Traductores de árabe en la unidad antiterrorista de la Policía logran cobrar 17.000 euros más
Dos sentencias reconocen que tenían que percibir un salario más alto, por ser licenciados y realizar funciones de categoría superior según su convenio
Las unidades de los servicios de información dedicadas a perseguir el terrorismo yihadista dependen en buena medida del trabajo de los traductores para poder entender conversaciones de sospechosos, mensajes y otros textos. Dos de estos traductores han ganado en los tribunales una mejora salarial.
- Comisaría General de Información de la Policía Nacional
- Sentencia inicial del Juzgado de lo Social
- Recursos y revisión de la sentencia
- Traductores e intérpretes de árabe
- Reclamación salarial por categoría superior
- Decisión final del Tribunal Superior
- Conclusiones de la sentencia
Comisaría General de Información de la Policía Nacional
Los protagonistas de este caso ocupaban puestos de traductor e intérprete de árabe en la Comisaría General de Información, la unidad de la Policía Nacional que vigila la radicalización islamista y las células terroristas de inspiración yihadista.
Sentencia inicial del Juzgado de lo Social
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que corrige una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid.
El juzgado estimó parcialmente una demanda en reclamación de derecho y cantidad que interpusieron esos dos traductores de árabe de la Policía Nacional.
Condenó al Ministerio del Interior a abonar a cada uno de ellos 10.906,88 euros por el desempeño de funciones entre febrero de 2023 y agosto de 2024, más sus intereses contados con arreglo a un tipo anual del 10%.
Recursos y revisión de la sentencia
Los dos intérpretes recurrieron en suplicación, y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también estimó ese recurso. La segunda sentencia elevó la cantidad que Interior les debe pagar a 17.148,22 euros, más los intereses.
Traductores e intérpretes de árabe
Uno de los expertos en lengua árabe presta sus servicios en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional desde febrero de 2005, y el otro desde 2013.
Los dos ocupaban el puesto de “Traductor e Intérprete del Árabe”, con el código “G3 Traducción e Interpretación”. Les adscribieron al puesto por el cual reclamaron el 22 de febrero de 2023.
Reclamación salarial por categoría superior
La sentencia del juzgado de lo Social estableció que “a lo largo de su relación laboral, ambos trabajadores han desempeñado las funciones de traducción directa e inversa de documentos, traducción de soportes de audio y interpretación de enlace”, según certificados de funciones emitidos por la Secretaría General de la Comisaría General de Información.
El salario base mensual del traductor más antiguo fue de 1.441,52 euros en diciembre de 2022, y de 1.484,77 euros desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024. A partir de junio de 2024, el salario base ascendió a 1.491,97 euros y en agosto de 2024 a 1.521,81 euros.
La sentencia recogió que este traductor “cuenta con la titulación de Licenciado en Letras, obtenida en la Universidad Mohamed V (Marruecos) y homologada en España”.
Su compañero cobró un salario base mensual de 1.484,77 euros en noviembre y diciembre de 2023, y a partir de enero de 2024 mantuvo el mismo salario de 1.484,77 euros hasta junio de 2024, cuando ascendió a 1.521,81 euros.
Este segundo intérprete “ha completado varias formaciones específicas en traducción e interpretación, entre ellas el Curso de Terminología para Traductores e Intérpretes en junio de 2013”.
Los dos traductores de la Policía Nacional se quejaron al ver las cantidades salariales de los procesos selectivos convocados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en los años 2021, 2022 y 2024 para el ingreso en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado, en los que se ofertaron plazas correspondientes al Cuerpo o Escala A1 de funcionarios de carrera, “quienes desarrollan las mismas tareas de traducción e interpretación que vienen realizando los demandantes”.
Decisión final del Tribunal Superior
La relación laboral de esos traductores “se rige por IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado”, que regula que en el grupo G1 se requiere Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes, o Grado, y en el G3 la titulación requerida es Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalentes.
“Grupo G1 generalmente está destinado a personal con mayores responsabilidades y cualificaciones profesionales, mientras que el grupo G3 incluye a trabajadores con una capacitación técnica avanzada pero de un nivel inferior al de los titulados universitarios de G1”, resumió el juez.
Conclusiones de la sentencia
La cuestión es que los dos traductores que llevaron su caso a los tribunales reclamaron cobrar las diferencias salariales por realización de funciones de superior categoría entre la ostentada de G3 y la realizada de G1, en el período de febrero 2023 a agosto de 2024 ambos incluidos.
Es decir, ellos oficialmente estaban encuadrados en el grupo G3, pero argumentaron que tenían formación superior y habían realizado tareas propias del grupo G1, y por tanto debían de pagarles acorde a ese grupo con salario mayor.
Denunciaron que durante esos once meses habían cobrado menos de los que les correspondía por haber asumido funciones del nivel G1.
El juez de primera instancia les dio la razón. Calculó que les habían pagado 572,32 euros menos al mes. El salario base del grupo G3 era de 1.484,77 euros mensuales en 2023, frente a los 2.057,09 euros de G1.
La diferencia se amplió a 576,42 euros en 2024.
En total, la sentencia estableció que el Ministerio del Interior debía pagarles 10.906,88 euros, para compensar esa diferencia salarial no abonada.
Los dos traductores recurrieron, porque pese a que les habían estimado el recurso, consideraron que el juez había calculado las cantidades con cifras equivocadas.
Finalmente lograron que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les diera la razón.
“La modificación del hecho probado se admite en los siguientes términos”: las diferencias mensuales en el año 2023 “ascienden a 781,48 € por 13 meses (febrero 2023 a diciembre 2023) y en el año 2024 ascienden a 797,12€ por 9 meses (enero a agosto 2024), cuantía acumulada 17.333,32€. La cantidad inicialmente reclamada ascendería a 17.148,22 € en el periodo febrero de 2023 hasta agosto de 2024”.
Una de las claves estaba en las pagas extra y cómo contabilizarlas.
“Tienen razón los recurrentes, pues declarado y acreditado, y que no es objeto de recurso, que los actores en los periodos que se reclaman realizaron de las funciones propias de la categoría G1, asumiendo todas y cada una de las funciones que el convenio colectivo atribuye a esta categoría profesional, de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores”, establece la sentencia.
Por eso, los dos traductores de árabe en la Comisaría General de Información “tienen derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realizaron”.
Con la corrección al alza, de 10.906,88 euros a 17.148,22 euros, los jueces avalaron la decisión de obligar al Ministerio del Interior a pagarles más por el trabajo de esos meses.
