Paradójica semana de las eléctricas con Almaraz: entregarán un texto de prórroga y otro de cierre
Iberdrola, Endesa y Naturgy tienen que presentar estos dos documentos al Ministerio para la Transición Ecológica antes del 1 de noviembre
La central nuclear de Almaraz va a vivir una semana decisiva y paradójica. Sus tres propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— deben presentar al Ministerio para la Transición Ecológica dos documentos de signo opuesto: la solicitud de prórroga de la vida útil de la planta y, a la vez, la declaración formal de su cierre.
- Dos cartas, un mismo día
- Iberdrola reafirma su compromiso
- Una central clave en el mix energético
- Presión sobre el Gobierno
- De la amenaza de cierre al consenso
- El plan de cierre, intacto
- Un escenario incierto
La fecha límite es el 1 de noviembre, y las compañías se preparan para enviar ambos textos el mismo día.
El caso de Almaraz simboliza el momento de indefinición del parque nuclear español. El primer reactor de la central cacereña debería cesar su actividad en noviembre de 2027, según el calendario pactado en 2019 entre el Gobierno, las eléctricas y Enresa.
Pero la realidad energética y geopolítica ha cambiado desde entonces. El debate sobre si prolongar la vida de las nucleares, soterrado durante una década, ha vuelto con fuerza al primer plano político y empresarial.
Dos cartas, un mismo día
Según ha podido saber Confidencial Digital, los consejos de administración de las tres compañías propietarias están analizando estos días las implicaciones económicas, laborales y de inversión que supondría alargar la vida de la central.
La intención de las tres, coinciden las fuentes consultadas, es “remar en la misma dirección”: solicitar la extensión de funcionamiento más allá de 2027 (concretamente hasta 2030).
El procedimiento exige varios pasos. Primero, los consejos de administración de las eléctricas deben aprobar el envío de la solicitud, algo que se prevé que ocurra la semana que viene.
Inmediatamente después se convocará una junta extraordinaria de administradores de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) para formalizar el envío al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
En esa misma jornada, las eléctricas enviarán también la declaración de cese definitivo de la unidad I, un trámite que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige presentar dos años antes de la fecha de cierre.
El Gobierno deberá decidir entonces cuál de las dos vías prospera: la continuidad o el cierre.
Iberdrola reafirma su compromiso
La junta de administradores de las CNAT celebrada el pasado 21 de octubre sirvió para que Iberdrola reafirmara públicamente su compromiso con la extensión de vida de la central, “al igual que han venido haciendo Endesa y Naturgy”, según fuentes de la compañía.
En esa reunión se analizaron las operaciones de la planta, “que mantiene sus instalaciones en perfectas condiciones técnicas”, según el último informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), que ha otorgado a Almaraz el nivel de excelencia.
El objetivo de las propietarias es enviar cuanto antes la documentación de continuidad al MITECO, “con carácter previo a la entrega de información al CSN”. Este último organismo, encargado de velar por la seguridad nuclear, debe recibir toda la documentación antes del 1 de noviembre, según la instrucción técnica aprobada el pasado julio.
Una central clave en el mix energético
Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, produce cerca del 7% de toda la electricidad de España. Sus dos reactores generaron en 2024 más de 15.600 gigavatios hora (GWh), una cifra equivalente al consumo anual de varios millones de hogares. Iberdrola controla el 53% de la planta, Endesa el 36% y Naturgy el 11%.
El futuro de esta instalación es un hito estratégico para el sistema energético nacional. Cuando se pactó su cierre en 2019, la hoja de ruta nuclear española contemplaba un apagado progresivo entre 2027 y 2035. Pero el contexto ha cambiado.
La invasión rusa de Ucrania, la crisis del gas y el retraso en el despliegue de renovables han llevado a las eléctricas a reconsiderar la conveniencia de clausurar una fuente estable y libre de emisiones.
La Comisión Europea, además, clasificó en 2022 la energía nuclear como tecnología limpia dentro de la taxonomía verde, lo que ha contribuido a mejorar su aceptación social.
Presión sobre el Gobierno
El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, mantiene que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sigue vigente y que no hay planes para alterar el calendario nuclear.
El Ejecutivo solo estudiaría una prórroga si no implicara costes adicionales para los consumidores ni para el erario público, y si se garantiza la seguridad de suministro y la protección ambiental.
Sin embargo, las comunidades autónomas afectadas sí han comenzado a moverse. La Junta de Extremadura, encabezada por María Guardiola, ha prometido reducir a la mitad la ecotasa regional que pagan las nucleares si se aprueba la prórroga, una medida que llegó tras la presión de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos.
Las eléctricas reclaman además la reducción de dos impuestos específicos: la tasa a Enresa, que financia el desmantelamiento nuclear, y el tributo sobre el combustible gastado, creado en 2013 para contener el déficit de tarifa.
Con la extensión de vida, los costes de Enresa se repartirían entre más años de producción, lo que aliviaría la carga económica.
De la amenaza de cierre al consenso
Hasta hace unas semanas, Iberdrola —principal accionista— había insinuado que cerraría la planta si no recibía “ningún gesto” del Gobierno.
La central genera más de 4.000 empleos directos e indirectos en una comarca amenazada por la despoblación, por lo que el temor a un cierre inminente provocó manifestaciones y un inusual consenso político en Extremadura.
Pese a las tensiones, las tres propietarias parecen ahora alineadas en la idea de solicitar la prórroga. La decisión llega después de meses de desencuentros.
En junio, el MITECO rechazó una primera carta de Iberdrola y Endesa —sin la firma de Naturgy— en la que pedían retrasar el cierre tres años, hasta 2030. El Ministerio descartó aquella misiva al considerarla una “declaración de intenciones”, no una solicitud formal.
Desde entonces, las compañías han trabajado en un acuerdo de mínimos que permita trasladar al Gobierno una petición conjunta. Con esta maniobra, las eléctricas ponen la pelota en el tejado del Ejecutivo, sin haber obtenido aún contrapartidas fiscales.
El plan de cierre, intacto
La presentación de la solicitud de prórroga no invalida el plan de desmantelamiento que las empresas están obligadas a entregar al CSN. Dicho plan debe presentarse antes del 1 de noviembre, dos años antes del cierre previsto, y responde a una instrucción técnica complementaria aprobada en julio.
Con este documento, las propietarias cumplen la orden ministerial de 2020, que ya prolongó siete años la vida de la planta.
Esa dualidad —pedir la continuidad mientras se tramita el cierre— explica la “semana paradójica” que viven las eléctricas.
Un escenario incierto
El desenlace de Almaraz podría marcar el futuro del resto del parque nuclear español. Si el Ministerio acepta la prórroga, se abriría la puerta a revisar el calendario de cierre de otras plantas como Ascó o Vandellós, en Cataluña, cuyo apagado está previsto para 2029 y 2030.
En ese caso, Endesa, propietaria mayoritaria de las nucleares catalanas, sería la más beneficiada.
Por el contrario, si el Ejecutivo mantiene el calendario actual, Iberdrola será la más afectada, al concentrar la mayoría del capital en Almaraz. Un eventual cambio de Gobierno en 2027 —a tenor de las encuestas favorables al PP y Vox— podría alterar de nuevo el escenario.
Ambos partidos se han mostrado partidarios de prolongar la vida de las nucleares, que consideran esenciales para la seguridad del sistema y la independencia energética.
