La ley del CGPJ no contempla la declaración de vocales contra la amnistía
Expertos en derecho constitucional explican que el Poder Judicial debe pronunciarse sobre leyes impulsadas por el Gobierno y no sobre propuestas de los grupos parlamentarios
- Posicionarse solo sobre proyectos de ley
- "Esquivar el reglamento"
- Podría ser recurrida por el resto de vocales
- Un CGPJ caducado
- El PP se ha negado a la renovación
- La amnistía, exigencia para la investidura
Este jueves, el Partido Socialista ha llegado un acuerdo con Esquerra republicana de Cataluña para aprobar la nueva ley de amnistía que dejará libres de causas judiciales a todos los encausados por el procès catalán. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han forzado un pleno extraordinario para pronunciarse en contra de esta medida. Una decisión que está fuera de las competencias del Poder Judicial y que podría incumplir el reglamento que regula el CGPJ, según la opinión de algunos expertos en Derecho Constitucional.
Entre sus obligaciones está la de asesorar al Gobierno y elaborar un informe sobre las normas que impulse, pero no sucede lo mismo con las propuestas que presentan los grupos parlamentarios. La ley de amnistía no es una medida desarrollada por el Ejecutivo, sino que se trata de una norma que registrarán los grupos parlamentarios en los próximos días. Al no tratarse de una iniciativa del Gobierno, según algunos juristas consultados por Confidencial Digital, los vocales conservadores del CGPJ se estarían extralimitando en sus funciones y podrían incurrir incluso en una ilegalidad.
Posicionarse solo sobre proyectos de ley
El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. Además de designar a los magistrados, también tienen la competencia de asesorar al Ejecutivo en todas las normas que elabore y apruebe. “El poder judicial está al mismo nivel que el poder ejecutivo, pero digamos que el poder legislativo emana directamente del pueblo, de las elecciones. Son los ciudadanos quiénes eligen a los 350 diputados del Congreso y por eso no está previsto que el CGPJ pueda pronunciarse sobre normas y cuestiones que atañen únicamente al parlamento, que está por encima”, señala Joaquín Urías, profesor de derecho constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Urías ha sido uno de los juristas expertos que ha elaborado el documento sobre la amnistía que presentó Sumar el pasado 10 de octubre y que avala la constitucionalidad de la medida.
La ley del Poder Judicial contempla que el CGPJ se pronuncie sobre proyectos de ley. Son aquellas iniciativas legislativas que nacen en el propio Gobierno y son aprobadas en consejo de ministros. Se trata de informes preceptivos que no frenan la tramitación de una nueva norma, pero sí advierten al Ejecutivo de los problemas jurídicos que puede tener la misma.
Sin embargo, no hay ningún artículo del reglamento que permita al Poder Judicial pronunciarse sobre una proposición de ley, que es el tipo de iniciativa legislativa que pueden impulsar los partidos que forman la Cámara Baja.
"Esquivar el reglamento"
“Lo que están intentando los vocales conservadores del CGPJ es esquivar el reglamento porque no les da la potestad de pronunciarse sobre la futura ley de amnistía. Para conseguirlo, están forzando una declaración institucional que formalmente es legal, pero tiene como fin algo que les está prohibido: pronunciarse sobre proposiciones de ley que atañen únicamente al Congreso”, explica Urías.
Por lo que un comunicado del CGPJ posicionándose en contra de la amnistía y señalando que es inconstitucional, no sería ilegal, pero sí incumpliría el espíritu de la ley del Poder Judicial que regula las labores del órgano de gobierno de los jueces y hasta dónde llega su competencia.
Podría ser recurrida por el resto de vocales
El Consejo está formado por 20 miembros. Los otros 12 no se han pronunciado a favor de criticar públicamente la amnistía como institución y podrían rebelarse ante la decisión de sus compañeros. En opinión de algunos juristas consultados por ECD, incluso tiene la posibilidad de reclamar esta iniciativa de los ocho vocales nombrados por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional al violar "la separación de poderes entre el Judicial y el legislativo".
Un CGPJ caducado
El CGPJ se encuentra en una situación complicada. El reglamento del Poder Judicial marca que la totalidad de los vocales deben ser sustituidos a los cinco años de mandato. La última vez que se renovó fue en 2013, durante la primera etapa del gobierno de Mariano Rajoy. Según la ley, deberían haber sido sustituidos en 2018. Sin embargo, esta renovación precisa del apoyo del Partido Popular porque se necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados. Tanto el PSOE como el PP —los partidos mayoritarios— deben ponerse de acuerdo para dar luz verde a los nuevos vocales.
El PP se ha negado a la renovación
Es habitual que, en función de que partido sea más mayoritario y esté en el Gobierno, la mayoría de los vocales sean conservadores o progresistas. En este caso se mantiene la mayoría conservadora que nombró el Partido Popular cuando Rajoy tenía mayoría absoluta, a pesar de que los votos del Partido Socialista fueron necesarios para sacar adelante dichos nombramientos.
El CGPJ debería haber sido renovado hace cinco años, pero ni el exlíder popular Pablo Casado, ni el actual dirigente, Alberto Núñez Feijóo, han querido llegar a un acuerdo con el líder socialista, Pedro Sánchez. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, —nombrado en 2013—, Carlos Lesmes, dimitió hace un año en señal de protesta por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos de la Cámara Baja.
La amnistía, exigencia para la investidura
Las pasadas elecciones del 23 de julio dejaron un panorama político complejo. El Partido Popular y Vox —en contra de los pronósticos— no alcanzaron la mayoría absoluta. El Partido Socialista necesitaría el apoyo de los socios habituales de la última legislatura —ERC, Sumar, Bildu, PNV—, pero también tendría que añadir a Junts per Catalunya. El partido de Puigdemont marcó como exigencia imprescindible para apoyar a cualquier candidato, la aprobación de una ley de amnistía que supone el olvido de todas las causas judiciales abiertas por el procès separatista catalán.
Una norma sin precedentes desde el inicio de la democracia en 1978. La última vez que se concedió una medida semejante. Fue un año antes de aprobarse la Constitución (en 1977) vigente hoy en día. Sucedió en pleno periodo de transición de la dictadura de Francisco Franco a la monarquía parlamentaria actual. Se concedió el perdón y el olvido a todos los presos políticos que no tuvieran delitos de sangre. La carta magna no recogió la amnistía como una de las medidas a tomar por el Ejecutivo. Si estableció el indulto, que no supone el olvido del delito, sino de la pena. Pero prohibió los indultos generales: debían ser individuales.
Durante la legislatura anterior, el Gobierno de coalición, entre el PSOE y Unidas Podemos, ya aprobó varios indultos parciales para los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Una medida que supuso la excarcelación de todos ellos, después de haber cumplido parte de su pena. Sin embargo, no afectó a los líderes independentistas que aún no habían sido juzgados por encontrarse fugados fuera de España: como es el caso de Carles Puigdemont, el líder de Junts. Esta medida, que supone borrar los delitos cometidos en 2017, dejaría a todos ellos, libres de tener que enfrentarse a un juicio.
