Colapso en los juzgados: un tribunal fija una audiencia previa para el 19 de febrero de 2018
El juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla acaba de señalar para dentro de tres años la fecha de una audiencia previa, primera parte de un juicio civil que precede a la vista oral si no hay acuerdo entre las partes. Se trata de una denuncia contra Caixabank por una clausula suelo hipotecaria que fue interpuesta por el afectado en 2014.
Puesta la denuncia, los afectados no podrán hacer nada hasta cuatro años después, en febrero de 2018. Además, se trata sólo de una audiencia previa, la primera parte de un proceso civil que si no hay acuerdo se suele retrasar aún más hasta que el juez determine la fecha del juicio oral. Lo normal es que el momento del juicio oral se retrase seis meses u otro año más desde la audiencia previa.
Este es el último ejemplo del colapso que se vive en los juzgados de toda España pese a que el Gobierno del PP introdujo al inicio de la legislatura las tasas judiciales con el objetivo de reinvertir ese dinero en mejorar el sistema judicial español. La semana pasada, ante una pregunta en el Congreso de UpyD, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció que desconocía el destino de los más de 500 millones de euros que se habían recaudado con las tasas.
Ante esta situación, un grupo de juristas se ha unido para, a través de las redes sociales, denunciar el estado de los juzgados y los retrasos en los procesos. Se la conoce como la 'brigada tuitera' y poco a poco van consiguiendo que se conozca la situación de los juzgados españoles, donde se han visto fotografías de baños utilizados como almacenes de procesos judiciales.
Además del caso de Sevilla y de la denuncia por la cláusula suelo hipotecaria, esta semana se han conocido más casos de juicios señalados para dentro de hasta tres años. Este martes, 17 de febrero, un juzgado de Málaga ha fijado un juicio penal para el 15 de enero de 2018.
En Palma de Mallorca se ha fijado también esta semana una audiencia previa de un proceso laboral para el 28 de abril de 2017, dentro de más de dos años. También en un juzgado de esta ciudad se ha señalado otro juicio laboral para septiembre de 2017. En Toledo, se ha fijado otro juicio para enero de 2018.
Febrero de 2019
Febrero de 2018, enero de 2018, septiembre de 2017 y abril de 2017. Son las fechas de los últimos juicios denunciados por la 'brigada tuitera' sólo este jueves. Con todo, los juristas que están utilizando las redes sociales para poner de manifiesto la realidad de la justicia en España hicieron público hace unas semanas un caso aún más grave: el juzgado de lo Social número tres de Sevilla ha señalado un juicio para el 6 de febrero de 2019, es decir, dentro de cuatro años.
El objetivo es conseguir que el Gobierno ponga más medios, humanos y técnicos, para agilizar la justicia y acabar con los retrasos. Diferentes asociaciones de jueces, como Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia, se han unido a estas críticas. “Pero en lugar de arreglar esto, lo que quiere hacer el gobierno encima es limitar el periodo de instrucción de los casos. Es insólito”, aseguran desde una asociación.
El segundo objetivo es que el titular de Justicia cumpla su palabra y elimine o reduzca las tasas judiciales aprobadas por el anterior ministro, Alberto Ruíz Gallardón. Diferentes asociaciones y organizaciones de magistrados y fiscales han alertado de que las tasas judiciales han obligado a muchos ciudadanos a no presentar recursos cuando pierden los juicios en primera instancia, algo que va contra la igualdad de la justicia.
