La Abogacía del Estado defenderá a los policías que actuaron en los disturbios de Cataluña
Va a proporcionar asistencia jurídica a los agentes que hayan sufrido agresiones físicas y que hayan recibido denuncias falsas y amenazas
La publicación de la sentencia condenatoria a los líderes del procés, el 14 de octubre, desató una nueva oleada de movilizaciones independentistas que a lo largo de varios días y en distintos episodios y lugares generaron en altercados violentos.
En previsión de estos incidentes, el Ministerio del Interior envió antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para reforzar la presencia de estos cuerpos y para apoyar a los Mossos d’Esquadra. En la Policía Nacional se denominó ‘Operación Ícaro’, mientras que la de 2017 llevó como nombre ‘Operación Copérnico’.
En sólo ocho días de disturbios hubo 289 agentes heridos: 134 policías nacionales, 154 mossos y un policía local. Otros agentes se han visto afectados por denuncias de manifestantes que les acusan de actuar de forma irregular o con violencia excesiva.
Confidencial Digital ha podido saber que por estas circunstancias la Confederación Española de Policía (CEP) reclamó por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al director adjunto operativo (DAO), José Ángel González Jiménez, en una reunión, que el Gobierno activara a la Abogacía del Estado para defender en los tribunales a los policías, como a los guardias civiles.
Instrucción de Dolores Delgado
La petición tuvo efecto. Según explican a ECD desde la Confederación Española de Policía, han recibido respuesta de la Dirección General de Policía: el Ministerio de Justicia ha activado a la Abogacía del Estado para asistir a los agentes que han intervenido en Cataluña en las semanas de disturbios.
Lo ha hecho aprobando una “Instrucción // Orden comunicada” que tiene como objeto “asegurar y potenciar la asistencia jurídica por la Abogacía del Estado de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están interviniendo en Cataluña”; instrucción que aparece firmada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
En el texto, Justicia argumenta que ante los “violentos disturbios” que iniciaron en Cataluña radicales independentistas y antisistema, ha sido precisa “la intervención coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Los agentes de dichos cuerpos “están actuando en el legítimo ejercicio de sus funciones y están empleando de manera proporcionada la fuerza legítima y necesaria para restablecer el orden”, defiende el Ministerio de Justicia.
El problema es que “el carácter violento de los altercados también ha provocado que se hayan producido agresiones de distinta consideración a los agentes intervinientes, resultando algunos de ellos heridos y precisando su hospitalización”.
Además, en la instrucción firmada por Dolores Delgado se destaca que “se han causado daños a bienes de titularidad del Estado y se han ocasionado perjuicios derivados de la obstaculización en la prestación de servicios de competencia estatal”.
Activa a la Abogacía del Estado
Ante esa situación, el Ministerio de Justicia ha decidido “activar los recursos disponibles en garantía de los derechos de los funcionarios públicos del Estado”. Eso se concretará en “potenciar los mecanismos de defensa jurídica para que estos funcionarios sean respaldados en sus actuaciones legítimas desarrolladas en Cataluña”, y por tanto en que la Abogacía del Estado pase a defender a los agentes afectados.
Justicia defiende que en estos casos, en los que policías nacionales y guardias civiles lleguen a los tribunales, “concurre un interés público propio de la Administración del Estado”.
Y establece que en lo que respecta a la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña para garantizar la seguridad y la convivencia “y superar esta crisis de orden público”, concurre ese interés de la Administración, que entiende que debe encargarse de la asistencia jurídica de los policías en tres supuestos: cuando en el legítimo ejercicio de sus funciones hayan sufrido agresiones físicas, hayan sido objeto de acusaciones o denuncias falsas por los ciudadanos, o de amenazas graves y serias”.
Por todo ello, la ministra de Justicia instruye a la Abogacía del Estado para que, bien directamente con abogados del Estado, bien con letrados habilitados, intensifique sus esfuerzos para proporcionar la asistencia jurídica de los agentes que la necesiten por estos disturbios en Cataluña.
Así que la Abogacía del Estado tiene que adoptar “las medidas necesarias que aseguren la debida coordinación de los posibles procesos judiciales que puedan iniciarse como consecuencia de estos incidentes violentos”.
Eso significa que la Abogacía del Estado “se personará en todos aquellos procedimientos en los que se enjuicien acciones de las que hayan podido derivarse daños y perjuicios a los bienes y servicios de titularidad estatal a fin de interesar la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados”.
De esta forma tendrán abogado del Estado tanto los agentes heridos que denuncien a sus agresores, como los que a su vez hayan sido denunciados por manifestantes por excesos policiales, y también aquellos que hayan sido objeto de denuncias “graves y serias” por independentistas radicales en Cataluña.
Esta fue ya una de las reivindicaciones que los sindicatos policiales hicieron después de que la intervención el 1 de octubre de 2017 para requisar las urnas del referéndum ilegal de independencia provocara numerosos procesos judiciales contra policías nacionales y guardias civiles.
