La dermatóloga Elisa Pinto pide la nulidad de parte del proceso por no haber recibido la agenda de Villarejo

El caso entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid está lejos de cerrarse, a pesar de que la instrucción se extiende ya más de 6 años. El pasado 28 de agosto uno de los dos juzgados que investiga las acusaciones cruzadas de acoso, dictó el auto de pase a procedimiento abreviado -que es el previo a la apertura del juicio oral- y propuso juzgar a López Madrid por un delito de acoso y otro de amenazas. Pero días después, el 15 de septiembre, la defensa de Pinto pidió la nulidad de parte del proceso por considerar que se han vulnerado sus derechos. 

Concretamente, consideran que ha existido un defecto procesal grave por haber denegado sistemáticamente el acceso a la agenda del excomisario José Manuel Villarejo donde existían anotaciones referentes al caso de Pinto, según un escrito al que ha tenido acceso Confidencial Digital. 

El apuñalamiento a la reconocida dermatóloga madrileña es una causa enmarañada que continúa enredándose. La jueza Belén Sánchez, del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid encargada de la denuncia que interpuso Pinto, considera a López Madrid y Villarejo los responsables de estas agresiones con arma blanca que sufrió en 2014. Les acusa por tanto de dos delitos: acoso y amenazas. 

Para la defensa de Pinto falta uno fundamental y es el de cohecho, que demostraría que Villarejo y López Madrid tuvieron relación con los policías que redactaron informes desfavorables para la doctora.

La Audiencia Nacional encontró la agenda de Villarejo 

El  ‘caso Pinto’ tiene puntos comunes con el ‘caso Tándem’ que investiga la Audiencia Nacional sobre los trabajos ilegales que Villarejo realizó durante años para políticos y empresarios. En el marco de esa operación, la policía entró en el domicilio del comisario jubilado, que está en prisión provisional desde 2017, y requisó la agenda. 

En el informe que los agentes realizaron tras la intervención, y al que Confidencial Digital ha tenido acceso, hablan de un “hallazgo casual” en esos documentos en los que se menciona la doctora Pinto. En particular, en esas anotaciones manuscritas el comisario reconocía que Pinto lo iba a identificar en una rueda de reconocimiento; así como mencionaba una conversación con el periodista Daniel Montero, a quien la doctora denunció por la revelación de una grabación en un caso que fue archivado. 

En ese momento, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, reenvió la documentación al 39 de Plaza de Castilla porque considera que era allí donde había que investigar esa prueba y el 13 de marzo de 2019 la Audiencia Nacional se inhibió. Es decir, se desocupó de lo relacionado con ese asunto.  

La defensa pidió la documentación en más de siete ocasiones 

La abogada de Elisa Pinto, Ana Blanco, pidió en más de siete ocasiones que el Juzgado 39 le diera copia de esas pruebas para poderlas analizar. La jueza no contestó a la mayor parte de ellos e, incluso, las procuradoras llegaron a presentarse en reiteradas ocasiones en Plaza de Castilla para pedir esta documentación sin éxito. 

Esto llevó a la dermatóloga a personarse como acusación particular en 'Tándem', donde la terminaron admitiendo el 1 de octubre de 2019. En el auto del juez Manuel García-Castellón se explicaba que había indicios claros de que López Madrid había realizado un encargo a Villarejo. 

Las pruebas de este presunto delito de cohecho las tiene la Audiencia Nacional y el Juzgado 39 no permitió el acceso a la defensa de Pinto hasta que a finales del mes pasado dicta el auto de procesamiento abreviado. La defensa de Pinto considera que esto supone una clara indefensión y con este argumento presenta un incidente de nulidad de todas las actuaciones que se hicieron a partir del momento en el que la Audiencia Nacional se inhibió. En un escrito de 8 páginas, la letrada de Pinto argumenta todas las veces que pidió la agenda y no se le entregó considerando una vulneración del derecho de defensa.