La Fiscalía Antidroga investiga desde 2020 a uno de los españoles que serán entregados a Francia por vender móviles encriptados

No sólo el Tribunal Judicial de Lille, en Francia, ha investigado a tres ciudadanos españoles que se encuentran a punto de ser entregados a las autoridades galas por la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Especial Antidroga española ya pidió en 2020 a Francia, precisamente, información sobre uno de los detenidos por vender teléfonos encriptados con el programa Encrochat. Sin embargo, por el momento ninguna de esas investigaciones se ha sustanciado en una imputación, juicio ni condena.

Distintos documentos consultados por Confidencial Digital muestran que la Guardia Civil, la fiscalía y la Audiencia Nacional han realizado desde hace dos años distintas gestiones para investigar por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a uno de los detenidos el pasado junio, y para el que la Audiencia Nacional ya ha confirmado la entrega a Francia.

Orden Europea de Investigación

El caso se remonta a 2020. Europol anunció a principios de julio de ese año que junto a las autoridades judiciales de Francia y Países Bajos había logrado interceptar millones de mensajes que intercambiaron cientos de delincuentes en todo el mundo a través de Encrochat, un sistema de comunicación móvil encriptado que se vendía con smartphone a unos 1.500 euros.

Pues bien: tan sólo semanas después, el 23 de julio de 2020, el fiscal Luis Ibáñez de la Cuesta, de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, firmó una Orden Europea de Investigación (OEI) que envió al Tribunal Judicial de Lille. Este tribunal ya dirigía por entonces las investigaciones judiciales en Francia sobre la red que utilizaba Encrochat.

El fiscal emitió esta Orden Europea de Investigación en el marco de unas diligencias de investigación que, según se desprende de los documentos, se había abierto debido a que “por información policial se tiene conocimiento que de los datos almacenados en los servidores de Encrochat se derivaría importante información en relación a delitos de tráfico de drogas vinculados con territorio español”.

Alias, contraseña, contactos, mensajes...

El fiscal antidroga pidió a la autoridad judicial francesa los datos obtenidos de los servidores de Encrochat, al entender que “pudieran contener información de relevancia sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad de blanqueo de capitales investigada por la autoridad español, desarrollada supuestamente por la referida organización en España, así como por la red de distribuidores y revendedores de dicha tecnología en ese territorio”.

Concretamente requirió que se enviaran a España todos los datos de usuarios de Encrochat que se hubieran registrado en España: datos como el nombre de usuario, su alias y contraseña, los números de IMEI e IMSI (que identifican cada teléfono móvil), los datos de llamadas de voz y de mensajería escrita, los contactos, el listado de llamadas, la geolocalización... todos los datos posibles.

Este fiscal de la Audiencia Nacional solicitó que Francia autorizara el uso de estos datos como pruebas válidas en procedimientos judiciales españoles.

Blanqueo de capitales

En la Orden Europea de Investigación remitida en 2020 a las autoridades judiciales de Lille, el fiscal ya mencionaba por su nombre y apellidos a uno de los tres detenidos en junio de 2022 y pendientes de ser entregados a Francia.

Explicaba el fiscal que en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional se habían abierto diligencias sobre una red de blanqueo de capitales liderada por ese ciudadano español, ahora en prisión provisional.

Señalaba que gracias a “un entramado societario sustentado en la estructura de la tecnología Encrochat creado para facilitar la comisión del delito”, esta red blanqueaba el dinero “procedente de varios delitos, principalmente tráfico de drogas, mediante la fabricación, venta, distribución y prestación de servicios de tecnología de comunicación encriptada Encrochat sufragada por sus clientes mediante dinero de ilícita procedencia”.

También aseguraba el fiscal Luis Ibáñez que existía una red de distribuidores y revendedores de tecnología Encrochat en España, “que igualmente blanquearían el beneficio de su propia actividad criminal, así como la de personas dedicadas a la comisión de delitos, mediante la venta de dispositivos de comunicación y prestación de servicios Encrochat sufragados con dinero de ilícita procedencia, conformando una segunda red en España dedicada a la comisión del delito investigado”.

Para defender que se enviara a España la información obtenida por las autoridades francesas al intervenir los servidores de la red encriptada Encrochat, el representante del Ministerio Público explicó que con esos datos se podrían conseguir indicios de cómo operaban los miembros de esta trama en España y cómo blanqueaban capitales.

