¡Qué vergüenza lo de Ginebra!
PSOE y Junts se han reunido en Ginebra para poner en marcha el proceso de vigilancia al Gobierno de España sobre el cumplimiento del pacto que permitió la investidura de Pedro Sánchez.
Aquel acuerdo se negoció, y hasta firmó, fuera de España. Y, ahora, el seguimiento se materializa también fuera de nuestras fronteras, con la supervisión de un ciudadano salvadoreño experto en guerrillas sudamericanas. ¡Un acierto, sin duda!
¡Qué vergüenza! Vergüenza para el presidente del Gobierno, para el Gobierno, para las Cortes, representación de la soberanía nacional, para España y para el conjunto de este país, y, en fin, para los españoles. En este caso, la expresión ‘bananero’ sería casi casi un elogio.
España es una democracia plena que no necesita ningún verificador internacional. España no tiene un conflicto internacional. Una minoría de una comunidad autónoma chantajea al Gobierno porque se le permite. Para resolver un problema de partido se ha creado un problema de Estado.
Bochornoso resulta asistir al espectáculo de un presidente del Gobierno chantajeado. El prófugo Carles Puigdemont, se permite amenazar a Sánchez con una moción de censura si no ve “avances suficientes” en el cumplimiento de lo firmado. ¿Cumplimiento por parte de quién? Por parte del Gobierno, por supuesto. Un delincuente amenazando al Gobierno de España.
Y, al mismo tiempo, siguen saltando novedades a cual más escandalosa, sobre la ejecutoria de quien dirige este país. La suma de atropellos parece difícil de superar.
El Consejo del Poder Judicial declarando a Álvaro García Ortiz no idóneo para seguir siendo fiscal general del Estado. Le imputan haber incurrido en “desviación de poder” cuando ascendió a la ex ministra Dolores Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal.
Y el Supremo anulando el nombramiento de Magdalena Valerio, ex ministra de Zapatero, como presidenta del Consejo de Estado “por no ser jurista de reconocido prestigio”. Es que haber terminado la carrera es todo su currículo jurídico.
El Gobierno, el mismo al que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales decisiones tomadas durante el Covid, como el cierre por completo del Parlamento, adoptó en el caso de Valerio una decisión ilegal.
El mismo Gobierno que acusa a la judicatura española de actuar con fines de persecución política, que eso es lo que significa la palabra 'lawfare'. Como ha dicho Edmundo Bal, un escupitajo a todos los jueces de mi país.
Remató la faena el triministro Bolaños, diciendo que no comparte la anulación del nombramiento de Valerio porque “no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son competencia del Gobierno de España”.
¡El Tribunal Supremo, una entidad privada! ¡Dicho por el ministro de Justicia! Quien, con un planteamiento propio de regímenes dictatoriales, considera que lo que aprueba el Gobierno no puede ser cuestionado por nadie.
Un titular de Justicia, a su vez, al que han sacado bien los colores desde Bruselas por haber afirmado, solemnemente y falsamente, que en Europa hay “cero preocupación” por la ley de amnistía pactada con ERC y Junts para pagar la investidura de Pedro Sánchez.
Una más. El Tribunal de Cuentas ha destapado “incumplimientos en la normativa de contratación” en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que preside una vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. La fundación hizo adjudicaciones a la trama del Tito Berni.
Y Tel Aviv, en fin, ha retirado su embajadora en Madrid, como reacción a las afirmaciones de Pedro Sánchez poniendo en duda que Israel esté cumpliendo el derecho internacional humanitario.
¿Qué más puede ocurrir, en este país sufriente?
Vergüenza lo de Ginebra y todo lo demás.
Y, sin embargo, como ha escrito más de una vez, aquí no pasa nada. Por ahora.
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