El Gobierno adjudica 200 millones a empresas españolas para la reconstrucción de Ucrania
El Real Decreto simplifica los trámites del Fondo para la Internacionalización de la Empresa que puede conceder por primera vez subvenciones directas
- Una excepción para un país en guerra
- Más flexibilidad, menos burocracia
- Un fondo con nueva misión
- Oportunidad económica y compromiso político
La medida, recogida en la Memoria Abreviada del Análisis de Impacto Normativo y en el texto del Proyecto de Real Decreto, permitirá movilizar hasta 200 millones de euros para financiar proyectos desarrollados por empresas nacionales en el país devastado por la guerra.
El Gobierno introduce con esta norma una excepción inédita en el funcionamiento del FIEM, un instrumento creado en 2010 para apoyar la expansión internacional del tejido empresarial español.
Por primera vez, este fondo podrá conceder ayudas no reembolsables —es decir, subvenciones directas— además de créditos con condiciones más flexibles.
El objetivo, según los documentos del Ministerio de Economía a los que ha tenido acceso Confidencial Digital, es “adaptar el funcionamiento del FIEM a la realidad económica y financiera de Ucrania” y “disponer de mecanismos de flexibilidad en el análisis de garantías” en operaciones con entidades ucranianas.
Una excepción para un país en guerra
El Real Decreto que se tramita modifica tres artículos del reglamento vigente —los artículos 10, 21 y 24— con el propósito de agilizar la financiación de proyectos vinculados a la reconstrucción del país.
Mientras dure ese proceso, el FIEM podrá admitir garantías “sin necesidad de hacer un análisis de solvencia específico”, según recoge el texto del Proyecto.
En total, se establece un límite de riesgo máximo de 100 millones de euros en créditos reembolsables y otros 100 millones en ayudas directas.
El Ministerio explica que la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, creada recientemente dentro del departamento, “responde a una necesidad estratégica de la política económica y comercial entre España y Ucrania”, vinculada al creciente interés de las empresas españolas por ese mercado.
Esta oficina tendrá entre sus funciones movilizar instrumentos financieros oficiales, como el propio FIEM, y pasa a integrarse en el Comité FIEM para participar en las decisiones relativas a Ucrania.
El contexto europeo también ha influido en la decisión. El documento ministerial destaca que la medida se adopta “acompañada por un firme compromiso institucional y por el respaldo de mecanismos europeos como el ‘Mecanismo para Ucrania’, que movilizará 50.000 millones de euros entre 2024 y 2027”.
En este marco, España busca posicionarse como actor relevante en el proceso de reconstrucción y recuperación económica del país.
Más flexibilidad, menos burocracia
La reforma del reglamento del FIEM tiene además un objetivo interno: simplificar los trámites administrativos y agilizar el uso de los fondos públicos. Según la Memoria Abreviada, la norma “reduce las cargas administrativas” y no impone nuevas obligaciones a los operadores económicos.
De hecho, el Ministerio considera que no será necesario realizar una consulta pública previa, al tratarse de “modificaciones puntuales” que afectan solo al funcionamiento interno del fondo.
El Real Decreto, explica la memoria, cumple con los principios de buena regulación recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en particular los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se justifica, añade el texto, “por una razón de interés general”, dado que permite adaptar un instrumento financiero estatal a las prioridades estratégicas de la política comercial española en relación con Ucrania.
En el plano económico, el Gobierno asegura que la medida no tendrá impacto presupuestario, ya que el FIEM cuenta con recursos propios suficientes. Su tesorería superaba los 2.500 millones de euros a finales de 2024, según la memoria, lo que garantiza que los créditos y ayudas puedan concederse sin recurrir a nuevas dotaciones públicas.
Un fondo con nueva misión
El Fondo para la Internacionalización de la Empresa, creado por la Ley 11/2010, ha sido durante más de una década uno de los principales instrumentos de apoyo financiero del Estado a la exportación y la inversión exterior.
Su objetivo ha sido “promover las operaciones de exportación de bienes y servicios de las empresas españolas, así como la inversión directa española en el exterior”, según la propia normativa que lo regula.
Con este Real Decreto, el Ejecutivo amplía su alcance al permitir actuaciones excepcionales en un contexto de conflicto, algo que no contemplaba el reglamento original.
La modificación “introduce mecanismos de flexibilidad excepcionales en el análisis de las garantías” y autoriza el uso de recursos no reembolsables en proyectos “finalistas” ejecutados por empresas españolas en Ucrania, “mientras dure la reconstrucción”, con un límite acumulado de 100 millones de euros en donaciones.
La norma, además, refuerza la coordinación interinstitucional: incorpora al comité gestor del fondo a representantes de la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, junto con los del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Oportunidad económica y compromiso político
La documentación del Ministerio subraya que la medida se enmarca en un doble compromiso: económico, para reforzar la internacionalización de las empresas españolas, y político, para contribuir a la recuperación de un país devastado por la guerra.
En palabras de la memoria, la reconstrucción ucraniana representa “una oportunidad económica y estratégica para el tejido empresarial español” y “una contribución a la recuperación económica y social de un país devastado por la guerra”.
El Real Decreto permitirá que el FIEM actúe con mayor agilidad “para poner en marcha rápidamente los proyectos”, sin comprometer la estabilidad financiera del fondo.
