Guardias civiles destinados en el CNI logran una subida de 176 euros al mes

Los agentes recurrieron al TSJ de Madrid, ante la negativa de la Dirección General a aplicarles las mejoras de la equiparación salarial que cobra el resto de la plantilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Guardia Civil.
  1. Doctrina del Supremo
  2. La directora general lo denegó
  3. En comisión de servicio en Melilla
  4. Allanamiento del abogado del Estado
  5. La Guardia Civil también ‘se rinde’
  6. 176 euros más al mes en el CNI
  7. Gran Canaria, Cádiz, Melilla, Sevilla...
  8. Reclamaciones y cambios desde 2019
Sede central del Centro Nacional de Inteligencia.
Sede central del Centro Nacional de Inteligencia.

 

Los guardias civiles en situación de reserva destinados en Centro Nacional de Inteligencia ya han recibido las subidas de sueldo que les correspondían por el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior por la “equiparación salarial” de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Así lo recoge una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de octubre, con la que resolvió el recurso de dos agentes de la Guardia Civil destinados en el CNI.

Doctrina del Supremo

Estos dos guardias civiles presentaron entre noviembre y diciembre de 2022 sendas instancias para pedir que se les abonaran las cantidades correspondientes al Componente Singular del Complemento Específico (una parte del sueldo en la Guardia Civil) derivadas de las Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, más los intereses legales correspondientes.

Pidieron que les pagaran ese dinero “en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4º, de fecha 20/06/2022 en los recursos de casación números 2926/21 y 1168/2021”.

En junio de 2022, el Supremo unificó doctrina, en relación con el cobro por los guardias civiles en la reserva con destino en órganos ajenos al Ministerio del Interior de las cantidades establecidas en el acuerdo por la equiparación salarial.

La Dirección General no estaba aplicando esa subida salarial al personal en reserva en órganos ajenos, alegando que esos agentes desempeñaban puestos de trabajo no incluidos en el catálogo del cuerpo.

El Supremo entendió que esos guardias civiles ocupaban un puesto convocado por la Dirección General, y que a todos los agentes en situación de reserva con destino asignado de conformidad con el reglamento de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil deben cobrar de igual forma esa subida salarial pactada por el Ministerio del Interior y la mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La directora general lo denegó

Pese a esa sentencia de junio de 2022, el 24 de enero de 2023 la entonces directora general de la Guardia Civil María Gámez resolvió denegar las solicitudes de los dos guardias civiles de este caso, que pidieron precisamente que se les pagara esa subida del Componente Singular del Complemento Específico.

 

La directora general argumentó que las sentencias del Supremo citadas no eran de aplicación a los dos solicitantes, porque esos fallos judiciales “sólo reconoce[n] efectos a situación jurídica individualizada sin que quepa su extensión”.

Además, justificó que el acuerdo de equiparación salarial no se aplica a los guardias civiles que como los demandantes se encuentran destinados “en órganos ajenos a la estructura orgánica de la Guardia Civil” estableciendo con ello que estos puestos de trabajo no están incluidos en el catálogo de puestos de la Dirección General de la Guardia Civil “sin que le sean aplicables las resoluciones de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) sobre equiparación salarial vinculadas al catálogo de Guardia Civil”.

Por último, Gámez señaló quien debía hacerse cargo de las retribuciones era el “organismo ajeno” donde prestaban servicios esos dos guardias civiles.

En comisión de servicio en Melilla

Según la sentencia del TSJ de Madrid del 27 de octubre, los recurrentes eran guardias civiles “en situación administrativa de reserva conforme a lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 728/2017, de 21 de julio”.

Ese artículo establece que los miembros de la Guardia Civil pasan a la reserva al cumplir ciertas edades, según la escala y el empleo: los de la Escala de Cabos y Guardias (guardia, cabo, cabo 1º, cabo mayor), a los 58 años.

Estos dos guardias civiles estaban en la reserva, pero estaban destinados “en comisión de servicio en la Subsecretaría de Defensa de Melilla”, quizás queriendo decir “Subdelegación de Defensa en Melilla”, o Subsecretaría de Defensa, en Melilla.

