Financiación de Podemos: la UDEF plantea una comisión rogatoria a Irán
Pedirán facturas y documentos para comprobar si el dinero enviado a Pablo Iglesias por su trabajo en HispanTV ha ido al partido
Pablo Iglesias vuelve a estar bajo la lupa de la UDEF. A la unidad especializada en delitos económicos de la Policía Nacional no le cuadran las transferencias desde Irán al líder de Podemos con las facturas que éste, e HispanTV, han presentado. Por ese motivo, los investigadores se plantean ahora solicitar una comisión rogatoria al país persa.
Hace poco más de un año, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional inició una investigación al complejo entramado de empresas, vinculadas a Hispan TV, que recibieron unos cinco millones de euros procedentes de Irán. Entre esas compañías estaba la asociación ‘Con Mano Izquierda’, creada por Pablo Iglesias.
El objetivo de esas pesquisas era determinar si alguna de esas transferencias había sido desviada para financiar la creación y lanzamiento de Podemos. Ahora, según explican a El Confidencial Digital altos mandos policiales, los investigadores ya saben a dónde han ido a parar más de dos millones de euros, pero falta todavía conocer qué ha pasado con la otra mitad de movimientos, incluidos los que se ingresó el propio Pablo Iglesias de forma directa.
La actividad de 2014 y 2015, en cuestión
Las fuentes policiales explican que Irán no ha parado de enviar dinero al citado entramado societario durante los dos últimos años. De hecho, Iglesias cobró regularmente cantidades cercanas a los 3.000 euros incluso después de convertirse en eurodiputado en el verano de 2014. Este tipo de movimientos, sostiene la UDEF, también se produjeron en 2015.
El líder de Podemos ya ha explicado que ese dinero que él mismo recibía iba destinado, posteriormente, a las compañías productoras vinculadas a HispanTV con sede en Madrid. No obstante, “aún no ha aportado pruebas que demuestren esa afirmación”.
Así las cosas, la UDEF mantiene abiertas dos líneas de investigación distintas, para determinar dos cuestiones: primero, si todo el dinero enviado desde Irán fue destinado efectivamente a esta televisión; y segundo, si las otras partidas que iban directamente a una cuenta de Pablo Iglesias se reingresaban en el citado proyecto audiovisual y no en Podemos.
“Una comisión rogatoria lo aclararía todo”
Los investigadores de la unidad de delitos económicos de la Policía han recibido órdenes de investigar cada factura aportada por las productoras vinculadas a HispanTV, que han recibido dinero de Irán, y también los extractos que posee el propio Pablo Iglesias.
No obstante, dentro de la UDEF no se descarta que esas empresas, consideradas “pantalla” por los propios policías, recibieran más dinero del que reflejan los papeles, y que ese excedente acabara sirviendo para financiar a Podemos.
Por ese motivo, desde la unidad se estudia solicitar a Irán una comisión rogatoria para que envíe toda la documentación existente sobre esos movimientos económicos dirigidos a España, y después contrastarlos con las citadas facturas:
-- “Eso lo aclararía todo. Si coinciden los datos, todo resuelto. Pero si no, se habría avanzado mucho para demostrar que parte del dinero sirvió a Iglesias para crear y aportar fondos a su partido”, explica un investigador.
Las fuentes consultadas añaden que, para llevar a cabo esa comisión rogatoria, la UDEF debería poner sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional para que después, la propia Audiencia, llevara a cabo ese requerimiento a Irán. Un proceso que, de confirmarse, dejaría a Pablo Iglesias en una situación muy delicada.
Responsabilidad penal para Iglesias
El fundador de Podemos, de demostrarse la financiación ilegal del partido, “tendría una responsabilidad penal” que le llevaría a ser citado en el juzgado, aseguran mandos policiales próximos a la investigación.
No pasaba lo mismo hace un año, cuando se detectó por primera vez el ingreso de dinero procedente de Irán. Entonces, no había entrado en vigor la nueva Ley de Financiación de Partidos, que en su articulado especifica que se considerará ilegal cualquier donación privada, incluyendo las procedente del extranjero, que sean superiores a 50.000 euros.
Las fuentes consultadas reconocen que, más allá de las dudas acerca del destino final de más de dos millones de euros, las investigaciones se han acelerado después de la aprobación de la reforma, ya que “ahora se persigue un delito concreto”.
