El Constitucional, a punto de complicar el futuro judicial de Forcadell

Carme Forcadell fue destituida del cargo de presidenta del Parlament con la aplicación del 155, a finales de octubre de 2017, y la consiguiente convocatoria de elecciones autonómicas.

Forcadell está acusada de un delito de rebelión y otro de sedición por permitir que el Parlament votara primero las leyes de desconexión y la declaración de independencia después, pasadas tres semanas del referéndum.

Ciudadanos presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la tramitación de dichas leyes por parte de la Mesa del Parlament.

El recurso fue admitido por unanimidad por el TC y ahora, ocho meses después, va a ser votado en el pleno de esta semana, según ha podido saber Confidencial Digital. Es decir, el jueves, como tarde, el Constitucional anunciará el fallo y publicará la sentencia.

Según las fuentes consultadas por ECD, el Tribunal se inclina por estimar el recurso de amparo de Ciudadanos, que alegaba la vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos en condiciones de igualdad, recogido en el artículo 23 de la Carta Magna.

Situación judicial de Forcadell

Esta decisión, según afirman las fuentes consultadas por este periódico, podría afectar en parte a la situación judicial de Forcadell, ya que reforzaría la tesis acusatoria si la sentencia del TC falla que vulneró derechos fundamentales de diputados catalanes.

Sin embargo, estas mismas fuentes matizan que el tribunal del 1-O puede negarse a utilizar este hecho, ya que no está recogido en la instrucción que hizo el magistrado Llarena.

“De aquí no salimos hasta que votemos”

Tanto Ciudadanos como el PP y el PSC abandonaron la Cámara catalana el 6 y el 7 de septiembre de 2017, cuando se votaron la ley del referéndum de independencia y la de transitoriedad jurídica.

Pese a que no estuvieron presentes en la votación, Forcadell, como presidenta del Parlament, dio el visto bueno al resultado, favorable a la aprobación.

Antes de la votación, C's, PP, PSC y Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, advirtieron a Forcadell de que la admisión a trámite de las leyes y llevarlas al pleno suponía actuar en contra del Consell de Garanties, de los informes de los letrados del Parlament y del propio Tribunal Constitucional.

Pese a ello, Forcadell afirmó de forma tajante desde su asiento en la Cámara: “no vamos a salir de aquí  hasta que votemos”.

“Participación medular”

El auto de procesamiento de Forcadell especifica que la ex presidenta del Parlament y de la ANC “tuvo una participación medular desde los primeros momentos del proceso de independencia” como líder de la asociación independentista.

Ya como presidenta de la Cámara catalana, contravino “las reiteradas prohibiciones y requerimientos” del Constitucional al someter “a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación” que servía “de coartada legitimadora al proceso”.

Por otro lado, señala que su participación fue “de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases” del proceso, ya que estuvo presente en las protestas del 20 de septiembre y, “conocidas sus consecuencias, arengó a la movilización en la concentración que, al día siguiente, se desarrolló ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

Además, “recibió a los observadores internacionales que llegaron a Cataluña” en las horas previas a la votación, “para tratar de reforzar” su imagen de legitimidad”.

En definitiva, puso “la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república”.

“Cumplí con mis funciones”

Por su parte, la defensa de Forcadell ha alegado en el juicio que la acusada se limitó a cumplir con las funciones que determina el cargo de presidenta del Parlament.

También ha señalado que ordenó la tramitación de las leyes de desconexión porque la Mesa “no podía actuar preventivamente”. Es más, ha afirmado que este organismo no decide sobre el contenido de la actividad legislativa, sino que lo hace la Junta de Portavoces.

También ha argumentado que el 6 y 7 de septiembre de 2017 los grupos de Junts pel Sí y la CUP pidieron modificar el orden del día del pleno para debatir y votar las leyes de desconexión, por lo que Forcadell no tenía “ningún poder” sobre su tramitación, siguiendo el reglamento del Parlament. 

Según Forcadell, cuando el Parlament aprobó el 27 de octubre la declaración unilateral de independencia, la Mesa no tenía facultad para limitar el debate de los diputados, pese a que avisó de que la iniciativa podía chocar con las advertencias del TC.

También ha asegurado que la aprobación de dicha declaración llegó al pleno a petición de los grupos sin tener su “voto decisorio”.