Judicial

Las presiones del Gobierno provocan consenso en el CGPJ para desbloquear los nombramientos

Indignación entre los vocales por lo que consideran una interferencia en el Poder Judicial. Las negociaciones sobre las cuatro Salas del Tribunal Supremo están ya avanzadas

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asiste a la entrega de los despachos de la LXIX promoción de la Carrera Judicial en Barcelona
photo_camera El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asiste a la entrega de los despachos de la LXIX promoción de la Carrera Judicial en Barcelona

Los últimos movimientos de miembros del Gobierno han provocado una reacción de rechazo bastante unánime en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De la misma manera que el pasado mes de julio los vocales afrontaron divididos la votación para elegir a tres miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo -nombramiento que finalmente se suspendió-; en el Pleno de este miércoles 30 de septiembre se da por hecho que habrá acuerdos.

Y no solo eso. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, quiere más que nunca dar la imagen de unidad y que la institución “salga reforzada”, en boca de fuentes del CGPJ, de estas votaciones. 

Algunos vocales consideran que las últimas semanas “han vivido una campaña de acoso”. Especialmente esta última semana en la que afirman haber recibido contactos de personas cercanas al Gobierno para persuadirles de que realicen los nombramientos. 

En juego están tres vacantes en la Sala Penal del Tribunal Supremo y la presidencia de tres de las cinco Salas: de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Militar. No es una cuestión baladí. Supone decidir puestos vitalicios en el Alto Tribunal que es el que decide en última instancia -salvando el Tribunal Constitucional- sobre los asuntos más trascendentales en la justicia española. 

Pero ni Lesmes ni la mayor parte de los vocales están dispuestos a aplazar esta decisión una vez más. Tal y como publicó Confidencial Digital, el presidente está decidido a quitarse todos los nombramientos de una tacada. 

Las presiones del Gobierno han sido determinantes 

El pasado mes de julio los 21 vocales se reunieron, como cada mes, pero esta vez con una cuestión trascendental: decidir las tres personas que ocuparán las vacantes que la jubilación de Alberto Jorge Barreiro, Francisco Monterde y Luciano Varela han dejado en la Sala Segunda del Supremo. A aquel encuentro muchos miembros llegaron pensando que no debían ser ellos quienes decidieran, puesto que su mandato venció el pasado mes de noviembre de 2018. Según el sector más progresista, debía ser el nuevo Consejo y ante la noticia de que Gobierno y oposición estaban negociando ya esta renovación todos decidieron dejar en “pausa” los nombramientos. 

En verano, las conversaciones entre el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el Consejero del PP, Enrique López, se rompieron y el pacto no se llegó a formalizar. Por lo que el mes de septiembre ha llegado con las mismas vacantes desocupadas, además de otros muchos puestos en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales de España. 

Por eso, una parte de los vocales considera que no pueden dejar a un lado sus funciones y tienen que seguir adelante con los puestos discrecionales. “Una mentira repetida muchas veces, no deja de ser una mentira. Nosotros por el hecho de estar en funciones no hemos dejado de ser los competentes para cumplir las funciones que tenemos”, explica un vocal. La otra parte que era más partidaria de no decidir sobre estos puestos hasta que no hubiera renovación parece haber cambiado de idea en las últimas semanas. 

El hecho de que el Gobierno no permitiera que el rey estuviera en el acto de reparto de despachos de los jueces en Barcelona el pasado jueves ha provocado un auténtico terremoto en la carrera. Vocales del CGPJ consideran que no pueden “quedarse callados” y menos después de lo que consideran una injerencia del Gobierno en un asunto judicial. 

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Esta vez la voluntad de negociación parece reinar entre los veintiún miembros, de los que deben estar al menos trece de acuerdo para que las plazas salgan adelante. 

Habrá nombramientos

La deliberación será tensa, esto también es un punto que la mayoría tiene asumido. Se encuentran en conversaciones a contrarreloj para lograr candidatos de consenso y “acuerdos con cierta holgura”. 

La sala segunda es la más sencilla porque hay tres plazas vacantes, por lo que las posibilidades de ponerse de acuerdo son mayores. El nombre del magistrado conservador, Ángel Hurtado, actualmente en la Audiencia Nacional y quien formuló el voto particular contra la sentencia Gürtel es uno de los que suena con fuerza. Por el otro lado de la balanza, el magistrado progresista Javier Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, también está en las quinielas. 

Para la presidencia de la Sala III parte como favorito César Tolosa, como ya contó Confidencial Digital. El magistrado progresista de la Asociación Profesional de la Magistratura parece haber convencido a más miembros del CGPJ frente a la magistrada Pilar Teso que ha sonado en varias ocasiones para presidir el propio Consejo. El elegido sustituirá a Luis María Díez-Picazo, quien sale de la presidencia con la imagen de la Sala un tanto debilitada y desestructurada. 

La sala Cuarta será ocupada sí o sí por una mujer lo cual significa un doble hito: que esa Sala la presida una mujer por primera vez y que una mujer presida por primera vez una Sala en el Tribunal Supremo. A esta aspiran la progresista María Luisa Segoviano y Lourdes Arastey, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria. 

La Sala Quinta se disputa entre Jacobo Borja de Quiroga y Julián Sánchez Melgar, el primero progresista y el segundo conservador.  

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