Irene Montero encarga ahora un estudio sobre las consecuencias de las condenas por violencia sexual

Son ya más de 500 los condenados por delitos de agresión sexual que se han visto beneficiados con reducción de pena por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, llamada por Irene Montero “ley del sólo sí es sí”, según los recuentos que elaboran los medios a partir de datos de los tribunales en toda España.

Estos beneficios a violadores han desatado una tormenta sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo en el Ministerio de Igualdad, que hasta el momento no se ha traducido en ceses ni dimisiones, si bien la tensión es máxima entre Sánchez y el PSOE, por un lado, e Irene Montero, Ione Belarra y Podemos, por el otro, hasta el punto de que no se descarta que las dos ministras salgan en la próxima crisis de Gobierno.

Mientras el PSOE avanza para reformar la ley e intentar cerrar el agujero por el que se están rebajando las penas, Podemos, y sobre todo el equipo de Irene Montero, están culpando a los jueces “machistas” y “conservadores”, a los que acusan de aplicar de forma incorrecta la ley.

En este contexto, con Igualdad en el punto de mira por las rebajas de pena a agresores sexuales, Confidencial Digital ha comprobado que el ministerio ha aprobado recientemente un documento en el que contempla la elaboración de un estudio “sobre los índices de condena en relación con las violencias sexuales”.

Plan anual de contratación

Ha sido la propia Irene Montero quien, el 15 de febrero, firmó la Orden de la Ministra de Igualdad por la que se aprueba el Plan Anual de Contratación para el año 2023 del Ministerio de Igualdad.

El documento lo ha elaborado la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria, Gestión Económica y Asuntos Generales de la Subsecretaría de Igualdad, y se trataba de cumplir lo que dispone la Ley de Transparencia, que establece que las administraciones “publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución”.

Si bien se avisa de que “el Plan Anual de Contratación 2023 tiene naturaleza programática y carácter indicativo y no obliga al órgano de contratación a licitar todos los contratos o a hacerlo con las condiciones concretas anunciadas”, sí se trata de “dar cumplimiento a los principios de objetividad y eficacia administrativa, así como al principio de concurrencia en la contratación pública, facilitando el acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos”.

Aunque pueda haber cambios a lo largo del año, se lancen contratos no previstos y se retrasen o cancelen otros, muchos de ellos sí se licitan como se había programado.

Índices de condena por “violencias sexuales”

Entre otros muchos contratos, Igualdad prevé sacar a licitación este año un contrato de servicios que tiene por objeto realizar un “Estudio sobre las causas, frecuencia, consecuencias sobre los índices de condena en relación con las violencias sexuales”.

La fecha estimada de publicación de esta licitación, en la plataforma de Contratación del Estado, es el cuarto trimestre de 2023, precisamente el final de la legislatura y cuando se prevé que se celebren unas elecciones generales en las que el PSOE y Unidas Podemos se juegan revalidar el Gobierno de coalición.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Por tanto, habrá transcurrido ya un año desde la entrada en vigor de esta norma cuando el Ministerio de Igualdad encargue este estudio.

¿Se estudiaron los consecuencias?

No hay que olvidar que una de las cuestiones que se ha debatido en estos meses de polémica por la “ley del sólo sí es sí” es si el departamento de Irene Montero estudió suficientemente las consecuencias que tendrían los cambios en el Código Penal, y sus efectos, tanto en las condenas ya impuestas con anterioridad, como en las que se dictarían a partir de la entrada en vigor.

Igualdad y en general el Gobierno insisten una y otra vez en que no habían previsto que la interpretación judicial de la norma pudiera beneficiar a los condenados por agresión sexual.

El plazo de ejecución del contrato para realizar este estudio será de ocho meses, y ya se indica que el valor estimado del contrato será de 75.000 euros.

Sin respuestas

ECD se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para preguntar si este estudio analizará los efectos en las condenas por violencia sexual que está teniendo la conocida como “ley del sólo sí es sí”.

También planteó a qué tipo de profesionales se prevé encargar este estudio: una universidad, una asociación especializada en lucha contra la violencia sexual, un despacho de abogados... Y si el ministerio participará de alguna forma en la elaboración del estudio, por ejemplo aportando datos y testimonios sobre casos de violencia sexual.

Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta del Ministerio de Igualdad.

