Un guardia civil herido en un atentado de ETA consigue en los tribunales que no le rebajen la discapacidad y pierda ventajas fiscales
El agente fue reconocido con un 33% de invalidez, que da derecho a exenciones. En una revisión cuatro años después, la sanidad de Castilla y León lo dejó en un 30%
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una sentencia que da la razón a un guardia civil que pleiteó para que no le disminuyeran el porcentaje de discapacidad que tenía reconocido por los daños que sufrió en un atentado de ETA.
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León que resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos.
Bomba de ETA contra la casa cuartel
Los hechos se remontan a 2009. La banda terrorista ETA hizo estallar (sin previo aviso, en esta ocasión) una furgoneta cargada de explosivos ante la casa cuartel de la Guardia Civil en la ciudad de Burgos.
Los etarras no lograron asesinar a nadie, pero sí provocaron 65 heridos entre agentes y familiares, sobre todo por cortes con cristales rotos. Afortunadamente, las dos primeras plantas del edificio estaban vacías, con lo que se evitó una masacre.
33% de discapacidad
A uno de los guardias civiles heridos en ese atentado de ETA se le reconoció, en diciembre de 2016, un grado de discapacidad del 33% desde el 16 de octubre de 2015 y con validez hasta el 22 de octubre de 2019.
La Gerencia territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León constató que sufría trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 24%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8%), grado de limitaciones en la actividad 32% y factores sociales complementarios de 1 punto.
El Ministerio de Defensa (del que dependen en estos asuntos los guardias civiles) declaró el 16 de marzo de 2016 la incapacidad permanente para el servicio, a consecuencia de atentado terrorista por insuficiencia de condiciones psicofísicas del actor como guardia civil.
Hubo otros informes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y de la Junta Médico Pericial de las Fuerzas Armadas sobre distintos daños sufridos por el guardia civil, con distintos porcentajes de discapacidad.
Desde el 1 de mayo de 2016 este guardia civil cobra una pensión de retiro por actos de terrorismo.
Rebaja al 30%
Los informes de discapacidad se revisan periódicamente. El 2 de octubre de 2019, la sanidad de Castilla y León dictó una resolución que modificó el grado de discapacidad reconocido al guardia civil.
Del 33% se la rebajó al 30% por limitación funcional en MSI por tendinopatía de etiología no filiada (valoración parcial 3%), trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 20%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8), grado de limitación de la actividad 29%, y factores sociales complementarios 1 punto.
Por debajo del 33% no hay ayudas
La ley establece distintas ayudas según el grado de discapacidad. A partir del 33%, hasta el 65%, los afectados pueden acogerse a exenciones fiscales en impuestos como el IRPF, el IVA de algunos productos, el de Circulación, el de Matriculación… y reciben ciertos beneficios a la hora de acceder a empleos públicos, viviendas y el bono social para pagar la luz.
Sin embargo, por debajo del 33% de discapacidad no se concede ninguna prestación.
Por tanto, ese cambio de porcentaje afectaba sensiblemente a este guardia civil herido en el atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos.
Demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, y tuvo éxito: el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos anuló la resolución que rebajaba la discapacidad al 30%, y se la mantuvo en el 33%.
“No existe mejoría”
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La Sala de lo Social del tribunal no aceptó los argumentos de la gerencia. Rechazó modificar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia. La juez de lo Social había considerado que “no existe la mejoría en el actor apreciada en el expediente administrativo”, y concretamente, que los servicios sociales y sanitarios de Castilla y León no habían aportado “elemento probatorio alguno que permita llevar a cabo la reducción del porcentaje pretendida” en cuanto al grado de discapacidad.
La sentencia del TSJ parte “inalterado relato de hechos probados de la sentencia y de las apreciaciones de igual carácter realizadas en la fundamentación jurídica”, y de ello resulta “que el trastorno psiquiátrico que sufre el impugnante es crónico y supone alteraciones que se mantienen en la misma situación que cuando se concedió el porcentaje inicialmente reconocido”.
De ahí que desestime el recurso de la Junta de Castilla y León y confirme el grado de discapacidad del 33% para el guardia civil recurrente.
