La Audiencia Nacional aprueba entregar a Francia a un tercer detenido por vender móviles encriptados que usaban narcotraficantes

La operación de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, para arrestar a varios españoles supuestamente vinculados a una red que vendía móviles encriptados por todo el mundo, supuso el arresto de al menos tres ciudadanos españoles.

El diario La Razón destapó el pasado 2 de agosto que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había tenido a finales de junio a dos ciudadanos españoles, a requerimiento de la fiscalía de Lille (Francia), que los busca dentro de una operación contra distintas personas relacionadas con EncroChat.

Se trata de un sistema de mensajería instantánea encriptado que se comercializaba con unos teléfonos móviles. En junio de 2020 Europol detuvo a cerca de 800 personas, la mayoría vinculadas a redes de crimen organizado y narcotráfico, que tenían en común que utilizaban EncroChat para comunicarse, con la intención de escapar al control de las fuerzas de seguridad. El sistema había sido intervenido por las autoridades francesas, lo que permitió esa cascada de detenciones.

Dos años después, la Guardia Civil, supuestamente acompañada por agentes franceses, se presentó en los domicilios de dos ciudadanos españoles, hermanos, registró las viviendas y los detuvo. Fueron puestos a disposición del juez Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dictó prisión provisional para ellos.

Pesa sobre ambos sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) por hasta 16 delitos, según la acusación de la fiscalía francesa: “complicidad de importación ilegal de estupefacientes en banda organizada”, “complicidad de adquisición de estupefacientes”, “complicidad de transporte ilegal de estupefacientes”, “complicidad de posesión de estupefacientes”, “blanqueo de capitales agravado”...

ECD ha podido saber que en la operación policial llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil a finales de junio fue detenida otra persona en España. Se trata de otro ciudadano español, al que la fiscalía de Lille también acusa de haber vendido móviles encriptados con el programa EncroChat. Además, en este caso, le vincula directamente con uno de los supuestos cerebros de la empresa que desarrolló ese programa: Paul Krusky, detenido también en junio en la República Dominicana.

Arrestado al llegar a Barajas

A la vez que los guardias civiles irrumpían en las viviendas de los dos hermanos ya citados, los agentes se presentaron en el domicilio en Madrid de este otro hombre. En este caso, no se encontraba en la vivienda, sino que estaba de viaje. Cuando se enteró de que la Guardia Civil le buscaba, voló a Madrid y fue detenido en el mismo Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Pasó 72 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos, antes de comparecer ante Santiago Pedraz. El magistrado de la Audiencia Nacional lo envió a la cárcel de Soto del Real, como a los otros dos detenidos por la misma operación contra supuestos distribuidores de teléfonos con el sistema encriptado EncroChat.

Se acogió a su derecho a no declarar, tanto ante Pedraz como anteriormente ante los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO de la Guardia Civil que le detuvieron.

El recurso que presentó su abogado contra el auto de prisión provisional incondicional fue rechazado, por lo que permanece en la cárcel.

La Audiencia Nacional aprueba su entrega a Francia

Ahora, según ha sabido ECD, se le ha notificado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprueba su entrega a Francia, en cumplimiento de la Orden Europea de Detención que pesa sobre él. La fiscalía de Lille le acusa de delitos que podrían suponerle una condena de hasta 30 años de cárcel, como a los otros dos españoles detenidos.

Por error, en el caso de otro detenido por el mismo asunto se indica en los autos judiciales que Francia le reclama para cumplir una condena de 30 años, cuando lo cierto es que aún no ha habido juicio ni sentencia contra esa persona.

Desestimado el recurso

La Sala de Vacaciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el pasado martes 2 de agosto un auto por el que desestima el recurso de apelación que presentó el abogado de este detenido contra un auto del 15 de julio en el que un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional (el nº 1, aunque la causa se llevaba en el 5) acordó “acceder a la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega dictada por las autoridades de Francia”.

En este caso la fiscalía francesa le acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo, tráfico ilícito de armas y ciberdelincuencia.

En el auto que desestima el recurso, el magistrado Fermín Javier Echarri desestima el argumento de la defensa del detenido, de que los hechos de los que se le acusa no tuvieron lugar en territorio francés.

El juez señala que los hechos contenidos en la Orden Europea de Detención y Entrega cursada por Francia “han sido cometidos en diversos lugares”: cita la localidad francesa de Roubaix, junto a Lille, pero también Canadá, República Dominicana, España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Hong Kong y Panamá.