Esa era su dependencia oficial, pero realmente desempeñaban su trabajo, como guardias civiles en la reserva con destino, para el Centro Nacional de Inteligencia. Así lo revela la sentencia consultada por ECD.

Allanamiento del abogado del Estado

Resulta que ante la denegación recibida por parte de la directora general de la Guardia Civil, estos dos agentes recurrieron a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al llegar el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y trasladarlo éste a la Abogacía del Estado, el abogado del Estado presentó el 10 de agosto su allanamiento: es decir, que no se opuso al recurso.

El abogado del Estado recordó, precisamente, que se había dictado la sentencia de junio de 2022 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que se declara que también los guardias civiles en situación de reserva que no prestaban servicios en la Guardia Civil sino “en catálogos ajenos” en virtud de convocatorias de libre designación realizadas por la propia Dirección General de la Guardia Civil debían percibir el Complemento Específico Singular contemplado en el acuerdo de equiparación salarial.

“A la vista de estos antecedentes, por medio del presente escrito esta Abogacía del Estado [...] manifiesta el allanamiento a la demanda”, señaló en su escrito.

Lo acompañó con un escrito previo de la Abogada del Estado-Jefe, de 8 de agosto, en el que autorizaba el allanamiento en este caso.

La Guardia Civil también ‘se rinde’

Este escrito superior de autorización revela que, sorprendentemente, “consultados los antecedentes y visto el parecer favorable de la Dirección General de la Guardia Civil, expresado en sendos oficios de fecha 28 de julio de 2023 emitidos por el General Jefe de Personal, en el que señala que a partir de diversas sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (entre otras, citamos la Sentencia 789/2022, de fecha 20 de junio de 2022, rec. Cas. 1168/2021), y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cuestión litigiosa respecto al CES que deben percibir los guardias civiles en situación de reserva que prestan servicio en puestos de trabajo de organismos ajenos, como es el caso del recurrente, se encuentra resuelta en sentido estimatorio”.

Es decir, que en junio de 2023 el jefe de Personal de la Guardia Civil consideró que había que subir el CES conforme la equiparación salarial a los guardias civiles en situación de reserva que prestan servicio en puestos de trabajo de organismos ajenos, cuando cinco meses antes la directora general de la Guardia Civil había dictado resoluciones en contra.

Más allá de esa contradicción, la Abogacía del Estado autorizó y manifestó su allanamiento al recurso formulado por los dos guardias civiles de este caso.

176 euros más al mes en el CNI

Pero ese escrito de la Abogacía del Estado desveló otro dato importante. En los oficios del general jefe de Personal de la Guardia Civil se recogió que la Subdirección General de Personal del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) había informado que “a todo el personal del cuerpo [de la Guardia Civil] en situación de reserva destinados en la Subdirección [sic] de Defensa y con dependencia funcional de dicho Centro Nacional de inteligencia, se les incrementaron las retribuciones percibidas en el concepto de ‘OTROS’, en la cantidad mensual de 176,58 euros, en doce pagas, con efectos de 1 de enero de 2021 (actualizada conforme a las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado en los ejercicios 2022 (3,5%) y 2023 (2,5%))”.

Explicó la Subdirección General de Personal del CNI que dichos incrementos tenían como objeto compensar económicamente a dicho personal precisamente por no aplicárseles la equiparación salarial, por lo que en las liquidaciones resultantes habría que tener por percibidas dichas cantidades, conforme a lo indicado por el propio órgano pagador.

Es decir, que a raíz del recurso que formularon dos agentes para reclamar que les aplicaran las subidas salariales de la equiparación con los policías autonómicos, el CNI ha declarado que a los guardias civiles en la reserva que trabajan para el centro les subieron el sueldo en 176 euros al mes, con efectos del 1 de enero de 2021.

Queda entonces la duda de si esa subida se aplicó posteriormente al recurso de los dos guardias civiles protagonistas.

Gran Canaria, Cádiz, Melilla, Sevilla...

Esta sentencia del TSJ de Madrid no es la única que da la razón a los guardias civiles en la reserva y con destino en organismos ajenos al Ministerio del Interior que reclamaron que se les aplicaran todas las subidas de sueldo contempladas en el acuerdo por la equiparación salarial.

También en octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal estimó otros recursos de agentes de la Guardia Civil en esa misma situación.

