Sábado 21/10/2017. Actualizado 01:01h

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Política

Primeras fisuras en la Generalitat

La vicepresidenta y el consejero de Interior dicen “no” a Artur Mas

Han comunicado al president que no van a movilizar a los funcionarios para que organicen el referéndum independentista: “La Justicia iría a por nosotros”

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A Artur Mas le han salido opositores al referéndum independentista desde su propio Gobierno. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, y Ramón Espadaler, consejero de Interior, ya le han transmitido que no van a dar orden a los funcionarios a su cargo para salvar la consulta. Ambos temen que la Justicia vaya a por ellos por prevaricación.

Artur Mas con su consejero de Interior, Ramón Espadaler. Artur Mas con su consejero de Interior, Ramón Espadaler.

Tal y como se avanzó en estas páginas, el Gobierno central tiene previsto informar por vía escrita a los funcionarios de Cataluña que facilitar la celebración del referéndum independentista del 9 de noviembre será causa de inhabilitación. Esa advertencia, que todavía no se ha materializado de forma oficial, también ha calado profundamente en el seno de la Generalitat.

Y es que, según explican a El Confidencial Digital fuentes de Unió Democrática de Catalunya cercanas al Gobierno catalán, ya ha habido dos altos cargos de la Generalitat que, ante el veto del Tribunal Constitucional a la consulta, y las “amenazas” del Gobierno de Mariano Rajoy, han manifestado a Mas sus reservas a la hora de seguir apoyando el proceso.

Estas dos personas son, precisamente, las que tienen a su cargo a los empleados públicos de Cataluña: la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega; y el consejero de Interior, Ramón Espadaler.

--Ortega, además de número dos de Mas, es la responsable de Gobernación de la Generalitat y, por tanto, la cabeza visible de toda la administración pública catalana.

--Espadaler, por su parte, es el máximo dirigente de los Mossos d'Esquadra, cuya movilización también sería básica para garantizar la seguridad durante la consulta.

Temen ser acusados de prevaricación

Ambos, explican las fuentes consultadas, han trasladado a Artur Mas que no darán “ningún tipo de instrucción” al personal público a su cargo de cara a la jornada del 9 de noviembre. El argumento utilizado es que, de celebrarse el referéndum con el apoyo de los funcionarios, ellos serían “los principales responsables legales”.

En ese sentido, tanto Ortega como Espadaler temen que la Fiscalía del Estado pueda acusarles de prevaricación, por haber empleado su cargo público para realizar una consulta “ilegal”.

Esa acusación también sería extensiva a Artur Mas que, no obstante, parece firme en la celebración del referéndum. Esa postura, sin embargo, puede cambiar en los próximos días, según admiten dirigentes de CiU: “Él también es consciente de las consecuencias penales, pero quiere ampliar al máximo los plazos antes de desactivar definitivamente la consulta”.

Los Mossos “cumplirán la ley”

La renuncia de Espadaler a movilizar a los Mossos d'Esquadra a favor de la consulta quedó reflejada en el comunicado interno que el director del cuerpo autonómico, Albert Batlle, emitió la semana pasada a los agentes pidiéndoles “neutralidad e imparcialidad” en las próximas semanas y en el 9-N.

Batlle, que llegó a la dirección de los Mossos con el aval de Espadaler, “ha tenido en cuenta la opinión del consejero y ha sido el primero en pedir que los suyos cumplan con la ley”.

En ese sentido, las fuentes consultadas dan por seguro que fue el propio Espadaler el que, en “conversaciones recientes” con el director de los Mossos, le pidió que dejara clara la postura del departamento con respecto a la consulta independentista.

Ortega y Espadaler, los “aliados” de Rajoy

La oposición de Joana Ortega y de Ramón Espadaler a que los funcionarios catalanes faciliten la celebración de la consulta les confirma como dos “aliados” del Gobierno dentro de la Generalitat para frenar el referéndum.

ECD ya contó el pasado mes de agosto que Moncloa se había trabajado, en los últimos meses, el apoyo de hasta cuatro altas personalidades políticas catalanas para desactivar el desafío soberanista de Artur Mas.

Además de la vicepresidenta y el consejero de Interior, el Gobierno había logrado 'ganarse' a Joan Rigol, coordinador del llamado Pacto por el Derecho a Decidir; y al también consejero Santi Vila, responsable de la cartera de Territorio y Sostenibilidad.

Todos ellos se comprometieron a trasladar a Mas el mismo mensaje que Rajoy en su última reunión en Moncloa, insistiendo en la necesidad de buscar otra salida alternativa al referéndum. Ahora, Ortega y Espadaler ya han dejado claro al president que no movilizarán a los funcionarios para celebrar una consulta ilegal.

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