Los delitos de atentado contra agentes de la autoridad se disparan
De 9.967 casos en 2018 repuntaron a más de 11.000 en 2020, el año del confinamiento. En 2021 se registró un nuevo repunte
“Detenidas dos personas en Granada por agredir a un agente tras negarse a ponerse la mascarilla”, “Un joven chulea y agrede a un urbano en Castellar del Vallès”, “Detenida por agredir a un policía que le pidió que usara la mascarilla”...
Estos titulares aparecieron en diarios regionales y locales de Granada, Barcelona y Canarias a partir de marzo de 2020, cuando comenzaron las medidas especiales por la pandemia del coronavirus.
Las agresiones a policías por parte de personas que se saltaron el confinamiento de primavera de 2020, o que posteriormente se negaban a ponerse la mascarilla donde y cuando era obligatoria, fueron habituales en las etapas de mayores restricciones.
Sea por la pandemia o por otras causas, lo cierto es que los delitos de atentado contra agentes de la autoridad llevan años aumentando. Así lo reconoce el Gobierno de Pedro Sánchez, en una respuesta parlamentaria a una diputada del PP en el Congreso, Ana Vázquez Blanco, que ha consultado Confidencial Digital.
El Ejecutivo recoge en un cuadro “los datos disponibles obrantes en el Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), sobre atentados contra agentes de la autoridad o funcionarios públicos desde 2018”.
Se trata de los datos correspondientes sólo a dos cuerpos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Abarca varias tipologías delictivas: atentado contra agentes policiales, atentado contra personas con la condición de autoridad, y atentado contra funcionarios públicos.
En el año 2018 se registraron 9.967 “hechos conocidos de atentado contra agentes de la autoridad o funcionario público”. Desde entonces, estos sucesos no han hecho más que crecer.
Subieron a 10.457 en 2019, y en 2020, el año que estalló en España la crisis sanitaria del coronavirus, se alcanzaron los 11.205 delitos de este tipo.
No fue 2020 el año tope, ya que en 2021 hubo un nuevo repunte: 11.932 atentados contra agentes de la autoridad o funcionario público.
El balance es que de 2018 a 2021 estos episodios aumentaron en torno a un 20%.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz Pedro Carmona apunta que esta tendencia ya la vienen denunciando desde hace años. Reclaman que se refuerce la protección judicial de los guardias civiles y policías nacionales en sus actuaciones, y también piden el endurecimiento de las penas que se imponen a quienes agreden a agentes de la autoridad.
El Código Penal castiga como reos de atentado a quienes “agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
Además, en todo caso se consideran actos de atentado “los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
