Moncloa se niega a revelar a qué altos cargos se revisó el móvil por Pegasus

El Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a dar detalles sobre las medidas de seguridad que existen para evitar que los teléfonos móviles de altos cargos de la Administración General del Estado y de otras instituciones sean víctimas de ciberataques con programas espía como Pegasus.

Poco después de que The New Yorker publicara un estudio que aseguraba que unos 60 dirigentes independentistas catalanes habían sido espiados con Pegasus, de la empresa israelí NSO, los ministros Félix Bolaños e Isabel Rodríguez comparecieron por sorpresa para revelar que el Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) había detectado que a los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles les robaron información entre mayo y junio de 2020.

Después se conoció que lo mismo sucedió con el teléfono de Fernando Grande-Marlaska. El móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, sufrió un intento fallido de infección con Pegasus, mientras que el Gobierno no confirmó que el de Arancha González Laya, entonces titular de Asuntos Exteriores, también fuera espiado, como publicó El País.

El Ejecutivo apuntó que se revisarían los teléfonos móviles de otros ministros, e incluso se ofreció esa revisión a los presidentes de los gobiernos autonómicos. También se revisó el móvil del rey Felipe VI, así como de altos cargos situados en puestos especialmente sensibles para la seguridad nacional, como el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Se da por hecho que, para determinar que los móviles de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska habían sido espiados, se analizaron estos y otros terminales sensibles.

Confidencial Digital ha podido saber que, al día siguiente de que los ministros de Presidencia y de Política Territorial revelaran el hallazgo de Pegasus en los móviles del presidente y de la ministra de Defensa, llegó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno una solicitud de un particular que quería saber más datos sobre este asunto.

Este ciudadano se acogió a la Ley de Transparencia para solicitar “conocer desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad todos y cada uno de los móviles de altos cargos del Estado que han sido revisados por Presidencia del Gobierno para saber si han sido infectados con Pegasus o si pueden haber sido víctimas de espionaje”. Esta petición se registró el 3 de mayo ante Presidencia del Gobierno.

El solicitante pidió saber, en cada caso, “en qué fecha se hizo la revisión del móvil, a qué alto cargo pertenecía y el resultado” del análisis, es decir, “si se dictaminó que no había sido infectado con Pegasus ni espiado en general o si la respuesta para una de las dos preguntas fue afirmativa y en qué fechas fueron víctimas de ese posible ataque”.

En la solicitud incluyó un aviso, ante la posibilidad de que el Gobierno denegara los datos requeridos: “Recuerdo que se trata de información de interés público sobre la que no caben límites que prevalezcan por encima, así lo demuestra que el propio Gobierno haya anunciado los espionajes a los móviles de dos altos cargos (el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles)”.

Información denegada

Ese último aviso no ha impedido que la Secretaría General de Presidencia, que dirige Francisco Martín, haya respondido con una negativa: “Se resuelve denegar el acceso a la información solicitada”.

Presidencia se acoge al artículo 14 de la Ley de Transparencia, que contempla que el derecho de acceso a información pública “podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para, entre otros, la seguridad nacional, la defensa, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.

También argumenta Presidencia que “el artículo 14.2 de esta misma norma señala que la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Revelaría los protocolos de seguridad

Con esa justificación legal, desde Moncloa respondieron al solicitante que la información que pedía estaba relacionada “con actuaciones en materia de seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España”.

El problema residía en que “hacer públicas las fechas de revisión de los terminales móviles, el destinatario de cada actuación y el resultado de las mismas, en un periodo de tiempo determinado”, que era lo que pedía este particular, “facilitaría pautas de actuación que permitiría conocer los protocolos de seguridad establecidos”.

Eso, según Presidencia, pondría en riesgo “las comunicaciones del Gobierno de España y de los altos cargos de la Administración General del Estado”.

Seguridad nacional, exteriores y defensa

La resolución que denegó la información solicitada se detiene en fundamentar la respuesta negativa y ese argumento concreto.

“Debe tenerse en cuenta que el Gobierno, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado”, se indica en la respuesta, y “en consecuencia, el eventual conocimiento de la sistemática de revisión de terminales abriría una ventana de vulnerabilidad en las comunicaciones del Poder Ejecutivo”.

Esta “ventana de vulnerabilidad”, consideró la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, “causaría un perjuicio cierto para la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la defensa, considerando este órgano que los beneficios derivados de la evitación del perjuicio han de prevalecer sobre el interés público que pueda conllevar la difusión de la información”.

Añadió un motivo añadido para negarse a dar información sobre las revisiones de seguridad a los móviles de los altos cargos: “Adicionalmente, señalar que el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de Madrid instruye causa relacionada con el objeto de la solicitud, por lo que la difusión de la información solicitada podría suponer un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos, así como para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.

Coordinación de las comunicaciones

La resolución la firma la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz.

Cuando saltó la noticia del espionaje a los móviles del presidente y de varios ministros, Vozpópuli señaló qué altos cargos tenían competencias en la protección de las comunicaciones del jefe del Ejecutivo. Hay que recordar que en esas fechas Félix Bolaños y Margarita Robles se estaban peleando públicamente por derivar el uno en el otro la responsabilidad sobre este asunto.

De acuerdo con el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, una de las funciones del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica es “la gestión y la coordinación de los sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática”.

Judit Alexandra González Pedraz fue, antes de llegar a Presidencia, subdirectora general de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, en la etapa de Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia.