Judicial

Inversores particulares se querellan contra la plataforma Housers por proyectos inmobiliarios no terminados

La CNMV les investiga por adjudicación de construcciones a empresas con directivos vinculados a la sociedad

Un grupo de inversores particulares ha comenzado a emprender acciones legales contra la plataforma Housers, una empresa para invertir en proyectos inmobiliarios. Un total de 46 afectados se han unido por el momento y entre todos acumulan pérdidas de 550.000 euros de inversiones. Hasta ahora han interpuesto dos querellas y una demanda. Por su parte, la CNMV está investigando a la empresa por la adjudicación de operaciones a promotores que tienen vínculos con la entidad, según ha podido saber Confidencial Digital

Housers se define como una plataforma de financiación participativa que lo que pretende es democratizar la inversión en activos inmobiliarios. Tiene modelos de inversión diferentes, pero el negocio consiste en que cualquier persona con un mínimo de 50 euros puede participar en proyectos urbanísticos, normalmente ubicados en céntricos barrios de Madrid, Barcelona o Valencia, aunque también en Italia o Portugal. Cada inversor aporta un capital para la compra, la construcción, la remodelación o diferentes operaciones urbanísticas de las que luego recibe un beneficio en función al dinero invertido. Lo que denuncian estos afectados es que muchos proyectos no se realizan, sino que se aplazan una y otra vez y terminan por no recuperar el dinero. 

En su página web hay registrados 122.037 inversores y la inversión acumulada supera los 115.000.000 euros. De esto se ha devuelto (en capital o en intereses) más de 47.000.000 euros. 

En cada inversión viene estipulado el plazo para la realización del proyecto. Pero en ocasiones surgen problemas derivados de la licencia de la obra o de la compra del terreno que provocan los retrasos. Si el tiempo se acaba sin que la construcción se haya terminado, Housers habla con los inversores para buscar una solución: “tratamos de contactar con el promotor para ver cuál es el problema. Damos dos meses para que nos informe y si pasados esos dos meses no tenemos información, convocamos una reunión de prestamistas y les solemos dar dos opciones: llevar a recobro al prestamista o una reestructuración de la deuda con una propuesta alternativa”, explica Juan Antonio Balcázar, CEO de la empresa. 

En el cien por cien de los proyectos se decide aplazar la fecha de vencimiento del proyecto a cambio de unos intereses de demora.

Según explica Housers a Confidencial Digital las Juntas para tomar estas decisiones se pueden realizar presenciales o mediante voto telemático. Sin embargo, afectados como Luis Ballesteros se quejan de la poca información que reciben sobre su dinero y explican que nunca le han dado la opción de una reunión presencial. “Yo he invertido en 3 proyectos. Al llegar el vencimiento de los tres, habían fallado. Hablé con el gestor que me habían adjudicado y quedé en una entrevista en Madrid con ellos para que me explicaran. Me llevaron a un bar y me dijeron que los despachos estaban todos ocupados. Me dijeron que ellos no tenían la culpa si los promotores no cumplen”. 

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Desde la plataforma explican que invertir siempre supone un riesgo. “Nosotros damos toda la información que nos da el promotor. Es el inversor el que decide dónde invierte. Housers hace un análisis previo. Pero eso no significa que nosotros tengamos la responsabilidad de la inversión”, explica Balcázar. 

Luis Ballesteros es el presidente de una asociación de afectados (cuyos estatutos han sido presentados en el Ministerio de Interior) que aúna a 46 afectados a los que se están sumando más con el objetivo de emprender acciones legales. 

Hay un total de 283 proyectos financiados, según los datos que ofrece la web de la entidad, de los que 96 están cerrados. La asociación, por su parte, ha realizado un documento de los proyectos de los que forman parte y que han sido “fallidos”, es decir que siguen prorrogándose y a día de hoy no han recibido el dinero invertido. Se trata de 74 proyectos - Retiro, Sagasta, Oviedo, Madrid Río, El Raval II, etc. - en los que cada socio (representados con un número en este documento) ha invertido cantidades desde los 60 euros hasta los 50.000.

Dos querellas y una demanda 

Los afectados han contratado al despacho de abogados de Manuel Merino para encargarle los asuntos legales. Por el momento se han interpuesto dos querellas y una demanda. 

La primera de las querellas es por el proyecto de Santa Eulalia (en Madrid), por el que se solicitó una financiación de 748.400 euros en 2016 para comprar una vivienda, demolerla y construir un edificio residencial. La construcción estaría finalizada en el plazo de 24 meses, pero todavía hoy no se ha terminado. En la querella, que está pendiente de admisión a trámite, se imputa tanto a la sociedad mercantil Housers Goblal Properties S.L. como a los fundadores de la empresa un delito de estafa, apropiación indebida y administración desleal.  

La segunda querella es por dos proyectos: San Andrés (en Huelva) y Albufera II (Tarragona). El Juzgado de Instrucción nº12 de Madrid la desestimó por no ver delito penal, pero Merino, a cargo del caso, ha recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid, que está pendiente de resolver esta cuestión. 

Y una tercera demanda interpuesta por el proyecto la Boladilla Village (Estepona) contra Housers y la Sociedad Mercantil By nok en un Juzgado de Madrid del que se alega la nulidad del contrato de préstamo suscrito por engaño y vicios en el consentimiento del que todavía tampoco se ha construido nada. Además, Merino prepara también una querella criminal por este asunto. 

La CNMV les investiga 

Ya en junio de 2019, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puso a la plataforma una sanción de 215.000 euros por infracciones graves y muy graves que tenían que ver con la vulneración del principio de neutralidad y actuación del mejor interés para el cliente, así como la realización de actividades que no constan en su autorización. 

Según ha confirmado ECD a fecha 24 de octubre del 2019 la CNMV acordó incoar otro expediente sancionador por la inspección realizada en 2017 contra Housers por considerar que no había cumplido su obligación de sustituir a los administradores de las 42 sociedades que gestionan activos inmobiliarios y por haber favorecido a empresas regidas a personas vinculadas con Housers con operaciones de préstamos. 

La CNMV en este informe dice que ha constatado un total de 32 proyectos por importe de más de 8 millones de euros ha sido beneficiado sociedades con las que Housers tiene algún tipo de vinculación de sociedades de al menos 3 de un total de 4 promotores. 

“La CNMV considera que Housers ha facilitado a empresas controladas por personas con las que tiene vinculación, la financiación de proyectos”, explica Merino, "a partir de estos datos, los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de estafa y corrupción entre particulares”. 

Por su parte, desde Housers explican que no están dispuestos a aceptar esta sanción. “La ley de sociedad de capitales define claramente cuál es la vinculación entre socio y sociedades. Ahora mismo tenemos más de 200 promotores distintos. Y de esos, la CNMV considera que en dos había vinculación. Nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación y llegaremos al Contencioso-Administrativo si hace falta”, dice el CEO de la empresa. 

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