La España partida y humillada (maquiavélicos y okupas constitucionales)

Marco T. Cicerón, en un discurso del S.II a.C., se expresaba en estos términos sobre los síntomas de los pueblos desesperados, sin futuro, ni solución: “rehabilitan a los condenados”, “liberan a los presidiarios”, retornan a los exiliados”, “invalidan las sentencias judiciales”. Cuando esto acontece, viene el colapso del Estado, donde no hay ni esperanza, ni salvación.

 Este abogado y gran orador, en un contexto de guerras civiles, plantó cara al mismo Julio Cesar y Craso, así como a las intrigas posteriores tendentes a instaurar una dictadura en Roma. 

Es curioso el gran paralelismo con la tensa situación política actual en nuestro país, auspiciada curiosa y exclusivamente por la “élite política” como indica Felipe González , en un contexto, obviamente diferente, pero que tienen en común,  el intentan cambiar las “reglas de juego”: conceder una amnistía, en aras a un “supuesto interés general”, la paz social respecto a Cataluña; todo ello, curiosamente promocionado por un gobierno  que se dice “progresista”, pretendiendo ampararse en las mayorías parlamentarias, ignorando que las constituciones, nos protegen  tanto de las minorías, como de las mayorías por obvias experiencias históricas.

 Salvo para los profanos en derecho, -que es la gran baza con la que juegan ambos promotores de la amnistía-, la premisa, decae y hace aguas por todas las partes, pues es una verdadera “falacia” social y jurídica, dado que atenta contra los principios, valores y derechos fundamentales de nuestra propia Constitución, Carta Magna, ley de leyes a la que todos deben someterse por imperio de la ley, tanto sean ciudadanos, poderes públicos, así como con más razón, los partidos políticos. Por no respetarse, en el presente caso, ni se respeta el propio Estatuto catalán. 

Art. 9 CE. : “sumisión de todos”, “obligación de los poderes públicos de promover la igualdad, remover los obstáculos que impidan su plenitud”, “obligatoria legalidad (en especial la penal del Art 25 CE), jerarquía normativa, seguridad jurídica, evitación de la arbitrariedad.

  El actual proceder del gobierno en funciones, -al margen que no es tan visceral de llevar el conflicto a la calle lógicamente, pero sí lo está creando -es similar al separatismo en el momento previo a la sedición, en cuanto crea tensión, crispación social e inseguridad jurídica, atentando contra derechos fundamentales de la CE.:  derecho a la igualdad (Art. 14 C), integridad moral (Art. 15), derecho a participación en asuntos públicos (Art. 23) tutela judicial efectiva (Art. 24). No por casualidad, el gobierno y sus intereses particulares de partido, están regulados en un título posterior al del Estado (Título. II y Titulo IV). Tampoco es ociosa, la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del gobierno en especial en lo referido a delitos de traición y contra la “seguridad del Estado” (Art. 102), pues con esta jugada “trilera” proyectada, no quepa duda que implícitamente, se pone en jaque mate la misma “paz social” y la  “unidad” de la España a corto plazo.

 En un necesario “balancing” constitucional, obligatorio para ponderar los posibles  intereses en liza, puestos en una balanza, se deduciría los siguientes bienes jurídicos: 1) El mero y claro interés de una persona, y por extensión de parte de su partido (pues obviamente está dividido),  en retener el mero poder, aunque sea a costa de utilizar a un presunto culpable huido de la justicia, quien persiste en su actitud rebelde y pretende “regir los mismos destinos del país con el que aún, tiene pendiente una orden de busca y captura por parte del Poder Judicial”. 

2) El interés paralelo de dicho fugado en evitar su certera condena e inhabilitación, al margen del placer de humillar a España, que pasaría de facto a ser un “estado perseguidor” y no de derecho, que hasta incluso podría que tener que indemnizarle los daños y perjuicios su fuga, así como pagar en el mismo concepto a los presos sentenciados en firme por encarcelamiento. No contento con ello, por extensión, en su mente febril, pretende, además, junto a los otros partidos independentistas, la condonación de toda la deuda catalana. También en establecer un relator para hacer un precedente internacional, en una obcecada – tipo Alcoyano-  reiteración del inexistente derecho a un referéndum meramente regional, excluyendo al resto del pueblo español, persiguiendo con ello, alterar, ya no solo el vigente derecho interno, sino también el derecho internacional, donde los referéndums separatistas no están previstos, ni obviamente se les espera por la notoria sangrienta solera histórica dejada. Por si el disparate fuese poco, a los cuerpos de seguridad que intervinieron para frenar su propia tiranía, para esos, en su mente infantil, exige la continuación del procesamiento. Es decir, penalizar solo el efecto o la reacción. 

  Incluso si la condición del referéndum, no fuese inmediata, es meridianamente obvio que lo exigirán en breve plazo, por lo que no garantizaría mínimamente un gobierno de 4 años como ingenuamente se pretende, ¿Cuál sería pues la hipotética explicación a tal ilógica humana y jurídica que se pretende por parte de un aspirante a gobernar, - quien notoria y públicamente negaba previamente todas estas disparatadas peticiones separatistas-, al margen de no constaba ni en su propio programa electoral-? En lógica humana, descartada una posible psicopatía por el poder, solo existirían dos posibles explicaciones: 1) Acceder y disponer de los millonarios fondos europeos pendientes aún de llegar de Europa, cuya opacidad y lentitud en el reparto ya es un hecho notorio, o 2) Retrasar o que no salga a la luz el inexplicable acuerdo secreto en política exterior respecto a Marruecos y al Sahara Occidental. En cualquier caso, no sabría deslindar la realidad social y jurídica, unido a no tener un mínimo de sentido de estado.

