Judicial

Las prisiones de Madrid y Castilla-La Mancha llevan un año sin despliegue de vigilancia exterior

Interior no ha contestado a una carta que los funcionarios enviaron en febrero avisando de la merma de seguridad por fuera de los centros

Fernando Grande-Marlaska, Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2020

En pleno puente de diciembre dos presos se escaparon del centro penitenciario Madrid III, el de Valdemoro y todavía no hay rastro de ellos. Para hacer posible la fuga concurrieron una serie de circunstancias como el ángulo muerto de una cámara de seguridad, una supuesta llave perdida y, finalmente, una probable recogida preparada desde el exterior. La merma de vigilancia por fuera de los centros de Madrid y Castilla-La Mancha se ha hecho acuciante desde que a finales del pasado año la empresa de seguridad a cargo no renovó el contrato y este se encuentra todavía desierto. El Ministerio de Interior no consigue que ninguna empresa quiera hacerse cargo. 

A principios de febrero la Junta de Personal de Madrid de Instituciones Penitenciarias envió una carta al departamento de Fernando Grande-Marlaska para advertir de las deficiencias graves en el exterior de los centros penitenciarios de la capital. En la misiva, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, los funcionarios pedían que se reforzara las plantilla de la Guardia civil que prestan servicio en los centros para que la vigilancia en los accesos a las cárceles volviera “de forma permanente y no dinámica”. 

En realidad, el exterior de la custodia de las cárceles es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 63.1 y 64 del Reglamento Penitenciario), sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 propició la contratación de seguridad privada de apoyo a estas tareas para que los agentes de la Policía y la Guardia Civil se repartieran en otras labores como la custodia de presos en hospitales o sedes judiciales y el traslado de los mismos.

La adjudicataria del exterior de las prisiones de Madrid y Castilla y la Mancha, Ombuds, quebró hace algo más de un año. A finales de 2019, el Ministerio de Interior sacó a concurso esta plaza, pero quedó desierto. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska volvió a intentarlo en noviembre de 2020, incrementando el presupuesto hasta el medio millón de euros para hacerlo más atractivo, pero ninguna empresa quiso hacerse cargo y de nuevo quedó vacante.

Desde el Ministerio del Interior explican que están preparando un nuevo concurso mejorando las condiciones y aseguran que la seguridad exterior de las cárceles “está perfectamente resuelta” con la vigilancia de la Guardia Civil.

La quiebra de Ombuds

El problema llegó cuando empresa de seguridad Ombuds, encargada del servicio de vigilancia de Madrid y Castilla y la Mancha, no renovó porque entró en concurso de acreedores en julio de 2019. 

Ombuds Compañía de Seguridad SA tenía un contrato por un valor inicial de 35,9 millones de euros que fue prorrogado hasta diciembre del pasado año. El apoyo de estas empresas privadas se lleva a cabo “bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y se centra en los puntos de acceso y el impedimento de los tránsitos no autorizados así como la comunicación de alarmas e incidencias. A efectos prácticos, según fuentes penitenciarias, eran ellos quienes se encargaban de custodiar el exterior de las cárceles.

Más allá de la seguridad de los muros

En la carta dirigida a Interior del 3 de febrero, los funcionarios se quejan de deficiencias en el funcionamiento y diseño de las puertas y barreras de acceso que no permiten una adecuada selección de los vehículos que acceden al interior; sistemas de videovigilancia inadecuados e insuficientes para identificar a las personas; ausencia de cristales blindados o puertas de acceso carentes de seguridad. 

Además, hablan de ausencia de sistemas seguros para la recogida de documentación, bandeja giratoria o de vaivén, así como ausencia de botones de alarma conectados con la torre de vigilancia para activar en caso de ataque externo o situación de peligro. 

Una medida del PP que el PSOE criticó 

El plan de vigilancia privada en el perímetro de las cárceles se inició en 2013 y fue muy criticado por el partido socialista, entonces en la oposición. El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha manifestado en alguna ocasión su intención de que la seguridad exterior de las cárceles vuelva a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Pero lo cierto es que han vuelto a publicar los pliego de contratación para empresas privadas. Interior ofertó una serie de paquetes de contratación distribuidos según la geografía. Paradójicamente el que tenía el presupuesto más elevado -8.353.840 euros- que correspondía a los 15 centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura fue el que quedó sin cubrir.

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