El Gobierno está dispuesto a demandar a Ayuso si no crea el registro de médicos objetores
Moncloa tenía decidido esperar a que terminase el plazo de tres meses dado a las autonomías pero el rechazo público de la presidenta ha precipitado la decisión
- Conflicto entre Gobierno y Comunidad de Madrid por la ley del aborto
- Plazo para elaborar el listado de médicos objetores
- Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la objeción de conciencia
- La ley 1/2023 protege la objeción de conciencia
- Problemáticas en la sanidad pública en materia de abortos
- Datos de abortos en otras comunidades autónomas en 2024
Conflicto entre Gobierno y Comunidad de Madrid por la ley del aborto
El presidente, Pedro Sánchez, concedió tres meses para elaborar el listado de médicos objetores de conciencia a cuatro autonomías, pero las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves, han precipitado un debate que ya está encima de la mesa: llevar a Isabel Díaz Ayuso ante los tribunales por negarse a cumplir con la normativa.
El Ejecutivo ha visto una oportunidad para lograr un objetivo doble: enfrentar el discurso de la libertad de Ayuso con los impedimentos para que las mujeres ejerzan libremente el derecho de abortar en la sanidad madrileña, y dar también respuesta a la indignación que supone a sus votantes tener que acudir a clínicas privadas.
Los socialistas llevan meses enfocándose en recuperar el voto femenino perdido por el ‘caso Koldo’, los audios de Ábalos, el caso Errejón o la crisis de las pulseras. De ahí que haya varios altos cargos de Moncloa que apuesten por dar la batalla y no pecar de inacción frente a una parte del electorado que sostuvo a Sánchez el 23-J y apoya mayoritariamente el derecho al aborto.
Plazo para elaborar el listado de médicos objetores
Sánchez concedió tres meses a Asturias, Madrid, Baleares y Aragón para cumplir con el registro, y el Gobierno no pensaba actuar antes, ni anunciar consecuencias antes de ese plazo; pero las palabras de Ayuso han dado la vuelta al tablero. Aunque las fuentes consultadas confirman que el Ejecutivo recurrirá este acto de rebeldía de la Comunidad de Madrid, altos cargos socialistas explican que hay un punto clave por decidir: quién liderará esta iniciativa.
Encima de la mesa hay tres opciones:
- que lo haga el Gobierno, en coherencia con el ultimátum lanzado por Sánchez;
- que sea el Ministerio de Sanidad, principal implicado y competente en la materia;
- o que sea el PSOE de Madrid junto con Más Madrid, un punto que ayudaría a la carrera electoral de Óscar López brindándole una punta de lanza con la que tratar de mermar la mayoría absoluta de Ayuso.
Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la objeción de conciencia
“Váyanse a otro lado a abortar”, le ha espetado la líder madrileña del Partido Popular a la oposición este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta considera que la ley aprobada durante la etapa de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad pretende forzar a los objetores a realizar abortos, vulnerando su derecho a no hacerlo.
“No pienso obligar a un profesional a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, ha sentenciado.
La ley 1/2023 protege la objeción de conciencia
Sin embargo, la ley 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge en el artículo 19 bis este derecho:
“El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito”.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, explican a Confidencial Digital que la ley persigue impedir que la objeción de conciencia sea un impedimento para facilitar el aborto en la sanidad pública; por ejemplo, garantizando (basándose en el registro) que haya médicos no objetores en todos los centros públicos.
Problemáticas en la sanidad pública en materia de abortos
El registro desarrollado en la nueva normativa aprobada en 2023 que regula la interrupción del embarazo pretende garantizar que haya profesionales no objetores que eviten derivaciones a la privada. Actualmente, existe una suerte de objeción generalizada que ha provocado que menos del 1% de las interrupciones se produzcan en la sanidad pública y la práctica totalidad se derive a clínicas privadas.
El Ejecutivo incluso detectó que médicos que se declaraban objetores en la sanidad pública, después ejercían interrupciones del embarazo en consultas privadas. De ahí el segundo punto del artículo 19 ter: “Quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada”.
Datos de abortos en otras comunidades autónomas en 2024
Además de la Comunidad de Madrid, también se realizaron menos del 1% de abortos en Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura; en esta última no se realizó ni uno solo en todo 2024, todos fueron derivados a centros privados. Una vía que la ley permite, pero la considera “excepcional”, como informó ECD.
