El Gobierno apoya la existencia de las emisoras ciudadanas aunque las Comunidades Autónomas prefieren que sean comerciales

Según la Red Estatal de Medios Comunitarios (REMC), los gobiernos autonómicos están haciendo una interpretación sesgada de la Ley 31/1987 de Ordenación de Telecomunicaciones por negarse a conceder frecuencias de radio a las emisoras comunitarias o ciudadanas frente a las de tipo comercial.

El colectivo destaca una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada Isaura Navarro en la que se afirma que las emisoras de gestión indirecta “podrán ser atribuidas a personas físicas o jurídicas, sin establecer ningún tipo de restricción en relación con el carácter lucrativo o no de las personas jurídicas”.

La interpretación de REMC es que la afirmación del Gobierno invalida el argumento de las Comunidades Autónomas por el que se rechazan las peticiones de licencias de las asociaciones de base sin ánimo de lucro. Es decir, los colectivos ciudadanos sí pueden aspirar a las 866 concesiones de radio que el Gobierno repartió a las comunidades autónomas en septiembre de 2006 (Plan Técnico Nacional de FM) para que estas las asignaran. De hecho, el mismo escrito de respuesta añade que “las CCAA tienen la competencia para determinar hasta qué punto quieren impulsar estas formas de radiodifusión de carácter comunitario y asociativas”.

Para REMC, “los gobiernos autonómicos sólo quieren dar licencias a emisoras comerciales. Esto constituye una clara ilegalidad y un agravio tras más de 20 años de reivindicaciones de los medios comunitarios españoles, que piden garantías para poder ejercer su derecho a comunicar según el artículo 20 de la Constitución”.

Por último, hay que destacar que la decisión final corresponde a las Comunidades Autónomas ya que como concluye el Gobierno, "la normativa estatal se limita a permitir, pero no obliga a las Comunidades Autónomas a que hagan uso de esta posibilidad" de conceder licencias a este tipo de emisoras de carácter asociativo y comunitarias.