También se podría identificar a la red de distribuidores y revendedores de estos teléfonos móviles encriptados, e incluso se podría llegar a saber si tenían conocimiento que los clientes que les compraban esos aparatos lo hacían con dinero de origen ilícito.

En definitiva, el fiscal indicaba en la Orden Europea de Investigación que la misma se emitía “para la investigación de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cometidos por organización criminal de carácter internacional”.

Francia entregó un disco duro

La solicitud de este fiscal antidroga de la Audiencia Nacional tuvo efecto. En septiembre de 2020, la vicepresidenta encargada de la instrucción en la Jurisdicción Interregional Especializada del Tribunal Judicial de Lille autorizó a la Gendarmería francesa para que enviara al fiscal español la información relacionada hechos cometidos en España por usuarios de Encrochat: nombres, alias en la red Encrochat, operador telefónico, números IMEI e IMSI, datos de llamadas y mensajes escritos...

Además, autorizó que dichos datos fueran usados en investigaciones judiciales en España.

El 12 de noviembre de 2020 llegó a Francia un teniente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, comisionado por el mismo fiscal antidroga.

Se personó en el Centro de Lucha contra la Criminalidad Informática de la Gendarmería Nacional francesa, y le entregaron un disco duro con la información solicitada por usuarios de Encrochat en España.

Una vez de vuelta en España el teniente, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, José Ramón Noreña, ordenó que el disco duro fuera depositado en dependencias de la UCO o de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, al considerar que la sede de la Fiscalía no tenías las medidas de seguridad necesarias.

También requirió a la Unidad Técnica de Policía Judicial y al Grupo de Informática Forense de la Jefatura de Información que realizaran una copia de la información contenida en el disco duro.

La UCO pide usar datos de cuatro usuarios

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO se puso a trabajar en la información remitida por Francia, y en enero de 2021 solicitó al magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que le autorizara el uso de los datos obtenidos de cuatro usuarios de Encrochat.

Esas cuatro personas estaban siendo investigadas por la comisión de delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales.

No ha habido imputación

Fuentes consultadas por Confidencial Digital aseguran que, pese a que en julio de 2020 un fiscal señaló por su nombre y apellidos a uno de los ciudadanos españoles ahora encarcelados y a la espera de ser entregados a Francia, esas investigaciones no se han sustanciado hasta el momento en ninguna acusación penal, y tampoco juicio ni condena por estos hechos.

De hecho, subrayan que si se investigó a uno de los encarcelados por esos mismos hechos, y por ahora no se ha encontrado pruebas que sustenten un procesamiento penal, menos aún se justifica que se autorice su entrega a Francia.

Una vez desestimados todos los recursos judiciales, la defensa de dos de los detenidos (que son hermanos) ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo para pedirle que interceda ante el presidente de la Audiencia Nacional, con objeto de paralizar la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega.

En el escrito enviado a Ángel Gabilondo, la defensa desgrana lo que considera “irregularidades” que se han dado en el proceso de extradición, como que se reclamara para cumplir una condena de 30 años de cárcel a quienes no han sido ni juzgados, o que se argumente que no tienen arraigo (como se indicó en varios autos de la Audiencia Nacional) quienes son españoles de nacimiento, viven y trabajan en España, están casados con españolas (que, por cierto, también están investigadas en el caso por Orden Europea de Investigación) y tienen hijos menores de edad.

Es más, solicita que sean puestos en libertad, al no existir riesgo de fuga.

La Audiencia avala el uso de la información

El diario La Razón desveló a principios de agosto la detención de dos españoles, hermanos, por vender teléfonos con el programa de comunicaciones encriptadas Encrochat.

Ya en diciembre el mismo diario había informado de que el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea había avalado el uso de datos obtenidos en Francia por la intervención de Encrochat para investigar en España a dos personas por tráfico de drogas. A uno se le investigaba por blanqueo de dinero tras una operación inmobiliaria sospechosa en Marbella, y más tarde la policía sueca le señaló por una aprehensión de 6 kilos de hachís.

Esos datos procedían de la información que Francia entregó a la Guardia Civil, a petición del fiscal antidroga antes citado.

Frente a los recursos de esos dos imputados, el juez Gadea validó como pruebas legales la información de Encrochat interceptada por las autoridades francesas.

La nueva fiscal jefa antidroga de la Audiencia Nacional declaró, en una entrevista reciente a La Razón, que se espera que llegue nueva información a España procedente de la intervención de los servidores y sistemas de Encrochat.