La defensa de la amnistía castigará a la izquierda si hay repetición electoral
Los pactos PP-Vox centraron el debate político el 23-J, pero ahora lo ocupan las negociaciones del PSOE con ERC y Junts
- El centro, la amnistía
- 23-J y los pactos PP-Vox
- Vox activó a la izquierda
- Polémicas
- María Guardiola
- Tuits polémicos
- Les costó la mayoría
- Ahora, la amnistía
- Más desgaste
- Sumar y el PSOE se abren a concederla
- Confianza en formar Gobierno
El Partido Socialista y Sumar encontrarían un clima político más negativo que el 23-J si ahora se produjera una repetición electoral. Es el análisis que realizan expertos demoscópicos.
Analistas consultados por Confidencial Digital explican que los meses previos a las elecciones generales del 23 de julio estuvieron claramente marcados por los polémicos acuerdos entre el Partido Popular y Vox para gobernar en distintas comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Aragón... junto con los pactos en centenares de ayuntamientos.
Ese ambiente hizo daño al PP y provocó que el trasvase de voto desde el PSOE no fuese el esperado, según explican los expertos.
El centro, la amnistía
Ahora, sin embargo, el marco que monopoliza la conversación es bien distinto. El debate gira en torno a la concesión de la amnistía a los condenados por el procès catalán.
Se trata de una exigencia planteada por Junts per Catalunya como condición para alcanzar cualquier acuerdo de investidura, a la que en el PSOE ya estudian cómo encontrarle un encaje jurídico.
"Ir a una repetición electoral con un marco centrado en el debate independentista no favorece ni a PSOE ni a Sumar", afirman desde la consultora GAD3.
23-J y los pactos PP-Vox
El 23-J fue una noche electoral con final inesperado. Casi todas las empresas demoscópicas —40db, Metroscopia, Sigma Dos, GAD3— daban una clara victoria al Partido Popular, y pronosticaron que la suma con Vox alcanzaría la mayoría absoluta.
Así lo confirmaron casi todos los sondeos realizados en la semana de las elecciones: los llamados "a pie de urna", aunque, como adelantó ECD, se elaboran mediante entrevistas telefónicas diarias desde el martes hasta el domingo electoral.
No hubo hundimiento de los socialistas, sino que mejoraron su resultado en un escaño respecto a las elecciones de 2019, y los populares solo les aventajaron en 16 parlamentarios: lejos de los 30 que auguraban los trackings.
Vox activó a la izquierda
En los días posteriores a los comicios, los analistas apuntaron a un motivo claro que había sido decisivo en los días previos al 23-J: "Los mensajes de Vox han sido un factor de activación de la izquierda", afirmaban desde la consultora GAD3.
Los sondeos previos no calibraron correctamente cuán fuerte era esta movilización, principalmente en el País Vasco y Cataluña, donde el PSOE obtuvo resultados históricos que compensaron las caídas en otras regiones. "La situación en Cataluña será peor que en 2017 si llegamos al Gobierno", había pronosticado Abascal la misma semana de las elecciones.
Tanto el contenido de los acuerdos PP-Vox, como la forma de anunciarlos y las declaraciones de miembros de este último partido durante esas semanas, fueron clave para que el PSOE retuviera parte de un electorado que parecía perdido.
Polémicas
Los populares llegaron a acuerdos con el partido liderado por Santiago Abascal en varias autonomías. Primero se anunció un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, con un pacto polémico porque equiparaba la violencia contra las mujeres con el resto de agresiones sufridas en el seno de una familia, una de las principales proclamas de Vox.
Se eliminó el término violencia machista y fue sustituido por "violencia intrafamiliar", cuando días antes, el portavoz de campaña de Génova, Borja Sémper, había afirmado que la "violencia machista" era una línea roja en cualquier acuerdo.
María Guardiola
En Extremadura la controversia fue más fuerte, porque la candidata del PP, María Guardiola, reiteró, tanto antes del 28-M como después, que no dejaría a Vox entrar en el gobierno regional.
"No puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista; a quienes usan el trazo gordo; a quienes están deshumanizando a los inmigrantes; y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI", llegó a afirmar días antes de escenificar otro acuerdo autonómico para formar un ejecutivo en coalición con el partido de Abascal.
