La cena del juez Marchena el día de la Ley de Amnistía
El jueves, Partido Socialista y Junts per Catalunya escenificaron y anunciaron un acuerdo, no solo para investir al candidato socialista, Pedro Sánchez, sino para gobernar durante los próximos cuatro años. Un pacto que reúne distintas condiciones exigidas por el partido de Carles Puigdemont, pero que tiene como bandera la aprobación de una Ley de Amnistía. Se tramitará como proposición de ley y será presentada por el grupo parlamentario del PSOE.
A excepción de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), todos los grupos representados en el Congreso darán el sí al 'olvido'. El texto del acuerdo entre ambas formaciones va incluso un paso más allá. El Ejecutivo ya aprobó los indultos parciales a los líderes catalanes condenados por el Tribunal Supremo, pero ahora eliminará todas las causas judiciales habidas y por haber relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y con todo el procès catalán, desde 2012 hasta 2023.
El mismo día en que se ha firmó el acuerdo para la Ley de Amnistía —que se presentará en la Cámara Baja en las próximas semanas— el presidente de la sala de lo penal del Supremo, que sentenció a los dirigentes independentistas, Manuel Marchena, fue visto cenando en un espacio no exento de polémica en los últimos meses: Doñana.
El Parque Nacional se situó como uno de los principales ejes de campaña antes de las elecciones autonómicas y municipales, y ese día el parador de Mazagón, situado en la localidad onubense del mismo nombre, hospedó a uno de los protagonistas más relevantes en todo el conflicto catalán.
Se trata de un lugar tranquilo, alejado del ruido, pero a donde también llegó el eco de la amnistía recién acordada entre Sánchez y Puigdemont, porque, mientras transcurría la velada, los periódicos sacaban una última hora: todas las asociaciones de jueces protestaban contra la amnistía.
Y, pocos minutos después, los fiscales se unían al rechazo a la medida de gracia, a lo que se sumó que el Consejo General del Poder Judicial —órgano de gobierno de los jueces— puso la guinda al colofón de críticas del sector judicial.
Marchena iba siguiendo de cerca las novedades de los medios. Aunque se mantuvo sereno, sí dio signos de disconformidad con la medida pactada por el PSOE y Junts cada vez que los distintos sectores judiciales se iban manifestando, así como de entendimiento hacia las protestas de sus compañeros.
El reconocimiento del llamado 'lawfare' en los últimos párrafos del acuerdo despertó la indignación del Poder Judicial: ese término, que se traduce en la persecución de ideas políticas por medio de tribunales y magistrados, podría suponer someter a revisión parlamentaria los procesos y decisiones judiciales, “con evidente intromisión en la independencia judicial”, denunciaban las asociaciones en un comunicado conjunto. Una expresión que afecta directamente a Marchena, como ponente de la sentencia de 2019 contra los líderes separatistas, ‘indultada’ en 2021 y que será ‘amnistiada’ próximamente.