  Digo lo anterior, pues no es lógico en mero sentido común, que una persona deteriore más su ya dañada imagen, ponga en riesgo su propia integridad, e hipoteque y  condene  al  inmediato certero peregrinaje por el desierto electoral a su propio partido ya dividido, con el agravante de utilizarlo además, para pretender excluir, a través de una mera consulta interna a sus bases, a todos los ciudadanos que tienen derecho a participar en la rex publica, ante una decisión tan grave como intentar amnistiar a unos delincuentes sentenciados, otros fugados, otros presuntos aun sin juzgar,  más cuando tal figura jurídica está implícitamente  proscrita de la Constitución, y no  está avalada por ninguna practica internacional, exceptuando casos excepcionales (superar guerras civiles, dictaduras) que obviamente, no es el caso presente en un pleno Estado social, democrático de derecho.

  Pretender convencer que dicha medida es para instaurar la paz social en Cataluña, es además un insulto a la mera inteligencia, puesto que: 1) se ofende a la notoria “mayoría constitucionalista catalana” que todos pretenden inauditamente ignorar (solo hay que hablar, dar voz y voto a los que se portan mal, imagino), 2) falta a la verdad, en cuanto que el orden solo vino con la implantación del art. 155 CE. ( en la que además su propio partido participó) y, así como la posterior excelente intervención del Poder Judicial y las oportunas condenas ( la aplicación de la norma del Kelsen en definitiva, frente a los que sufren el “síndrome del emperador” o de “Peter Pam”, auténticos tiranos de libro ya relatados tanto en el mundo griego, en las Partidas de la E.M., o en los tratados de Maquiavelo); 3) Si hay una mayoría constitucional catalana, que rechazó y rechaza el proces, no puede haber un 80% de esa sociedad  que acepte la amnistía por pura lógica matemática; 4) En consecuencia Cataluña, no necesita reencuentro,-como  también mantiene- y más bien,  necesita y reclama la aplicación y continuidad del imperio de la ley, el cumplimiento de las penas integras a los delincuentes, y la  igualdad del trato fiscal, sin perjuicio de las posibles modificaciones que sean oportunas y siempre bajo el vigente principio de solidaridad constitucional vigente.

  Las semejanzas del sanchismo respecto al separatismo antes insinuadas,- más propias del “síndrome de Estocolmo”-  se refieren a la paulatina asunción incluso  de su propio vocabulario  (hoja de ruta…); alterar el ordenamiento jurídico (modificación del delito de sedición, malversaciones de caudales públicos, con la excusa inveraz de que Europa penaba menos los mismos); no asumir la realidad social imperante y el deseo de las mayorías soberanas, (el “síndrome de la goma de borrar” de los separatistas: ¿que esto no me gusta? pues lo elimino);  intentar “hacer de la rex publica una rex privada”, gobernar, pese a haber perdido las elecciones con apoyo de grupos minoritarios antisistema, sediciosos, condenados, fugados, u otros que precisamente no tienen las manos limpias, y que ni se han preocupado de pedir un simple perdón por tanto dolor y sangre causados.

  Y lo más importante, comparten el supuesto loable fin de “progreso”, que, en realidad, es hacer una involución a la Edad Media, al más genuino estilo romántico, buscando prebendas, bulas e inmunidades políticas de una “casta” en concreto ante el imperio de la ley. ¿Que los tribunales no nos dan la razón? Pues los neutralizamos y excluimos, aunque ello represente cargarse un pilar independiente del Estado. ¿Qué tal o cual Tribunal, no santificaran las novedosas modificaciones? tranquilos, los colonizamos, cambiamos a sus miembros y asunto resuelto. ¿La obligación de evitar la arbitrariedad? un verdadero lastre histórico. ¿El derecho de igualdad? Mera quimera. ¿Respetar las promesas electorales? ¡Cosa antigua de caballeros!

   En definitiva, para ese proyectado alocado viaje, no hacía falta tantas alforjas, ni tantos disparatados preparativos, tanta alarma social, ni tanto desprecio a las mínimas normas de juego de una sociedad moderna que demostró al mundo una notable transformación en una transición que fue ejemplo internacional, con una de las aún más modernas y técnicas constituciones escritas, que pese a precisar mínimas reformas, sigue siendo un modelo a seguir. De consumarse la farsa presente, tengan certero que España perdería entre 10 a 20 puestos en la actual posición de las mejores democracias internacionales.

  En cuanto al resultado de la peculiar  liza contra el imperio de la ley, fácil es atisbar su inmediato futuro por carecer de base, lógica humana y jurídica, por ir contra los intereses del superior Estado y del interés general de la mayoría del soberano español que no puede ser suplido por unos intereses amorales, privados e ilícitos, prohibidos implícitamente por la Constitución, por lo que no deja de ser mera aventura quijotesca, que los tribunales nacionales y europeos sabrán neutralizar, evitando así alterar el mismo “statu quo” internacional. Observen las tres resoluciones del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto del proces, y este Tribunal, a diferencia de esta pandilla de temerarios aventureros, no dirá digo, donde antes dijo Diego. Y ya antes dudo mucho que el TC, avale los graves hechos acorde a su propia jurisprudencia previa, como aquella famosa sentencia que indicaba: “ Repugna al Estado, que unos hechos existan, y a la vez no existan” ( si ello, se expresa de los meros hechos- que en absoluto eran sobre un golpe de estado postmoderno como el que nos ocupa, qué decir del propio derecho)