Tuits polémicos
En Aragón se cerró un pacto por el que los populares cedían la presidencia de las Cortes a una diputada de Vox con distintos tuits polémicos: negaba el cambio climático y la violencia machista; y afirmó que lo "único" que sabía hacer la Ministra de Igualdad, Irene Montero, era "arrodillarse para medrar".
Una vez nombrada para el cargo, borró todas sus publicaciones en la red social X —antes Twitter—.
Les costó la mayoría
En Baleares se llegó a un acuerdo pero el PP mantuvo a Vox fuera del Gobierno, aunque también cedió la presidencia del parlamento a Gabriel Le Senne, que había escrito: "Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene". También tuvo que eliminar sus tuits.
El pasado 10 de octubre, el propio Feijóo admitía, en una entrevista en Onda Cero, que todas esas semanas dañaron al partido: "¿Eso influyó en la campaña electoral? Sí. ¿E influyó negativamente para el PP? Sí. ¿Que eso nos ha costado 10 escaños y, por tanto, la mayoría absoluta? Probablemente".
Ahora, la amnistía
Ahora el marco es distinto. La posible amnistía a los condenados por el intento secesionista catalán se sitúa en el centro de la polémica. Junts per Catalunya exige aprobar una 'ley del olvido' para todas las personas con causas judiciales abiertas por el referéndum ilegal de 1 de octubre y las 'leyes de desconexión' aprobadas en aquellas semanas.
Esa norma, no solo eliminaría la pena aplicada a los ya condenados —que fueron parcialmente indultados en la pasada legislatura—, sino que suprimiría el delito en sí. La medida ha levantado discrepancias entre los juristas, que debaten si es constitucional o no porque la Carta Magna no la contempla como tal.
Más desgaste
Se trata de una condición sine qua non, que llega después de que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez eliminara el delito de sedición y rebajara la malversación —los aplicados a los encausados por el procès—.
Según analizan en GAD3, si aquellas iniciativas ya mermaron la intención de voto al PSOE y a Sumar —la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz—, la amnistía "lo hará aún más".
Es un desgaste que ya se produjo en las pasadas elecciones, aunque camuflado: "Tanto la izquierda como el nacionalismo bajaron", concluyen.
Sumar y el PSOE se abren a concederla
Aunque ninguno de los partidos de Gobierno propuso una amnistía antes de las elecciones generales, sí aceptan estudiar la petición de Junts y su líder de facto, Carles Puigdemont. El expresident catalán lo ha exigido como paso previo a un referéndum.
Sumar ha presentado su propia propuesta de amnistía, que afectaría a todos los encausados desde la primera consulta ilegal convocada por el expresident Artur Mas el 9-N. También a todos los policías con causas abiertas por las cargas policiales de 2017, excepto para quienes tuvieran "ensañamiento".
Distintos dirigentes y altos cargos del Ejecutivo y el Partido Socialista aseguraron hasta este verano que la amnistía era inconstitucional. Así lo hizo el exministro de Justicia Juan Carlos Campo —ahora magistrado del Tribunal Constitucional— en el escrito que justificó los indultos.
Sin embargo, los socialistas buscan ahora una fórmula que justifique dicha medida. ECD adelantó que una de las opciones sería pedir a ERC y Junts que se comprometieran por escrito a no volver a intentarlo.
Confianza en formar Gobierno
Desde la propia noche electoral, el PSOE se mostró optimista y confiado en que lograría formar Gobierno. Salvó su primer escollo con la elección de la presidenta del Congreso de los Diputados: la socialista Francina Armengol fue investida gracias a los votos de Junts. Pero el acuerdo no se anunció hasta una hora antes de la votación en la Cámara Baja.
Tras meses de conversaciones, y a cuarenta días de que se convoquen elecciones automáticamente, los socialistas no han logrado reunir una mayoría suficiente. Ni siquiera Sumar ha cerrado un acuerdo públicamente con Ferraz.
Armengol no convocará el pleno hasta que las negociaciones entre el PSOE y el resto de formaciones "estén maduras". Sin embargo, miembros del Gobierno comienzan a deslizar que la investidura no está garantizada y no descartan que el país se dirija a una nueva repetición electoral: un viraje que ya adelantó ECD.
