Avalada la expulsión de España de un ex militar argelino acusado de islamista
La Policía Nacional le consideraba un peligro para España por sus contactos con una organización opositora. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contra la decisión de Interior
- Denegado el asilo y expulsado
- Contra “la seguridad nacional”
- Gendarme del ejército argelino
- Opositores al gobierno de Argelia
- En busca y captura
- Filtró documentos sobre corrupción militar
- Expulsión “exprés”
- Protección del Estado frente al terrorismo
- Relaciones de España con Argelia
- Rachad y el Hirak
- Condenado a muerte
- Seis meses de cárcel
Militaba en un grupo islamista. Sabía manejar armas de fuego y tenía instrucción militar. No aceptaba los valores constitucionales. En definitiva, era una amenaza para la seguridad nacional de España.
Estos son, resumidos, los argumentos que utilizó la Policía Nacional para proponer la expulsión a Argelia de un ex militar de ese país, donde estaba buscado por desertar y por proporcionar información confidencial sobre las Fuerzas Armadas argelinas a un grupo opositor al gobierno.
Confidencial Digital ha podido comprobar que la Audiencia Nacional ha avalado esa expulsión, y ha desestimado el recurso que interpuso el argelino contra la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, que decidió expulsarle de España y prohibirle el regreso por diez años.
Denegado el asilo y expulsado
Este hombre llegó a España el 9 de noviembre de 2018. Meses después, el 25 de abril de 2019, solicitó protección internacional ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en San Sebastián. Pidió que se extendiera a su familia: su esposa, y un hijo y una hija, ambos menores de edad.
En febrero de 2021 le concedieron un documento de identidad de solicitante de asilo. Pero la solicitud no tuvo éxito.
La Subsecretaría de Interior dictó el 14 de julio de 2021 una resolución, por delegación del ministro, por la que le denegó el derecho de asilo y la protección subsidiaria.
No fue el único revés. El 20 de agosto de ese mismo año, el secretario de Estado de Seguridad acordó la expulsión de este extranjero del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de diez años.
Contra “la seguridad nacional”
El número dos de Interior tomó esa decisión por el expediente sancionador que instruyó la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en virtud de la denuncia formulada por la Comisaría General de Información, es decir, la unidad dedicada principalmente a perseguir el terrorismo y amenazas graves a la seguridad nacional.
La Policía Nacional consideró que este argelino había cometido una infracción muy grave, del artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Entendió que participaba “en actividades contrarias a la seguridad nacional”, y ese artículo sanciona a quienes participen “en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección dela Seguridad Ciudadana”.
Este artículo permite al Ministerio del Interior ordenar la expulsión de España tanto de personas de las que se tienen indicios de que pertenecen a grupos terroristas o se han radicalizado, como de miembros o colaboradores de servicios de inteligencia hostiles.
Gendarme del ejército argelino
Los agentes de la Comisaría General de Información relataron que este hombre era “gendarme sin graduación del ejército argelino”. Llegó a España por el puerto de Alicante, con un visado de turista.
Los policías detectaron que estaba en contacto con un ex diplomático argelino, líder de un movimiento opositor al gobierno de su país. Este ex diplomático le entregaba dinero al ex gendarme para ayudarle a vivir en España. Según la denuncia policial, ambos “tendrían intención de crear una nueva fuerza política”.
Opositores al gobierno de Argelia
Sobre el líder de dicho movimiento, explicaron que “es señalado como opositor al Gobierno argelino del cual se desvinculó, supuestamente por su desacuerdo con las tácticas de guerra sucia utilizadas para la desarticulación” de un grupo culpable de la campaña de atentados más sangrienta, durante la década de los años 90 en Argelia.
“Es conocido por su oposición y militancia, desde diferentes vertientes (religiosa-política), contra el gobierno argelino, no pudiéndose determinar si su actividad debe ser valorada como la de un movimiento de oposición política, o supone un peligro por aglutinar a militantes que, a su vez, pudieran simpatizar con movimientos radicales o terroristas en Argelia”.
Dedujeron que el argelino que pidió asilo en España pertenece a ese grupo islamista, fundado en 2007 y vinculado a una organización terrorista, “que en la actualidad pretende infiltrar en la sociedad argelina jóvenes radicales para realizar protestas contra el régimen en Argelia”.
Destacaron además que “como ex militar argelino habría recibido formación en el uso y manejo de armas de fuego”.
En busca y captura
Además, comprobaron que mantenía un blog con más de 130.000 seguidores, en el que por ejemplo subió una foto con el nombre suyo y de otros tres argelinos en busca y captura, a los que un tribunal argelino consideraba presuntos islamistas radicales que habría maniobrado para convertir en violento el movimiento popular Hirak, de protesta pacífica contra el régimen militar argelino.
“Esta estrategia propagandística deriva en su mayor parte de esfuerzos para realizar llamamientos para la realización de acciones proselitistas y de enaltecimiento. Las organizaciones radicales utilizan sus estructuras descentralizadas para cometer estas acciones, a través de principalmente las redes sociales. De todo ello se deduce su consciente implicación, su dedicación en la propagación de dichos postulados hacia la comunidad musulmana a la que se dirige, especialmente los jóvenes”, advirtió la Policía.
Este hombre además estaba en busca y captura por desertar de las fuerzas armadas argelinas.
Filtró documentos sobre corrupción militar
En la sentencia se recogen más datos. El recurrente argumentó que era miembro de las fuerzas armadas argelinas y que trabajaba como supervisor aéreo.