Qué es violencia sexual

El Ministerio de Igualdad maneja un concepto amplio de “violencia sexual”, o “violencias sexuales”.

Ya el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en 2018 (con Carmen Calvo), citaba el Informe Mundial sobre Violencia y Salud publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, que define la violencia sexual como:

-- “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

-- “La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que busca. También cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de comprender la situación”.

Encuestas

Un informe sobre “Percepción social de la violencia sexual”, de la época de Carmen Calvo, reflejaba las respuestas de encuestados sobre acciones muy diversas que se engloban en el concepto de “violencia sexual”: “Hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseados a una mujer”, “Besar a una mujer contra su voluntad”, “Tocar a una mujer de forma no deseada”, “Dar de forma deliberada a una mujer alcohol o drogas para poder mantener relaciones sexuales con ella”, y “Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas”.

También contemplaba la “violencia sexual en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, que abarcaría “enviar correos electrónicos o mensajes de texto con contenido sexual no deseados”, “presionar a una mujer para que envíe fotos de sí misma desnuda”, “compartir fotografías o videos de carácter sexual a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) sin el consentimiento de las personas que aparecen en el mismo”, y “chantajear a una mujer con difundir fotografías o videos de carácter sexual suyos”.

Cuántas españolas han sufrido violencia sexual

Ya en 2020, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero difundió los resultados de una “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019”.

Según ese estudio sociológico, “del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 13,7% (2.802.914 mujeres) han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja), y el 1,8% (359.095 mujeres) en los últimos 12 meses”.

Victoria Rosell

El estudio sobre “causas, frecuencia, consecuencias sobre los índices de condena en relación con las violencias sexuales” que tiene previsto el Ministerio de Igualdad en su plan anual de contratación para 2023 lo va encargar la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La juez Victoria Rosell es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Es una de las principales responsables de la redacción de la “ley del sólo sí es sí” en lo que afecta a la reforma de los artículos del Código Penal que fusionaron los delitos de abuso y de agresión sexual.

Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y Rosell han sido las dos colaboradoras de Irene Montero que han salido públicamente a defender las virtudes de la “ley del sólo sí es sí” y a acusar a los jueces por las rebajas de condena.

“La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley”, dijo Victoria Rosell, que también ha asegurado que sólo una minoría de jueces han aprobado beneficios para los agresores sexuales condenados e incluso ha llegado a criticar a los medios de comunicación por informar de las peticiones de los abogados defensores para rebajar las penas.

Nuevos delitos

Irene Montero, sus colaboradoras de Igualdad y otros dirigentes de Podemos han contraatacado a las críticas por las excarcelaciones y rebajas de condena a violadores, presumiendo que determinadas denuncias que se han producido desde la entrada en vigor de la reforma penal ahora sí son perseguidas como delito, pero antes no

Por ejemplo, se ha destacado que el nuevo Código Penal permite castigar a quienes hayan difundido el vídeo grabado en una discoteca de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) en el que aparecía una chica menor de edad practicando una felación a un joven.

Además, la familia de la chica alegó que no recordaba nada, por lo que apuntaba que le podrían haber suministrado alguna sustancia que anuló su voluntad. Esa posibilidad, la de mantener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o las drogas, es otra que los defensores de la “ley del sólo sí es sí” destacan que ahora se castigará más duramente.

Cuando salió a la luz la denuncia de una mujer contra Dani Alves por una presunta violación en otra discoteca en Cataluña, Irene Montero declaró: “Sea quien sea el presunto agresor, la Ley Solo Sí es Sí protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado”.

Violencia contra la mujer en la administración

El plan anual de contratación del Ministerio de Igualdad contempla la realización de otros estudios destacados. ECD ya adelantó en enero que se había abierto un contrato para encargar un informe con el título “Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022”.

También se cita en el plan para el primer trimestre de 2023, aunque ya se lanzó en 2022, el servicio correspondiente a la realización de un estudio de “Estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución en España”.

Además, cabe citar otros informes cuya elaboración el Ministerio de Igualdad también va a externalizar a lo largo de 2023:

-- “Estudio sobre la violencia contra la mujer en la Administración General del Estado”.

-- “Estudio sobre violencia digital contra mujeres y niñas”.

-- “Estudio sobre violencia en uniones o matrimonios a edad temprana, concertados o forzosos”.

-- “Estudio sobre la violencia contra las mujeres en ruta migratoria”.