en 2027 y que el segundo reactor seguiría el mismo camino un año después, en 2028.
La propuesta de las eléctricas rechazada por el ministerio planteaba mantener la fecha definitiva de cierre en 2030, pero prolongar la actividad de Almaraz tres años más.
Esa prórroga habría reducido los costes de la llamada tasa Enresa, al repartir la carga entre más ejercicios: de 10,3 euros/MWh a 8,5 euros/MWh, según cálculos publicados por Cinco Días.
En 2024, Almaraz I produjo 7.589,78 GWh y Almaraz II otros 8.066,11 GWh, lo que eleva la producción conjunta a más de 15.600 GWh. Una cifra que equivale al consumo anual de millones de hogares españoles.
Iberdrola ya cuenta con el cierre
Más allá de la negociación con el Gobierno, Iberdrola ha asumido en su plan estratégico que perderá los 550 megavatios que le corresponden de los dos grupos de Almaraz.
En su Capital Markets Day en Londres, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán presentó una estrategia que contempla inversiones por valor de 58.000 millones hasta 2028, centradas en el negocio de redes de distribución y transporte.
La empresa deja claro en ese documento que el cierre nuclear en España se producirá según el protocolo firmado en 2019. En su modelo de negocio para el mercado español, la hipótesis de trabajo es que Almaraz dejará de producir energía en los plazos acordados.
Discrepancias internas
La propuesta de prolongar la vida de Almaraz se ha visto frenada por la falta de consenso entre los propietarios. Iberdrola controla el 52,7%, Endesa un 36% y Naturgy el 11,3% restante. Para cualquier modificación del calendario es necesario el respaldo de todos, pero Naturgy y EDP se desmarcaron desde el principio.
La ausencia de unanimidad ha paralizado las negociaciones. El Ejecutivo insiste en que sin un acuerdo unánime no hay debate.
El debate nuclear regresa
El debate sobre la energía nuclear, soterrado en España desde el accidente de Fukushima en 2011, ha resurgido con la cercanía del cierre de Almaraz.
En febrero, el Congreso discutió una proposición no de ley del PP que instaba al Gobierno a retrasar el cierre nuclear, una iniciativa que se suma a la batería de acciones impulsadas tanto por los populares como por Vox para mantener viva esta energía en el mix eléctrico.
Desde el Ejecutivo se insiste en que el calendario no lo fijó el Gobierno, sino las compañías propietarias en 2019. “El cierre del parque nuclear está acordado por las empresas propietarias, esto no es el Gobierno poniendo encima de la mesa el cierre”, defendió la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista en RNE.
Los contrarios al cierre
Mientras los grupos ecologistas propugnan mayoritariamente la clausura de las centrales, en los territorios afectados las resistencias crecen.
En Almaraz, una reciente manifestación contra el cierre reunió a representantes de Vox, PP y PSOE. Entre los asistentes figuraban la presidenta extremeña, María Guardiola, y el líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo.
Los manifestantes denunciaron la pérdida de hasta 3.000 empleos directos e indirectos vinculados a la actividad de la central, y defendieron que los reactores podrían prolongar su funcionamiento hasta los 80 años, como sucede en otros países europeos y en Estados Unidos.
Un sector en tensión
El cierre de Almaraz coincide con otra disputa: la que mantienen las eléctricas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la rentabilidad de las inversiones en redes.
Iberdrola ha advertido de que podría retirar hasta 1.000 millones de euros de sus planes en España, si no se revisa al alza la tasa de retribución. La compañía prevé destinar 4.000 millones a redes en el periodo 2025-2028, pero supedita parte de ese esfuerzo a que el regulador mejore las condiciones.
El marco que prepara la CNMC eleva la tasa de rentabilidad del 5,58% al 6,46%, lejos del 7% u 8% que reclaman las compañías.
Inversiones en juego
La hoja de ruta de Iberdrola prevé en total 9.000 millones de euros de inversión en España hasta 2028: 4.000 millones en redes y 5.000 millones en generación y clientes, con un 60% en renovables.
Aun así, la energética subraya que España representa una pequeña parte de su negocio frente a otros países, y advierte de que la diversificación internacional protege al grupo de decisiones regulatorias locales.