En esa etapa “descubrió un alto nivel de corrupción fomentada por oficiales de alto rango”, y por eso decidió “participar en la lucha contra la corrupción generalizada de sus compañeros”.
Consiguió entrar en contacto con activistas argelinos anticorrupción. Les filtró documentación, que publicaron de forma anónima.
Finalmente, abandonó las fuerzas armadas argelinas, y se marchó Argelia para trasladarse a España con su familia el 8 de noviembre de 2018.
Una vez en nuestro país, “siguió con su campaña activista divulgando la información en redes sociales”. Dijo que había sido objeto de amenazas de muerte, intimidación, acoso y hostigamiento por parte de agentes de los servicios secretos argelinos, motivo por el que él y su familia habrían ido cambiando de domicilio.
Expulsión “exprés”
En su recurso ante la Audiencia Nacional, denunció que Interior no había justificado las razones por las que constituía un peligro para la seguridad de España.
También se quejó de la “celeridad” de su expulsión: en una semana recibió la denegación de asilo, la resolución de expulsión, el internamiento en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y la ejecución de su expulsión a Argelia.
Defendió que publicaba información en redes sociales porque el estado argelino lo perseguía, por ser opositor y por haber revelado información confidencial de las fuerzas armadas.
Criticó que en España se considerara terrorista a una organización que se opone al régimen argelino. Relató los casos de represión y muerte de opositores, y dijo que ya había sido condenado a seis años de prisión y multa por sus denuncias.
Protección del Estado frente al terrorismo
Los argumentos de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional convencieron a los magistrados de la Audiencia Nacional, que desestimaron el recurso de este hombre.
“En cuanto a la tipificación de los hechos, no ofrece duda su encaje en el tipo descrito en el artículo 54.1.a) de la repetida Ley Orgánica 4/2000, al no estar ausente ninguno de los elementos esenciales de la infracción prevista, existiendo una adecuada correlación entre lo delimitado por la norma y lo imputado al actor”, concluyeron.
Tuvieron especialmente en consideración que “las actividades imputadas al recurrente se enmarcan en la protección del Estado frente al terrorismo y en la importancia de controlar la amenaza del terrorismo y proteger a la población actuando con firmeza frente a cualquier indicio de radicalización integrista religiosa”.
Los informes de la Policía se inclinaron por considerar que este hombre colaboraba con un movimiento islamista radical, que fue declarado terrorista por el gobierno argelino, que ya de forma “legítima” había desarticulado otro grupo similar.
Relaciones de España con Argelia
Ante ese hecho, los agentes argumentaron que su ideología y pertenencia a ese grupo “demuestra que no comparte los valores fundamentales que nos hemos dado por lo que no se encuentra verdaderamente integrado en España, y la repercusión que pudiera tener la expulsión en su vida familiar se considera proporcional a la amenaza que supone para la seguridad nacional”.
También defendieron que la medida de expulsión era proporcionada “a la finalidad legítima de defender la seguridad nacional y las relaciones de España con Argelia”.
Los jueces consideraron acreditado que el expulsado pertenecía a una organización islamista radical. Y tuvieron en cuenta que ya estaba en busca y captura en Argelia por deserción.
Por ello, desestimaron el recurso y avalaron la expulsión.
Rachad y el Hirak
Se da la circunstancia de que en los últimos años se ha dado dos veces un caso similar. Al menos dos ex militares argelinos desertaron, se marcharon a España y fueron expulsados de vuelta a su país, pese a defender que eran opositores a un régimen que, según denunciaron, no respeta los derechos humanos.
Ambos pertenecían a las fuerzas armadas, y realizaron denuncias sobre presunta corrupción en el seno del estamento militar en Argelia. Además, apoyaban el movimiento Hirak, que también existe en Marruecos, y que protesta contra el gobierno argelino.
Supuestamente los dos estuvieron en contacto para desvelar casos de corrupción en las fuerzas armadas argelinas, y ambos tuvieron relación con el movimiento islamista Rachad, al que el gobierno de Argelia considera terrorista y fundado por antiguos miembros del Frente Islámico de Salvación (FIS) que en los años 90 se enfrenó a los militares en Argelia.
Condenado a muerte
El Ministerio del Interior denegó la solicitud de asilo a Mohamed Benhalima, un ex militar argelino que estaba ya en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia.
Tenía un canal de YouTube en el que denunciaba la “corrupción” de las fuerzas armadas de su país. Había participado en las protestas del Hirak.
En marzo de 2022 fue expulsado en avión desde España a Argelia. La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Argelia difundió un vídeo del juicio en el que Benhalima decía que el fundador del movimiento islamista Rachad le había captado para que proporcionara información confidencial sobre el ejército y la policía.
Contaba también que el ex diplomático Mohamed Larbi Zeitout, establecido en Londres y fundador de Rachad en 2007, le instó a “romper la institución militar”.
Finalmente, un tribunal argelino le condenó a muerte en mayo de 2022.
Seis meses de cárcel
Las noticias sobre Benhalima apuntaban que huyó a España en 2019, después de haber publicado algunos vídeos sobre la corrupción de los militares.
La fecha no encaja con parte del relato de la Comisaría General de Información. Quizás cuadra más el caso de Mohamed Abdallah, del que se contó que vivía en España desde 2018 y que fue detenido en Vitoria.
En todo caso, ambos parece que tuvieron contacto en Argelia, para sacar a la luz casos de corrupción en las fuerzas armadas, ambos huyeron a España y fueron expulsados de vuelta a su país.
A Abadallah no le condenaron a muerte, sino a seis años de cárcel.
