Puigdemont presiona para aprobar una constitución catalana en el Parlament
El Consell per la República que dirige desde Waterloo se compromete a impulsar una Asamblea Constituyente si la cámara autonómica fuera disuelta por el Estado
Quim Torra rechazó la invitación para ir al acto de conmemoración de la Constitución de 1978 con una carta en la que aseguró que los catalanes están “determinados a escribir una nueva, más moderna, más democrática y más justa” constitución catalana, “que sea fiel a la voluntad de los catalanes en el marco de un proceso democrático y libre”.
Una semana después le ha tomado la palabra el Consell per la República, el órgano que preside Carles Puigdemont desde Bélgica y que se presenta como el representante legítimo del “mandato del 1-O” para avanzar hacia la independencia sin el control que el Estado español ejercer sobre el Govern de la Generalitat de Cataluña que dirige Torra.
El Consell ha lanzado este jueves 12 de diciembre su “Plan de Gobierno”, que tiene como objetivo “el logro de la República Catalana”.
El punto 3 de dicho plan trata de la “legislación republicana” que, según Puigdemont y su Consell per la República, tendrá que culminar en una constitución catalana.
Cabe señalar que esta es una idea recurrente del independentismo, y que también Quim Torra trató de impulsar. Por ello se creó Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social, que iba a promover el debate ciudadano para elaborar esa constitución. Lo presidía Lluís Llach, pero ese organismo acabó disolviéndose en julio de 2017 sin presentar ningún documento o borrador de constitución.
Ahora, el Consell per la República se compromete a impulsar la participación “en el Debate Constituyente durante su fase participativa, favoreciendo su carácter transversal, popular y de autogestión organizativa”.
Añade que “en una fase posterior, y una vez el Fòrum Cívic i Social haya elaborado las conclusiones troncales para una futura Constitución y se presente al Parlament, el Consell per la República promoverá la elaboración de la Constitución de la República Catalana en sede parlamentaria”.
Es decir, que ya el Parlament de Cataluña tendrá que ponerse a elaborar esta ley de leyes. Tiene presente la amenaza de que el Estado reaccionara aplicando el artículo 155 y disolviendo el Parlament, como ocurrió en 2017 tras la declaración de independencia.
Por eso indica que “en caso de que, llegado este momento, en el Parlament de Cataluña no se den las condiciones adecuadas para un proceso constituyente, el Consell promoverá los avances imprescindibles para la creación de una Asamblea Constituyente”.
Esta también es una idea ya puesta en circulación hace años por el independentismo. Antes del choque institucional de 2017, se creó la “Asamblea de Cargos Electos”, que reuniría a diputados del Parlament, alcaldes, concejales, diputados y senadores, eurodiputados... independentistas, para sustituir el Parlament por si fuera intervenido o disuelto por el Estado.
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy disolvió el Parlament horas después de la declaración de independencia, y de dicha Asamblea de Cargos Electos no se supo nada más.
