Europa no se fía de Moncloa: exige a Sánchez por carta que cree la comisión que controle las ayudas comunitarias

Bruselas sospecha de España por su opacidad respecto a las ayudas europeas. La UE ha reprochado por carta a Moncloa que no haya creado la unidad de seguimiento del fondo de recuperación, que prometió Pedro Sánchez el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

En los últimos días se ha conocido también que el decreto-ley del Gobierno sobre la gestión de los fondos europeos atenta contra el reglamento de la Unión Europea y pone en riesgo el dinero para España.

El reglamento comunitario, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, exige “procesos de control sólidos”, pero el dictamen del Consejo de Estado ha criticado precisamente que, por el contrario, el Gobierno los ha relajado.

El Gobierno y la Comisión Europea han comenzado a negociar punto por punto todo el plan de inversiones y reformas que se enviará a Bruselas a finales de este mes para obtener los fondos europeos.

“¿Dónde está la unidad de seguimiento?”

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de las conversaciones, el Ejecutivo comunitario presiona con fuerza en una serie de áreas. Especialmente, ha exigido a España un sistema de comprobación del gasto de los recursos europeos.

Hay que recordar que Europa nunca ha dado ninguna orientación, formal o informalmente, sobre cómo organizar las estructuras políticas y administrativas para el reparto de los fondos.

Pero la propia Comisión Europea ha enviado un mensaje con la creación de un grupo de trabajo específico para poner en marcha una estrategia, seleccionar los proyectos y ejecutar los planes.

Bruselas no cuestiona, por tanto, que todo el poder de decisión resida en Moncloa. Sin embargo, según ha podido confirmar ECD por fuentes comunitarias, la UE ha reprochado por carta a Pedro Sánchez que no haya constituido todavía la unidad de seguimiento del fondo de recuperación que prometió el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Formada por “personal cualificado”

En la carta, a la que ha tenido acceso ECD, recuerda a Moncloa que fue el propio presidente del Gobierno el que se comprometió entonces a crear esa unidad para controlar el destino de los fondos de recuperación de la Unión Europea que han correspondido a España,  unos 155.000 millones de euros.

Por si fuera poco, Moncloa garantizó a la Comisión que seguiría “los criterios de cualificación y solvencia técnica” para seleccionar a las personas que integren y dirijan este nuevo departamento, dentro de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 (la antigua Oficina Económica del Presidente), que dirige Manuel de la Rocha.

Informes de cumplimiento a la UE

Esta unidad debe cumplir las funciones de dar apoyo técnico a la comisión interministerial que se ha creado para analizar los avances que se produzcan en la ejecución de los objetivos fijados en los distintos frentes, y de preparar los informes que se deben enviar periódicamente a Bruselas sobre el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, centralizará las relaciones con las comunidades autónomas y la colaboración público-privada, así como planteará la reprogramación de la cantidad y el destino de los fondos si fuera necesario. En definitiva, se centrará en controlar las actuaciones y asegurar que todo avanza armoniosamente.

La unidad de seguimiento, a la que todavía no se le ha dado nombre concreto ni rango, no tendrá capacidad de decisión, pero deberá asegurarse de que las inversiones y los gastos se correspondan con lo decidido en la comisión interministerial de la que partirán las órdenes.

Llevará a cabo, por tanto, una fiscalización del empleo de los fondos llegados de Europa y una supervisión de segundo nivel. Las directrices generales sobre el destino del dinero se decidirán desde la citada comisión de ministros que preside el propio Pedro Sánchez.

La unidad de seguimiento tiene que controlar, en una primera fase, las transferencias por valor de 72.000 millones de euros que lleguen de Bruselas, de las que el 70% están destinadas a la transición ecológica (37%) y digital (33%).

Comisión de Sánchez y los ministros

El modelo aprobado en España incluye una comisión interministerial compuesta por los 22 ministros y el presidente, a la que se suman siete altos cargos, entre ellos la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero; el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, secretario del órgano y en quien recae el seguimiento de los planes; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, y número dos de Pablo Iglesias, Nacho Álvarez.

También se prevén “foros de participación con actores relevantes para favorecer la gobernanza”, así como una conferencia sectorial con las comunidades autónomas y el foro con los agentes sociales.

El modelo de otros países europeos

En la misiva remitida a Moncloa, Bruselas recuerda también a España que otros países de la UE, como Portugal y Alemania, sí han puesto en marcha un sistema de comprobación del gasto de los recursos europeos.

En Alemania, por ejemplo, la Junta Nacional de Productividad (equivalente a la independiente AIREF española), integrada en el Consejo de Expertos Económicos (cinco especialistas designados por el presidente de Alemania cada cinco años), se encarga de evaluar, antes y después, todo el proceso.

Se trata de tareas que podrían ser equivalentes a las que se han encomendado a la Intervención General del Estado, pero que en el caso de España depende directamente de un departamento político del Gobierno como es el Ministerio de Hacienda.

En Portugal, la Fiscalía ha creado también un “grupo de reflexión” para “desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos”. El nuevo ‘think tank’ luso, que tendrá una duración prevista de dos años, ha sido creado a iniciativa del Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de la Procuradoria-Geral da República (PGR), la Fiscalía lusa.

Sus objetivos son fundamentalmente tres: identificar “áreas de elevado riesgo de comportamientos fraudulentos”, desarrollar “líneas orientadoras de prevención de fraude en la gestión de control de fondos europeos”, y elaborar “metodologías de acción ajustadas a comportamientos fraudulentos identificados”.

La polémica por la gestión de los fondos

Hay que recordar que el Gobierno estuvo a punto de perder en el Congreso la convalidación del decreto ley de gestión de los fondos europeos por el rechazo de sus socios parlamentarios de ERC, y también del PP y Ciudadanos.

Finalmente, logró sacarlo adelante gracias al apoyo de EH Bildu y la abstención de Vox. No obstante, vistos los recelos que el decreto despertó en la mayoría de formaciones, incluidos los socios habituales del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, impulsora del texto, accedió a tramitarlo como proyecto de ley, para que se puedan introducir las modificaciones que acuerden los grupos.

La oposición argumenta que el plan para gestionar y supervisar la llegada de los fondos europeos es demasiado centralista y otorga un excesivo protagonismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo de Moncloa; y también que existe un alto riesgo de que se generen prácticas corruptas en el desarrollo de los proyectos.

Aún así, Vox decidió abstenerse y no impedir la tramitación del real decreto ley de gestión de los fondos. Según explicaron, les movió anteponer “los intereses de los españoles”, y lograr “que los fondos lleguen cuanto antes”.