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Los juzgados de Madrid, al borde del colapso por el 8-M

Una oleada de quejas de feministas contra jueces, acusados de dictar “sentencias patriarcales”, ha inundado las dependencias de Plaza de Castilla

Protesta contra la "Justicia patriarcal".
photo_cameraProtesta contra la "Justicia patriarcal".

Varias asociaciones feministas han llamado a presentar quejas contra los jueces que hayan dictado sentencias o resoluciones “patriarcales”, en el marco de la huelga con motivo del día de la mujer.

Estas quejas contra jueces se pueden presentar ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ a través de la página web del Consejo, del registro de cualquier organismo público, de las oficinas de Correos o de los propios juzgados.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital de funcionarios de los juzgados de Madrid, situados en plaza de Castilla, están recibiendo desde hace varios días “centenares” de reclamaciones de este estilo que amenazan con “colapsar” el registro.

El decanato de la Justicia madrileña no ha confirmado esta información que transmiten funcionarios de los juzgados de la capital.

Jueces señalados

Según aseguran estos funcionarios a ECD, estas quejas han sido interpuestas por mujeres contra varios jueces.

En concreto, contra los siguientes magistrados:

--Francisco Javier Martínez Derqui, ex titular del juzgado de violencia contra la mujer número 7 de Madrid, por llamar “hija de puta” a una denunciante de agresión machista.

--Ricardo González, magistrado de la Audiencia de Pamplona, por emitir un voto particular en la sentencia de La Manada pidiendo la absolución de los acusados.

--Carmen Molina, juez de violencia de género de Vitoria, por preguntar a una denunciante de violación si “había cerrado bien las piernas”.

--Juan Manuel Piñar, juez de lo penal de Granada, por condenar a Juana Rivas a cinco años de cárcel por secuestrar a sus hijos durante cinco meses.

--Francisco Vieira, juez de la Audiencia Nacional que cuando ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó una sentencia en la que declaró que no hubo “ensañamiento” en el asesinato de una mujer a la que un conocido asestó 70 puñaladas.

También se han registrado quejas contra otros jueces por dictar “sentencias patriarcales”.

Motivo de las reclamaciones

El texto que acompaña las reclamaciones dice lo siguiente: 

“Las mujeres sufrimos tratos injustos en los tribunales de justicia, por parte de jueces, magistrados y letrados. En la declaración la mujer víctima de violencia de género sufre grandes prejuicios y estereotipos de género por parte de los tribunales que hacen lo posible para que no sea creíble su testimonio.

Los tribunales especializados en delitos contra la mujer, carecen de formación. Rodeos semánticos son  utilizados para no llamar a las cosas por su nombre conduciendo así a sentencias injustas sin perspectiva de género.

Quiero asegurar una verdadera igualdad en los tribunales y una búsqueda de justicia que no defienda al agresor y criminalice a las mujer y por ello solicito:

Aplicación inmediata del Convenio de Estambul, ampliar el concepto legal de violencia de género a delitos contra la libertad sexual, stalking, sexting, acoso por razón de sexo cuando son contra mujeres; que el sistema judicial atienda un saber consolidado desde la Psicología, que lleva años estudiando las respuestas de las mujeres ante agresiones sexuales.

Eliminar la restricción de ser pareja o expareja en la definición de víctimas de violencia de género. Contemplar el uso de la terminología violencias machistas para los delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Tipificación del acoso callejero. Inclusión en todas las oposiciones que incorporen operadores jurídicos temas específicos de formación en género (y no solo Ley de Igualdad o Ley Integral).

Formación obligatoria en género (y evaluación de dichos conocimientos) a quienes estén en contacto directo con víctimas de violencia de género o violencias machistas en los tribunales y procesos judiciales.

Que los delitos de violencias machistas (en su definición ampliada) solo puedan ser juzgados por personas con formación exhaustiva (especializada y evaluada) en género.

Revisiones legislativas con enfoque de género. Formación transversal en género en todas las fases de la formación obligatoria, secundaria y universitaria en las distintas especialidades jurídicas, científicas y humanísticas”.

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