Uno de los recurrentes era guardia civil en la reserva y destinado “en la Subsecretaría de Defensa de Las Palmas, donde fue nombrado para ocupar la vacante de libre designación en comisión de servicio […] y estando encuadrado administrativamente en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria”.

De nuevo, este guardia civil desempeñaba “puestos de trabajo no incluidos en el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil”, en este caso, “en concreto en el Ministerio de Defensa (CNI)”.

El abogado del Estado manifestó su allanamiento, igual que ante el recurso de otro guardia civil en la reserva, en comisión de servicio en la “Subsecretaría de Defensa de Sevilla”. También en este caso trabajaba para el CNI, y por eso se recogió la información dada por la Subdirección General de Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Ha habido más pronunciamientos iguales para otros guardias civiles que trabajan para el servicio de inteligencia, como uno que estaba en “comisión de servicio en la vacante de la Subsecretaria de Defensa, en la plaza de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

En este caso, la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que le denegó subirle el sueldo conforme al acuerdo para la equiparación salarial había dado otros argumentos.

Acordó desestimar su solicitud “entendiendo que la prestación de servicios en el organismo ajeno, es remunerada por su correspondiente pagaduría / habilitación, conforme a sus propios fondos presupuestarios y criterios de asignación, en uso de su autonomía presupuestaria, la aplicación al Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, es con carácter subsidiario, a falta de normas específicas para formalizar la dependencia funcional con el CNI, de quien no forma parte de su personal estatutario, conforme se establece en la Disposición final tercera -Personal no incluido en la relación de puestos de trabajo del CNI, del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril”.

Se ha beneficiado de un sentencia igual al menos otro guardia civil destinado en Melilla, y que presta servicio en el CNI.

Reclamaciones y cambios desde 2019

La aplicación de la subida de sueldos contemplada en el acuerdo de equiparación salarial a los guardias civiles en situación de reserva y destinados en organismos ajenos a la propia Guardia Civil y al Ministerio del Interior acumula distintos avatares.

Por ejemplo, en enero de 2019 la Comisión de Retirados y Reserva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) envió una carta al director general de la Guardia Civil para denunciar el agravio entre los guardias civiles en la reserva destinados en organismos ajenos.

Unos habían cobrado el primer tramo de la equiparación salarial (aprobada en 2018), y otros no. “El agravio es más ostensible, si cabe, entre guardias civiles destinados en el mismo Ministerio de Defensa, puesto que unos sí lo cobran y otros no, siendo estos últimos quienes realizan su trabajo en el CNI, estafetas de cuarteles generales del Ejército de Tierra, residencias logísticas, labores de mantenimiento y catalogación en instalaciones militares, centros de Historia y Cultura Militar, etcétera”, denunció esta asociación.

Pero los guardias civiles en reserva “que realizan su trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa o ISFAS, sí lo cobran, lo que hace que la situación resulte incomprensible tanto para esos guardias civiles discriminados como para esta comisión que se encarga de velar por sus intereses”.

Ese mismo mes, el diario El Mundo contó que decenas de agentes en esta misma situación estaban recurriendo a los tribunales para cobrar la equiparación salarial como sus compañeros de cuerpo. Entre los afectados por no haber percibido la subida de sueldo estaban “los agentes de la Guardia Civil que protegen las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que son un grupo de entre 100 y 200 agentes en situación de reserva con destino”.

Explicaba la noticia que eran guardias civiles con más de 30 años de servicio, que trabajaban no como agentes de inteligencia, sino protegiendo instalaciones del CNI.

A finales de ese año 2019, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) celebró que los agentes en la reserva con destino en el CNI estaban recibiendo en sus nóminas hasta 6.000 euros en concepto de atrasos de la equiparación salarial.

Pero el conflicto no terminó, porque en febrero de 2021 El Mundo contó que los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas estaban desestimando recursos de decenas de guardias civiles en la reservado destinados en el CNI.

Y aún en 2023, como se ha visto, la Dirección General de la Guardia Civil denegaba esa subida, que finalmente el CNI confirmó que se había pagado a todos los guardias civiles en la reserva destinados en el servicio.

Un guardia civil.
Un guardia civil.

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