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Demoledor informe al Comité de Auditoría de RTVE denunciando grave descontrol económico en la corporación

El ex decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación denuncia despilfarro, pagos sin justificar, exceso de subcontratación que deja sin trabajo a la plantilla…

Sede RTVE en prado del rey
photo_camera Sede de RTVE en Prado del Rey

Duro informe entregado contra la gestión económica de RTVE. Ángel Luis Gonzalo Pérez, ex decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha presentado un dossier en el que denuncia “gravísimos problemas” dentro de la corporación.

Gonzalo, que fue candidato en el concurso público de RTVE para renovar los miembros del consejo de administración, cuenta a Confidencial Digital que ha estado estudiando las deficiencias de gestión en la televisión pública que, en su valoración, le están llevando “hacia la irrelevancia y el despilfarro de los fondos públicos”.

Este trabajo, asegura, ya ha sido remitido al presidente del Comité de Auditoría de RTVE y a los miembros de la Comisión Mixta de las Cortes encargada de controlar Radiotelevisión Española.

Antecedentes

Ángel Luis Gonzalo comienza el informe recordando que, en los últimos años, organismos como el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han ido indicando “de manera recurrente gravísimos problemas de gestión, transparencia, eficacia y eficiencia” en RTVE.

Explica que se producen “deficientes y escasos procedimientos internos”, “habituales contrataciones injustificadas, tanto de personas como de producciones externas, sin comprobar antes la no existencia de recursos humanos y técnicos propios”, “pagos sin soporte documental”, “poco o nulo control de las subcontrataciones, los patrocinios y la publicidad encubierta”, y un “dramático decaimiento de la producción interna frente a la creciente contratación exterior”, entre otros problemas.

Negociación con productoras

Un ejemplo más de estas denuncias es un trabajo titulado por el Tribunal de Cuentas ‘Informe de Fiscalización de la Producción Propia de la Corporación de Radio y Televisión España’, que analiza los ejercicios de 2014 a 2016.

De hecho, como ya adelantó ECD, el actual presidente, Pérez Tornero, ha puesto en marcha un Comité de seguimiento encargado de las negociaciones con las productoras externas. Su objetivo es acabar con las concesiones incontroladas de las anteriores etapas de la Corporación.

Solución: el contrato-programa

En su análisis, Gonzalo sostiene que, para poder solucionar estas graves deficiencias de gestión en la radiotelevisión estatal, sería necesaria la redacción del primer Contrato Programa de RTVE.

¿Qué es el Contrato Programa? Fuentes de la corporación detallan a Confidencial Digital que es el instrumento mediante el cual se debería financiar RTVE. Tal cómo explican, sería el resultado de “la negociación entre la televisión y el Gobierno” sobre su financiación a partir de sus objetivos de servicio público.

 

“El problema -explican- es que nunca se ha redactado un Contrato-Programa”, a pesar de que la Ley Audiovisual, que habla de este instrumento, es el del añ0 2006, y que esa figura administrativa nació como tal en 1977.

Una cantidad anual

Esta situación ha provocado que los diferentes Gobiernos hayan ido asignando una cantidad anual para los presupuestos de la cadena pública, concretados “en función de su situación”, en vez de hacerlo por un procedimiento reglado.

Gonzalo considera también que se deberían auditar todas las subcontrataciones de los años anteriores que aún estén vigentes, ya que, sino, “probablemente no abarque sino una pequeña porción del volumen total”.

Producciones subcontratadas

Dentro de ese informe, Ángel Luis Gonzalo reclama que “se redacte cuanto antes el primer Contrato Programa”, con carácter trienal.

Plantea que en él se incluya el compromiso de recuperar paulatinamente gran parte de las producciones actualmente subcontratadas a productoras externas, para conseguir “un horizonte mínimo de rebajar esa sangría de fondos en 160M€ al final del trienio”.

Pide también que contemple las acciones necesarias “para aumentar” los ingresos por operación. Señala que los 53 millones conseguidos por la empresa por su actividad ordinaria en ventas son bajos, comparados con otras televisiones públicas como la BBC o France Televisión.

Reducir externalizaciones

El informe propone reducir las externalizaciones, lo que, con un aumento de las ventas, supondría en las Cuentas de 2025 “una reducción de 260M€/año de las necesidades de subvención pública, sin tocar el coste global de la plantilla”.

Sumando las prejubilaciones y jubilaciones, no inferiores a 1.500 personas, que calcula que habrán de producirse en los próximos tres años, dictamina que se reducirán en 2025 las necesidades de subvención pública para RTVE en más de un 35% respecto a las actuales cifras.

Cambio de mentalidad

EL informe que RTVE dejó de ser formalmente un Ente Público tras la LRTTE de 2006, “para convertirse en una Sociedad Mercantil Estatal, sometida al Derecho Privado (Ley de Sociedades de Capital) y al Estatuto de los Trabajadores”.

Sin embargo, más de quince años después no se ha abordado este cambio de cultura. Para ello, demanda al Consejo de Administración introducir en el Contrato Programa los conceptos de “rentabilidad (social y económica); profesionalidad; productividad; actividad encuadrada en proyectos, con objetivos, plazos y costes concretos; rendición de cuentas; transparencia; correlación entre resultados y remuneración, etc.”.

El informe documento alerta de que “desde fuera se percibe continuamente un aroma rancio de tipo “cuasi funcionarial” incluso en los continuos lapsus hablando del “Ente”. La sociedad española “no está percibiendo la supuesta calidad del Servicio Público, ni el uso eficaz y eficiente de sus impuestos”.

Cita una información de Maldita según la cual “nada menos que 170 Directivos cobran una media de 70.000€/año, más incentivos, y que el presidente, con sus 216.000€/año es, según cifras oficiales, la segunda persona mejor pagada de la esfera pública, tras la Presidenta del Consejo de los Diputados (231.000€)”.

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