“Contacto directo” con el supuesto cabecilla

De acuerdo con el relato de hechos de la Orden Europea de Detención y Entrega, a este ciudadano español se le acusa de ser uno de los revendedores de teléfonos EncroChat, “muy activo”.

Además, en este caso se le acusa expresamente de estar “en contacto directo con Paul Krusky, principal organizador” de EncroChat.

Siempre según la OEDE y el auto de la Audiencia Nacional, el encarcelado “proporcionaba teléfonos a personas implicadas en el tráfico de drogas e intentaba introducir clandestinamente los teléfonos en Brasil”.

Sobre el argumento de los hechos no tuvieron lugar en Francia, la Audiencia Nacional señala que se le acusa de ciberdelincuencia, un delito que puede llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo, sin estar físicamente en un territorio concreto. Como Francia ha iniciado la investigación sobre hechos que tienen conexión con su territorio, sí está legitimada para reclamar a este ciudadano español.

Una Orden Europea de Investigación

La defensa de este tercer español encarcelado por el caso EncroChat había presentado un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra el primer auto que aprobó la entrega a Francia.

Uno de los motivos del recurso era que, según denuncian, contra este ciudadano español llegaron a la Audiencia Nacional dos órdenes distintas. Por un lado, la fiscalía de Lille habría dictado una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que supone reclamar el traslado al país emisor, bien para cumplir una sentencia condenatoria, bien para prestar declaración en una instrucción judicial en la que esté siendo investigado.

Pero también habría en vigor contra él una Orden Europea de Investigación (OEI). Esta resolución judicial reclama a las autoridades de otro país europeo que lleven a cabo determinadas medidas de investigación, con vistas a obtener pruebas en el marco de una instrucción penal.

La defensa de este hombre alegó que si hay una Orden Europea de Investigación contra él, no debe ser entregado a Francia, sino que se deben realizar en España las diligencias oportunas. De ahí que en su recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esgrimieron esta supuesta contradicción para intentar paralizar la entrega a Francia, aprobada por el juez Santiago Pedraz.

Ya en este auto, la Sala de lo Penal ha descartado estimar este motivo. El magistrado Echarri señala que la defensa del encarcelado no ha acreditado que los hechos de esta OEDE se traten de los mismos que se recogen en una Orden Europea de Investigación que se está tramitando a la vez en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Aún así, la defensa estudia presentar otro escrito que insistirá en que los delitos de ambas órdenes son similares, por lo que su defendido debe continuar en España mientras se ejecutan las diligencias en el marco de esa Orden Europea de Investigación.

El objetivo es intentar a toda costa paralizar la entrega, ya que los abogados temen que en apenas unos días, este mismo mes de agosto, los tres detenidos en España sean conducidos a un avión y trasladados a Lille.

Brasil y Paul Krusky

Fuentes cercanas consultadas por ECD aseguran que este tercer detenido trabajaba como intermediario en la venta de teléfonos móviles.

Desde finales de 2018, y hasta que el sistema fue destripado por Francia, suministró este tipo de aparatos encriptados (legales, aseguran) a dos tiendas de Madrid. Eran estos comercios los que vendían los teléfonos a los compradores finales, y quienes gestionaban las suscripciones y actualizaciones de licencias del programa EncroChat que iba instalado en smartphone, generalmente de la marca BQ.

Cada móvil se vendía por unos 1.500 euros, y este intermediario obtenía de cada venta unos 50 euros de comisión.

Investigadas las esposas

La operación de la Guardia Civil se ha saldado con al menos tres detenidos. Además, ECD ha podido saber que las esposas de los tres arrestados y encarcelados en Soto del Real también tienen órdenes de investigación sobre ellas.

De hecho, fueron citadas a declarar ante María Tardón, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Pensaban que iban como testigos, pero la magistrada les informó que los cuestionarios enviados por Francia las mencionaban como investigadas.

Tampoco declararon, y en su caso no han sido enviadas a prisión ni se han dictado otras medidas cautelares.

República Dominicana, Dubai, Holanda...

Estas tres detenciones en España se produjeron en el marco de una operación coordinada y llevada a cabo en varios países.

Según la web Vice World News, en la operación coordinada e impulsada por Europol y por autoridades judiciales de investigación francesas fueron detenidas ocho personas en República Dominicana, Dubai y España.

A Paul Krusky le detuvieron en República Dominicana. También arrestaron a su esposa, a tres personas en Dubai y a otras tres en España.

El diario francés Le Parisien apunta que Krusky era el objetivo principal de la operación.

Además, la televisión holandesa NOS reveló el 3 de julio que allí, en Países Bajos, también habían sido arrestadas tres personas por su presunta vinculación con EncroChat.