El debate de fondo en el CGPJ: ¿El Consejo depende del Parlamento o del Gobierno?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un debate interno sobre qué implica para este órgano ‘estar en funciones’. Algunos de sus miembros consideran necesaria la Ley Orgánica que plantea el Gobierno para limitar sus atribuciones cuando el mandato de cinco años esté vencido, mientras que otros expresan que no debe existir ninguna restricción a sus poderes constitucionales. Fuentes internas reconocen que hay una “fractura” en torno a este punto. Este jueves se pronunciaron con un comunicado que firmaron 16 de los 21 vocales, mientras que los otros 5 propusieron una renuncia en bloque. 

“Algunos parten de la base errónea de que el Consejo es un reflejo del Parlamento”, expresan fuentes del CGPJ. En el último pleno del año -que se realiza mensualmente y que reúne a todos los miembros- se debatió sobre las atribuciones que los juristas deben tener cuando llevan más de dos años con el mandato vencido. Es el CGPJ más longevo de la historia y algunos miembros no quieren ser recordados por eso. Por eso, en el debate de este jueves se puso en valor todas las cosas reseñables que el Consejo ha llevado a cabo. 

Una mayoría rechaza la Ley propuesta por el Gobierno que pretende evitar que el órgano de gobierno de los jueces pueda realizar nombramientos discrecionales en este periodo. “Una cosa es el Gobierno en funciones y otra cosa es el Poder Judicial en funciones”, expresó un vocal en la reunión. Fuentes presentes explican que Enrique Lucas expuso una argumentación muy sólida en torno a esta idea que se basa en que si el Ejecutivo pierde la confianza del resto de diputados el Parlamento se debe disolver, pero que otra cosa bien diferente ocurre en el Poder Judicial. 

Los vocales conservadores defendieron que si en la Constitución se hubiese buscado un periodo ‘en funciones’ del órgano se habría designado por un periodo de cuatro años, como sucede con el Gobierno, y no de cinco como está establecido. “Ante todo tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir con el mandato constitucional”, dicen estas fuentes. 

En esta misma cuerda están los que piensan que dejar de nombrar es insensato porque ante bloqueos políticos como el actual los tribunales se quedarían sin los magistrados de la cúspide. 

Completar una ley vacía 

Una minoría, pero también con unas ideas muy claras, defendieron la posición favorable a la reforma propuesta entre PP y PSOE. “No es ninguna reforma, es completar una ley que está vacía”, indican estas fuentes. 

Consideran que de la misma forma que se limitaron las responsabilidades del Gobierno en funciones mucho más tarde que la Constitución, con el órgano de los jueces puede suceder igual. Lo que existe ahora mismo, según ellos, es una “anomia, una ausencia de norma”. Por eso se plantea ahora porque nunca antes había sucedido un mandato tan largo. 

Algunos incluso lo equipararon con lo que sucede en la Fiscalía. Como cuando se ha nombrado a un Fiscal General de manera sucesora, como Consuelo Madrigal, que explican “se cuidó mucho” de hacer nombramientos hasta que su cargo no fuera más estable. Renunciar en bloque sería para este sector la manera más “decente” de salir de la actual situación. 

Qué le piden al Congreso

Por el momento no habrá más plenos hasta el próxima, aunque el presidente Carlos Lesmes no descarta convocar uno extraordinario si el Congreso tramitara la Ley durante la navidad. Los 16 miembros que firmaron ayer el documento reclaman poder realizar un informe sobre este asunto. Además, instan al Gobierno a solicitar a la Comisión europea que también emitan un informe.