El Gobierno debe aprobar cinco leyes para recibir 17.000 millones de los fondos europeos… y también depende de Puigdemont
La Ley de Función Pública, la de Eficiencia Procesal, la de Familias… son condiciones de Bruselas para desbloquear el cuarto y quinto desembolso de las ayudas comunitarias
- 17.000 millones, en manos de Puigdemont
- Aprobar cinco leyes como condición de la UE
- La Ley de Función Pública ha decaído
Pedro Sánchez también depende de Puigdemont… para desbloquear el pago de 17.000 millones de los fondos europeos. El Gobierno necesita el apoyo en el Congreso de sus socios de investidura, incluida la abstención de Junts, para aprobar cinco leyes que exige Bruselas este año antes de enviar el dinero a España.
Hay que recordar que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aplazó la petición del cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones, al decaer compromisos con la Unión Europea que tramitaban las Cortes por el adelanto electoral. El nuevo Gobierno sumará a la tarea pendiente el desbloqueo de otros 7.000 millones este año.
La composición del Congreso surgida tras las elecciones generales del 23 de julio dejó un escenario incierto, con un horizonte de pactos complicados para formar Gobierno e incluso la posibilidad de repetición electoral, en caso de que no haya acuerdos para una mayoría.
Finalmente, el PSOE logró apoyos suficientes para hacerse con la presidencia de la Mesa del Congreso, pero todavía se encuentra todo en el aire.
17.000 millones, en manos de Puigdemont
No obstante, los resultados de las generales permitirían en unas semanas a Pedro Sánchez repetir al frente de La Moncloa, tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, si el líder del PSOE llega a un acuerdo para la abstención de Junts.
Y de ese acuerdo con Puigdemont antes de finales de noviembre, según destacan a Confidencial Digital fuentes parlamentarias en el Congreso, depende la consecución de varios hitos que permitan desbloquear el cuarto y quinto pago de los fondos europeos, que asciende a 17.000 millones de euros en total. Según el calendario inicial, el Ejecutivo debería solicitar ese dinero antes de final de año.
Aprobar cinco leyes como condición de la UE
Según las fuentes consultadas, el Gobierno necesita aprobar al menos cinco leyes para recibir esos 17.000 millones de Bruselas… y también depende para ello del voto de Puigdemont.
En Moncloa recuerdan que la votación de las lenguas cooficiales acaba de reproducir la mayoría progresista que podría dar la investidura a Pedro Sánchez. Y ese mismo apoyo es el que busca el Ejecutivo para aprobar las normativas que le permitan recibir este año el cuarto y quinto desembolso de las ayudas comunitarias.
El cuarto pago exige por parte de Bruselas del cumplimiento de 43 hitos y 15 objetivos para recibir los 10.000 millones de euros. De ellos quedan pendientes algunos tan importantes como la aprobación de la Ley de Función Pública y de parte del paquete Justicia 2030 (la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia organizativa).
Las tres normas se encontraban en tramitación parlamentaria pero decayeron al disolverse las Cortes por el adelanto electoral.
En cuanto al quinto desembolso, pese a que los hitos y objetivos que implica (13 y 9, respectivamente) son menos y su financiación también es inferior (7.000 millones), también incluye algunos proyectos relevantes del Gobierno que han quedado en el tintero.
Por ejemplo, una de las reformas clave para este pago es la aprobación de la Ley de Familias, uno de los proyectos centrales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que también decayó con la disolución de las Cortes. La Ley de Servicios Sociales era otro de los compromisos que ha quedado en suspenso.
Además, en este quinto desembolso también se incluían otros proyectos como la revisión de beneficios y exenciones fiscales que aún no se ha producido.
La Ley de Función Pública ha decaído
Tal y cómo se contó hace unos días en ECD, el teletrabajo estaba incluido en la Ley de Función Pública pero esa norma ha decaído. El adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez ha provocado que la legislación, que se encontraba ya en el Congreso en periodo de enmiendas, no salga adelante.
En ese texto es donde se regulaba el teletrabajo de los funcionarios en sí mismo. Ahora, si el Gobierno decide retirar el plan de ahorro energético, que vence el próximo mes de noviembre, también desaparecerá el trabajo a distancia. En cambio, mediante la ley quedaría completamente instaurado y consolidado ese derecho para los empleados públicos.
