La renovación del Constitucional ofrecida por Pablo Casado busca desbloquear la sentencia del aborto once años después
Génova cuenta con que la salida del magistrado Andrés Ollero y la designación de un nuevo ponente para el recurso del PP acelerarán la resolución
El ofrecimiento del líder del PP, Pablo Casado, para renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional, pilló por sorpresa al Gobierno. Pero la renovación impulsada por el principal partido de la oposición busca desbloquear la sentencia del aborto once años después
En Génova destacan que han recuperado la iniciativa política y han pasado la pelota de las renovaciones -y el consecuente bloqueo- a Moncloa. Sin embargo, la gran incógnita es conocer la razón por la cual Casado no sólo accede, sino que propone, renovar ahora un tribunal de garantías donde se propinan varapalos al Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas han explicado que el acuerdo del Gobierno y Génova para nombrar a cuatro nuevos magistrados del Constitucional, los correspondientes al turno del Congreso de los Diputados, permite a los populares hacerse con un TC más afín antes de que el equilibrio de las mayorías se altere en junio de 2022. Es decir, antes de que el sector progresista sea mayoritario dentro del tribunal.
Desbloquear la sentencia del aborto
Por si esto fuera poco, fuentes próximas a Pablo Casado admiten a Confidencial Digital que el ofrecimiento para renovar el Tribunal Constitucional también busca condicionar el futuro del recurso que el PP presentó hace más de once años en el TC contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la conocida como ‘ley de plazos’.
La razón es que la ponencia sobre este asunto tiene como autor a uno de los miembros del órgano de garantías que se encuentra en parrilla de salida, Andrés Ollero, perteneciente al sector conservador y de fuertes convicciones religiosas, y cuya propuesta contraria a la norma que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación no ha llegado nunca a llevarse al Pleno porque nunca hubiera encontrado la mayoría suficiente para salir adelante.
La solución que planea para el actual bloqueo de la sentencia pasa ahora por la anunciada renovación del TC, que tendrá como consecuencia la salida de Ollero y la lógica designación de un nuevo ponente para el recurso del PP.
El sentido de su propuesta, fuera en el sentido que fuera, podría servir de acicate para activar la deliberación y obtener al fin una sentencia.
La renovación acerca el debate
En el propio Constitucional admiten que ahora se encuentra más cerca el debate en el tribunal sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
No hay una fecha concreta, pero está tomada la decisión de abordar y resolver la impugnación presentada por el PP.
El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha hablado a la vuelta del verano del asunto con el ponente, el magistrado Andrés Ollero, ex diputado del PP, para exponerle que el debate sobre esta sentencia no puede esperar más, y pedirle que termine de poner a punto su propuesta de resolución en los próximos meses.
La voluntad del presidente es que el pleno dicte su fallo sobre el recurso sin dar pie a nuevas denuncias por dilaciones indebidas.
Derogar la ley aunque la avale el TC
El aborto es el asunto más controvertido para el PP. El debate irresuelto sobre este tema en el principal partido conservador llegó a provocar la dimisión en 2014 del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, precisamente porque Rajoy renunció a llevar adelante, tras impulsarla, la reforma de la ley.
El presidente popular retiró su propia iniciativa, que quería volver a un sistema más restrictivo que el de 1985, por la contestación social que encontró y por el debate interno en el PP.
Rajoy dejó sin modificar la actual ley de plazos, que permite a las mujeres interrumpir libremente su embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, pero Casado sí quiere hacerlo si llega al poder, según aseguran en el PP. Y lo hará, afirman en el partido, aunque el Tribunal Constitucional declare que la norma vigente es constitucional.
“Ya diga el tribunal una cosa o la otra, cuando lleguemos a Gobierno vamos a impulsar una ley alternativa”, dicen fuentes populares. Desde la dirección del PP subrayan que sustituirán “las leyes radicales de Sánchez por leyes en positivo”, y eso será así “diga lo que diga el Tribunal Constitucional”, como una acción “en paralelo”.
