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José Apezarena
José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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De Carmen Calvo a los privilegios de funcionarios y de políticos

Carmen Calvo.
photo_camera Carmen Calvo.

El ingreso de Carmen Calvo en la clínica Rúber de Madrid, por una infección respiratoria, ha suscitado bastante polémica, sobre todo en las redes sociales.

Desde los ámbitos gubernamentales, y desde medios de comunicación afines, se ha intentado explicar que la vicepresidenta es funcionaria, y que como tal tiene acceso a unos acuerdos con Muface que le permiten ingresar en un centro sanitario privado, como es el caso del Rúber.

Una de las cuestiones debatidas se ha centrado en preguntar por qué los funcionarios se lucran de una posibilidad, la mutualidad Muface y con ello el acceso a centros privados, que no tienen el resto de afiliados a la Seguridad Social.

La cuestión de los privilegios del funcionariado ya se planteó, muy en serio, durante la crisis económica de 2008, cuando cientos de miles de españoles perdieron sus empleos, mientras que en la función pública no hubo cierres patronales, EREs, ni despidos.

Y eso mismo empieza a debatirse ahora, ante la previsión de que la pandemia de coronavirus traerá consigo un desplome laboral como pocas veces hemos conocido, por el cierre de empresas y el cese de actividad en campos tan sensibles como el turismo.

El presidente de la patronal textil valenciana, Cándido Peñalva, acaba de demandar un “reparto de sacrificios” en la actual crisis sanitaria.

Una de sus propuestas es “reducir temporalmente el salario de los empleados públicos (excepto sanitarios y seguridad) y destinar esos recursos para la crisis sanitaria y el colapso económico”.

“Los funcionarios tienen garantizado su trabajo, pero millones de personas ocupadas en el sector privado, no. Muchos empresarios hemos tenido que cerrar”, afirmó Peñalba. En una semana, en la comunidad se han producido 75.000 despidos temporales.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, afirmó que “no se aplicarán ERTE a las empresas públicas”, con el argumento de que todos estaban trabajando estos días.

Empresarios de la región le han respondido que deben “aplicarse ERTE también en empresas públicas, no hacer de ellas un sector privilegiado ajeno a la crisis. Y todos sabemos que hay empleados públicos con apenas tareas en estos momentos, o al menos no esenciales”. Argumentan que es una necesidad “de justicia social”.

El presidente de la patronal, que ha planteado que se bajen los salarios a los empleados públicos, no se ha quedado ahí. Ha propuesto, igualmente, que se rebajen a los políticos.

Siempre he pensado, y lo he dicho y escrito aunque pueda parecer impopular, que en España se paga poco a los políticos. Por eso no creo que la solución a la grave crisis que se avecina esté en rebajarles el sueldo.

Pero sí es de exigir ejemplaridad en sus comportamientos. Y ahora lo de Carmen Calvo, como ocurre con otros ministros en otros campos, no es muy ejemplar, si se compara con lo que ocurre a decenas de miles de españoles de a pie.

No digo que no tenga derecho a esa asistencia sanitaria. Y le deseo que se recupere cuanto antes. Pero las comparaciones resultan inevitables.

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