Seguridad

Policías nacionales invitan a la delegada contra la violencia de género a visitar las unidades de atención a la mujer

Denuncian que las UFAM “están mal dimensionadas y desbordas”, y que el Gobierno gasta dinero en publicidad en vez de invertir en agentes y formación de las Fuerzas de Seguridad

El repunte de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas este mes de diciembre ha encendido todas las alertas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Todos los focos se han puesto en el Ministerio de Igualdad, mientras que desde Podemos señalan a los jueces, al Ministerio de Justicia -hubo una pequeña manifestación ante el ministerio- e incluso a las Fuerzas de Seguridad.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), representado en la Policía Nacional, critica que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género haya echado públicamente la culpa a policías y jueces.

A Victoria Rosell, alto cargo del equipo de Irene Montero y ella misma jueza, le reprocha que no reconozca que “sus políticas son un fracaso”.

Además, este sindicato invita a Rosell a que acuda a cualquier comisaría de la Policía Nacional, para conocer en primera persona las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y así “vea cómo, dónde y de qué forma tienen que desarrollar su labor diaria”.

El Sindicato Unificado de Policía denuncia que estas unidades “están mal dimensionadas y desbordadas”. También señala que la Policía tiene sus límites operativos.

Al mismo tiempo, critica que el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas prefieren gastar “millonadas en campañas publicitarias, en lugar de invertir en plantilla policial, formación de agentes, vehículos e instalaciones para estas unidades”.

El SUP apunta que “invertir en más medios es tan urgente como necesario, pero indudablemente eso cara la opinión pública no vende, es dinero invertido que no se ve, y es mejor invertir en medidas populistas y echar la culpa a otros de una problemática gravísima”.

Por eso, las claves para mejorar la protección de las mujeres ante la amenaza de sus parejas es la “educación, prevención, coordinación entre operadores jurídicos, mejora del intercambio de información entre ellos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Y añaden que “también se requieren más casas de acogida, más ayuda psicológica y más formación”.

Concluyen pidiendo “al Gobierno y en especial a su delegada contra la Violencia de Género a dejar de hacer propaganda con algo tan sumamente grave y dotar de medios a todas las partes implicadas en esta lucha de crucial importancia para la sociedad”.

 
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