Opinión

Por la boca… Una ley de educación y un ataque a la libertad de expresión

Isabel Celaá, en el Senado.
photo_camera Isabel Celaá

Walter Kronkite, eminente periodista norteamericano, decía que la preservación de nuestras libertades, depende de que la nuestra sea una ciudadanía ilustrada.

Una ley y una especie de conato de ley, coinciden en el tiempo político del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos.

Una ley que cercena de raíz las libertades de los padres en relación con la educación de sus hijos, y el derecho de todo ciudadano a crear centros educativos, según el artículo 27 de la Constitución, y que fundamentalmente se encamina al grave deterioro de la instrucción y de la cultura de las nuevas generaciones. Y, simultáneamente, un intento de privar a los ciudadanos del sagrado derecho a estar informados y de impedir a los medios y a los profesionales de la comunicación la libertad de informar, con la consiguiente responsabilidad ante la sociedad, según el artículo 20 de la Constitución.

Demasiadas afinidades en ambas acciones políticas de Sánchez y de Iglesias, de los comunistas de Podemos y del Partido Socialista, como para no pensar que, a lo peor, no se trata de una casualidad en el tiempo, sino de un proyecto perfectamente planificado.

Se está jugando un juego en el que saldrán perdiendo las libertades y los derechos de los padres y de quienes pretendan erigir centros educativos  mientras, con una pérfida ley de educación, se sientan las bases para desarmar intelectualmente a los futuros votantes.

El fin primordial de todo partido político es la consecución del poder, objetivo plausible, siempre y cuando se haga por medios legítimos. Llegar al poder exige el paso previo por las urnas, pero se puede estar prostituyendo la posibilidad de discernimiento de los ciudadanos a la hora de ejercer el voto.

Walter Kronkite, eminente periodista norteamericano, decía que “la preservación de nuestras libertades, depende de que la nuestra sea una ciudadanía ilustrada” y añadía: “es probable que quienes obtienen la mayor parte de su información en ciertos medios, no estén consiguiendo la suficiente (información) para ejercer su derecho al voto en un sistema democrático”. La conclusión es evidente, anterior al ejercicio del voto puede haber una información, sesgada, manipulada o insuficiente, que prive al ciudadano de elementos de juicio imprescindibles, porque “los demagogos y los dictadores, hacen presa sobre los poco o mal informados”.

A nadie se le escapa que, en esa situación, la enseñanza, la instrucción y la cultura, son armas fundamentales para conseguir ciertos resultados.

Decía Thomas Jefferson que “la nación que aspira a ser ignorante y libre, aspira a lo que no puede ser y nunca será”.

Está en juego algo mucho más trascendental que los artículos de una Constitución que puede ser cambiada e incluso derogada. Están en juego la democracia y la libertad de la sociedad española.

La carcajada: A propósito de la Ley Celaá dice Gil, portavoz del PSOE en el Senado: “Casado es experto en hacer trampas educativas”.

 
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